El proyecto “Quinta Julieta”, con 1.115 viviendas y el mínimo legal de protección oficial, concentra las críticas vecinales en un contexto marcado por operaciones como la de Alumalsa, finalmente destinadas a promoción privada. Las entidades alertan de nuevos desarrollos sin vivienda pública suficiente, con riesgos sobre el terreno y sin refuerzo previo de servicios básicos en el barrio.























