Decenas de personas se han concentrado este domingo, 14 de diciembre, en los antiguos suelos de Alumalsa —frente al CDM José Garcés— convocadas por las asociaciones vecinales de San José, La Paz, Venecia Montes de Torrero y la Asociación Cultural El Cantero, junto con la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ). La protesta, bajo el lema “Ciudad en venta, barrios exprimidos”, ha servido para denunciar la venta de suelo público y las políticas municipales del Gobierno PP-Vox que favorecen la especulación inmobiliaria.
⭕ @avvsj, @AsoVecinosLaPaz, Venecia, Cantero y @barrioszgz se concentran en los terrenos de la antigua Alumalsa. Resistencia vecinal frente a la especulación del Gobierno Chueca (PP-Vox) que frustra la construcción de vivienda pública. @arainfonoticias: https://t.co/o5Ax3WCJp6 pic.twitter.com/1BPXvkhIrh
— Iker G. Izagirre (@igoiz17) December 14, 2025
“¿Qué obrero y obrera puede comprar un piso de más 300.000 euros? Eso es lo que se va a hacer aquí”, han denunciado en una concentración en la que representantes de las entidades convocantes han tomado la palabra. Principalmente han alzado la voz contra la adjudicación de los terrenos de la antigua Alumalsa (Área U36/8), propiedad municipal desde 1986, por 9,35 millones a la inmobiliaria Brial.
Estos suelos estaban comprometidos por el Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción de viviendas públicas en régimen de alquiler, un proyecto clave para frenar la escalada de los precios de los alquileres, que han subido un 19% desde junio del año pasado según datos de la Universidad de Zaragoza y portales inmobiliarios, han denunciado.
En rueda de prensa el pasado jueves, las asociaciones vecinales alertaron del impacto urbanístico de la operación: la construcción de una torre de 15 alturas y pisos con precios por encima de los 350.000 euros, en un entorno con carencias históricas de servicios públicos, como guarderías, arbolado, espacios peatonales y la reforma pendiente de la ribera sur del Canal, incluida en los presupuestos de 2021, 2022 y 2023, que aún no se ha ejecutado.
Desde las asociaciones denuncian que el Ayuntamiento del PP, ahora al mando de Natalia Chueca, vuelve a despatrimonializar recursos públicos, priorizando promociones privadas de lujo frente a las necesidades de la ciudadanía y actuando al margen de instrumentos de participación vecinal como el Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana, vigente desde 2005.
Por todo ello, y como ya hicieran en el pasado 'Abrazo al Roble' y ahora con esta nueva concentración, llaman a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones para exigir que el patrimonio público sirva a los barrios y no a los intereses de constructoras y especuladores. Asimismo, han denunciado otro pelotazo, el de Instalaza, y han exigido una reunión urgente con Víctor Serrano, concejal de Urbanismo del Gobierno Chueca.
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