Este martes, 3 de febrero, Zaragoza ha acogido la firma del 'Acuerdo por una Educación Pública Aragonesa de Calidad', un documento impulsado por una amplia alianza de organizaciones defensoras de la enseñanza pública que fija las líneas irrenunciables para el próximo Gobierno autonómico.
El documento ha sido promovido por FADEA, FAPAR, CSIF, CGT, CCOO, STEA-I, UGT, ANPE, ADIARAGÓN, AEDIPA y FABZ, y suscrito por casi todas las fuerzas políticas que se presentan el 8F a las elecciones a las Cortes de Aragón. Todas excepto el PP, PAR, Vox y SALF, derechas y ultraderechas.
Por parte de las organizaciones políticas han firmado Pilar Alegría (PSOE), Julia Cortés (CHA), Marta Abengoechea (IU Aragón), Pepe Paz (Movimiento Sumar), María Goikoetxea (Podemos–Alianza Verde), Concepción Ovejas (Coalición Aragonesa) y Javier Fernández (Aragón Existe).
Un compromiso explícito con la escuela pública
El documento —que se puede leer completo aquí— parte de una afirmación clara: “Solo la escuela pública está pensada para todos y todas, sin distinciones de ningún tipo, y solo ella es garante del derecho universal a la educación en condiciones de equidad”. Desde esa premisa, las organizaciones impulsoras trasladan a los partidos un marco de mínimos que consideran irrenunciable.
El acuerdo fija, entre otras medidas, un suelo de inversión educativa del 4% del PIB, con el compromiso de ejecutar al menos el 80% del presupuesto y el horizonte de alcanzar el 7% al final de la legislatura. También establece la no ampliación de conciertos educativos, el rechazo a la concertación del Bachillerato y a la privatización de la FP y del primer ciclo de Infantil, apostando por la creación de plazas públicas en todas estas etapas.
Recursos, inclusión y dignidad laboral
El texto reclama una dotación suficiente de recursos humanos y materiales, con mejoras en las condiciones laborales y retributivas del profesorado, refuerzo del personal de orientación y atención a la diversidad, aumento de plantillas de administración, conserjería y limpieza, y una ampliación y actualización de los Bancos de Libros.
En materia de inclusión, el acuerdo exige personal especializado en los centros públicos desde el 1 de septiembre, agilización de sustituciones, eliminación de barreras arquitectónicas, refuerzo de becas de comedor, transporte y material curricular, y una distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Infraestructuras, escuela rural y servicios complementarios
El decálogo incluye un Plan de Infraestructuras que contemple nuevas construcciones, finalización de obras pendientes, rehabilitación anual de edificios y adaptación de los centros al cambio climático, garantizando la calidad del aire y la seguridad.
Asimismo, se subraya la defensa de la escuela rural como eje vertebrador del territorio, con incentivos para estabilizar plantillas, transporte escolar seguro y criterios de sostenibilidad frente a los meramente económicos. El acuerdo se completa con la garantía de servicios complementarios de calidad, como comedores con cocina in situ, servicios de conciliación gratuitos y centros abiertos fuera del horario lectivo.
“Ahora solo queda cumplir lo firmado”
Las organizaciones promotoras han subrayado que, con este decálogo, “los partidos políticos firmantes se comprometen a cumplir con una serie de medidas encaminadas a la mejora, apoyo y sustento de la enseñanza pública”, fruto del trabajo conjunto del sindicalismo educativo, las familias —a través de FAPAR— y distintos sectores de la comunidad educativa aragonesa.
La firma, han señalado, es “una muestra del trabajo realizado en defensa de la enseñanza pública desde la honestidad, la lucha y el sentido común”. Y lanzan un mensaje directo a las fuerzas políticas: “Ahora solo queda que cada cual cumpla realmente con lo que firma”.
