El profesor asociado de Geografía en la Universidad Rovira i Virgili, Sergi Saladié i Gil, compareció ante la Comisión de Transición Ecológica del Senado español, para informar sobre el reto de una transición energética sostenible, y lo hizo en calidad de invitado por parte de Teruel Existe, a quienes quiso agradecer la oportunidad.
El experto se sirvió del ejemplo de Catalunya para radiografiar cómo ha sido en los últimos años el proceso de implantación de energías renovables en el marco de la Transición Energética, y las principales conclusiones que se extraen de esta práctica para con los territorios en los que se lleva a cabo. Un tema sobre el que Saladié ha estudiado en su tesis doctoral, como consultor para la Generalitat catalana sobre el paisaje, y en su labor de investigador recogida en dos publicaciones: “Impacto económico de las centrales eólicas sobre los presupuestos municipales en Cataluña” y “Conflicto entre paisaje y energía eólica”.
En este último aglutina las principales conclusiones de su tesis doctoral, que se centró en tratar de averiguar por qué ciertos colectivos sociales se oponen al modelo de implantación actual de energías renovables, aun cuando los mensajes que llegan desde las administraciones públicas y los promotores es que las centrales eólicas pueden repercutir en nuevos puestos de trabajo e ingresos en las arcas municipales que ayuden a superar las dificultades estructurales que tienen los territorios -en su mayoría zonas rurales- donde se instalan estas tecnologías, y “con la minusvaloración del impacto paisajístico”.
Alemania, un modelo de renovables con el 50% de generación distribuida y participación de las comunidades locales en los beneficios
Relató que en el estudio que realizó con el “Observatori del paisatge de Catalunya” para ver la una posible integración de la energía eólica con el paisaje, estudiaron cómo se había hecho en Europa y “había países que llevaban muchos más años de ventaja con un modelo más democrático, con mucho más número de agentes interviniendo en el desarrollo de estas energías renovables, más repartidas por el territorio”. Una de las conclusiones que sacaron fue que los países que tuvieron más éxito en la implantación de megavatios de renovables fueron los que aplicaron políticas que favorecían la generación distribuida y la participación de las comunidades locales.
El profesor Saladié ofreció datos sobre el despliegue del modelo de generación distribuida en Alemania en 2010, donde de los más de 50000 megavatios que tenían energía renovables instalados, el 54% del desarrollo de energía eólica y el 84% de la fotovoltaica estaba en manos de comunidades locales y particulares. Además es un modelo que aprovechaba los espacios ya alterados, el 18 % de las placas fotovoltaicas estaban sobre construcciones ya existentes y no modificaban paisajes ni espacios agrarios, y un 66% de los 15.000 MW de fotovoltaicas estaban en espacios urbanos en manos de la ciudadanía a través sociedades coparticipadas, y con inversiones a partir de 1.500 euros per cápita y utilizando espacios públicos municipales.
El modelo concentrado elige para implantarse territorios despoblados y núcleos pequeños
Saladié apuntó que desde los distintos movimientos sociales en defensa del territorio “se alertaba y se ha continuado alertando de que el proceso de despliegue de las energías renovables se está concentrando en determinados territorios, para hacer que solo estas zonas carguen con una parte importante de la transición energética, y esto produce procesos de concentración territorial, llegando a la masificación de estas tecnologías en un determinado punto”.
Así mismo, la apreciación que estos defensores del territorio hacían era que el proceso va acompañado de un cierto nivel de concentración empresarial, donde solo unas cuantas empresas llevan a cabo estas implantaciones y controlan los sistemas productivos. Algo que el propio Saladié confirmó al mostrar una gráfica donde se observaba como el 66% de la potencia eólica del Estado español está en manos de cinco grandes empresas. “Todo esto ha llevado a estos grupos a afirmar que dichas instalaciones no contribuyen al desarrollo de los territorios donde están instaladas, aún a pesar de lo que puedan decir promotores y empresas”, trasladó el profesor.
“Fundamentalmente estos movimientos sociales en defensa del territorio lo que vienen a decir es: energía renovable sí, pero de otra forma, a través de lo que se conoce como generación distribuida o descentralizada y que la gestión de esas instalaciones sea comunitaria”, sintetizó Saladié.
El despliegue masivo de renovables apenas genera empleo local y ofrece ingresos bajos
Sergi Saladié abordó también las escasas repercusiones económicas que tienen este tipo de instalaciones en los territorios en los que se implantan, basándose en los estudios de su primer libro. En los resultados vio como el promedio del porcentaje de ingresos municipales procedentes de las centrales eólicas en Catalunya supone solo un 3,4% de la facturación estimada de las empresas que las controlan. Además el profesor apuntó que de este último porcentaje, un 2% está sujeto a los impuestos obligatorios que deben pagar las empresas, y el resto (1,4%) se relaciona con los convenios que se establecen de forma bilateral entre ayuntamiento y empresa, “y que no siempre se terminan cobrando”. Informó que en el 100% de los convenios que revisó los servicios jurídicos de la Diputación de Tarragona “los consideraron de dudosa legalidad, y al no estar regulado muchos no se están cumpliendo teniendo que ir pequeños ayuntamientos a juicio contra las grandes empresas”.
En cuanto a la creación de empleo, el experto la calificó como “testimonial” y señaló que en el caso catalán la ratio de trabajadores fijos empadronados en los municipios era de 0,02 puestos de trabajo por MW instalado, lo que ni siquiera suponía un 1% sobre el total de la población ocupada. “Si hay poco impacto económico y hay nulo impacto laboral, esto se traduce en que aquellos problemas estructurales que tiene el mundo rural y que teóricamente este tipo de instalaciones venían a solucionar, vemos con datos en la mano y al cabo de unos años de poder evaluar ese modelo, que eso no se está cumpliendo”, señaló el experto.
Así mismo, el profesor ha querido mostrar que la ubicación de estos parques eólicos no es fortuita. “En Catalunya casi el 80% de las centrales eólicas están en municipios de menos de 1000 habitantes. Esto da un perfil del tipo de localidades que se prefieren por parte de los promotores, generalmente pueblos pequeños, rurales de interior, con escasa diversificación económica, con una estructura piramidal muy envejecida…”, apuntó, y en este sentido añadió que en la década 2008-2018 los municipios de Catalunya con instalaciones de centrales eólicas han perdido población.
A estos datos Saladié i Gil sumó algunos estudios recientes como el de la Universidad de Zaragoza que refleja cómo los primeros parques eólicos en Aragón no han generado empleo real en la zona ni tampoco han contribuido a paliar el descenso demográfico, u otro en el País Valencià que concluye que el 90% de los municipios con centrales eólicas han perdido población.
Saladié concluyó que existe un gran interés de grandes empresas, y también de fondos de inversión sobre todo en temas de fotovoltaica, realizando “una privatización de los beneficios y la socialización de los impactos, ejecutando estas centrales lejos de los grandes centros de consumo, generando procesos de concentración y masificación territorial”. También destacó que desde la sociedad “se perciben como proyectos que vienen apropiarse de un recurso que es de todos y que se llevan el beneficio y nos dejan poco o muy poco es la percepción general”.
Retos territoriales ¿cómo y quién debe hacer la transición energética?
Atendiendo a todos los retos que plantea el proceso de implantación de energías renovables, el profesor quiso poner sobre la mesa una serie de alternativas al modelo actual, fomentando un modelo de autosuficiencia local y de “cosecha territorial”, con el ahorro en los recibos de energéticos de electricidad y calor, además de generando ingresos complementarios con la explotación de unos “recursos territoriales propios, entendidos como una cosecha más del territorio”.
Para ello Sergio Saladié plantea el fomento de la generación distribuida consiguiendo más reequilibrio territorial, más eficiencia al generar un acercamiento a los centros consumidores, y un mayor beneficio para la sociedad y los territorios. El profesor defiende que un sistema de generación distribuida es más democrático y es más eficiente que un sistema centralizado, teniendo muchos agentes como promotores de esas instalaciones, centrales pequeñas y un equilibrio entre la producción y el consumo de cada territorio. Saladié concluyó que la sociedad y las administraciones están de acuerdo en que la descarbonización es un reto inaplazable, pero el problema es cómo debe hacerse la transición energética y quién debe ser protagonista de este cambio.
Joaquín Egea plantea la necesidad de un empoderamiento energético del medio rural
El senador de Teruel Existe, Joaquín Egea, agradeció la exposición de Sergi Saladié, el rigor de los datos reales frente a las promesas que se trasladan a los pequeños pueblos, que la Academia y la universidad contribuyan a resolver cuestiones tan complejas como la transición energética. Egea defendió que la ponencia del Senado sobre transición energética debería acordar “que el empoderamiento rural debe ser también un empoderamiento energético, que la transición hay que ver quién la hace para quién y cómo.”
Finalmente Egea ha preguntó al ponente sobre el impacto que representaría para las pequeñas poblaciones la generación distribuida. Sergio Saladié respondió que no había estudiado este tema, pero que “es evidente que las grandes empresas traen sus trabajadores de fuera, y el modelo de generación distribuida lo instalan empresas del territorio que generan puestos de trabajo estables”.
