El Gobierno de Natalia Chueca y Vox ha vuelto a sacar adelante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana diseñada a medida de un gran proyecto inmobiliario privado junto a La Romareda. Este lunes, el Consejo de Gerencia de Urbanismo ha aprobado inicialmente —con los votos del PP, de la formación ultraderechista y de la concejala no adscrita— el cambio de calificación de los terrenos del antiguo convento de San Juan de Jerusalén, en el Paseo Isabel la Católica, para permitir la construcción de 220 viviendas privadas y de lujo, además de dos residencias. El expediente avanza con el rechazo de PSOE y ZeC.
La operación, bautizada como “Living Romareda”, ha sido promovida por la mercantil Enta Properties, firma vinculada al grupo inversor aragonés Bancalé y propiedad del empresario Juan Fabre. El proyecto prevé transformar una parcela actualmente destinada a equipamientos en un gran desarrollo residencial y terciario con 23.850 metros cuadrados edificables, incluyendo viviendas destinadas a venta y alquiler, una residencia para personas mayores y otra sanitaria.
El Ayuntamiento calcula ingresar alrededor de 22 millones de euros en aprovechamientos urbanísticos gracias a la recalificación del suelo. El Gobierno PP, con el apoyo de Vox, sostiene que esos ingresos servirán para impulsar vivienda en Zaragoza, aunque la oposición cuestiona frontalmente esa versión y denuncia una nueva operación de “urbanismo a la carta” al servicio de intereses privados.
El calendario de la operación tampoco es casual. Según los planes municipales, todo el ámbito del antiguo convento de Jerusalén deberá estar completamente transformado en 2030, el mismo horizonte temporal marcado por el Mundial de fútbol que PP y Vox utilizan como principal argumento político para acelerar la remodelación integral del entorno de La Romareda. En la parte residencial se levantará una torre de 15 plantas y otros dos bloques de doce y siete alturas, consolidando un nuevo gran desarrollo inmobiliario junto al estadio.
Un nuevo “pelotazo” ligado al agujero de La Romareda
Desde Zaragoza en Común relacionan directamente esta operación con el creciente agujero económico de La Nueva Romareda, después del demoledor informe de la Cámara de Cuentas conocido hace unos días.
El portavoz municipalista Suso Domínguez denuncia que “lo del convento de Jerusalén es otro ejemplo de urbanismo a la carta del Gobierno de Chueca”. A su juicio, el Ayuntamiento vuelve a “renunciar a equipamientos y zonas verdes” mientras promete destinar los beneficios urbanísticos a vivienda pública pese a que, según recuerda, eso no está ocurriendo en la práctica.
“Nos dicen que esos 22 millones se invertirán en vivienda, pero la realidad con toda seguridad será otra bien diferente porque irán a pagar el agujero sin fondo que es La Romareda, como hasta ahora en una práctica habitual de este Gobierno”, critica ZeC.
La formación recuerda además que, de los 43 millones de aprovechamientos urbanísticos recogidos en los últimos presupuestos municipales, únicamente tres millones terminaron destinados realmente a inversión en vivienda. “No podemos sino desconfiar totalmente del destino final de esos 22 millones. Es un pelotazo en dos fases”, resume Domínguez.
Urbanismo “subordinado al negocio privado”
El PSOE también ha votado en contra de la modificación del PGOU. La concejala socialista Ros Cihuelo ha criticado “el oscurantismo y la falta de transparencia” del Gobierno de Natalia Chueca, al que acusa de estar “más interesado en los negocios y los intereses privados que en resolver los problemas reales de los zaragozanos”.
Aunque el PSOE reconoce la necesidad de construir vivienda, cuestiona el modelo elegido por el PP. “Hay que hacer vivienda, pero no de cualquier forma”, sostiene Cihuelo, que reclama priorizar vivienda pública y asequible frente a operaciones inmobiliarias orientadas al beneficio privado.
Para los socialistas, el problema de fondo es que el PP vuelve a modificar el PGOU “adaptando el planeamiento urbano a las necesidades de un promotor concreto” en lugar de responder a una planificación estratégica pensada para el conjunto de la ciudad. “No es un proyecto de ciudad, es un expediente inmobiliario”, resume la edil.
El pleno exige transparencia total sobre La Nueva Romareda
La polémica llega además en plena tormenta política alrededor de La Nueva Romareda. En el maratoniano y bronco pleno municipal del jueves salió adelante una iniciativa de Zaragoza en Común para exigir “máxima transparencia” y colaboración institucional en el proceso de fiscalización de la sociedad Nueva Romareda SL.
La propuesta, aprobada solo con el voto en contra del PP, insta tanto al Gobierno municipal (Natalia Chueca) como al Gobierno de Aragón (Jorge Azcón) a entregar “de manera íntegra y sin restricciones” toda la documentación requerida por la Cámara de Cuentas para elaborar los informes sobre la gestión económica, financiera y operativa del proyecto.
La moción reclama además que la propia sociedad Nueva Romareda SL colabore plenamente no solo en el actual proceso fiscalizador, sino también en futuras actuaciones de control que puedan desarrollar los órganos competentes.
Desde Zaragoza en Común valoran el acuerdo como un paso necesario para garantizar “el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se están tomando las decisiones y gestionando los fondos públicos” vinculados al estadio. “La fiscalización y el control público son herramientas imprescindibles para asegurar una gestión responsable, transparente y sometida al interés general”, defienden.
En el mismo pleno de este jueves, PP y Vox aprobaron además otra modificación del PGOU para ampliar usos comerciales en zonas industriales y “blindar” Torre Outlet, un centro comercial declarado ilegal hasta en cuatro ocasiones por los tribunales. La modificación busca regularizar definitivamente el recinto pese a las denuncias sostenidas durante años por entidades vecinales y sociales.
La oposición y distintos colectivos sitúan esta nueva recalificación, junto a otras operaciones recientes como el frustrado proyecto del nuevo Parque de Atracciones, el “pelotazo” urbanístico de Alumalsa —donde el Ayuntamiento acaba de sacar también a subasta el último suelo público disponible para seguir levantando vivienda libre— o las de Vía Hispanidad y Parque Venecia, Rosales del Canal y Arcosur, vinculada a la financiación de La Nueva Romareda. Todas responden a un mismo patrón: modificar el planeamiento urbano en beneficio de grandes operaciones privadas mientras se reducen equipamientos, vivienda pública y capacidad de decisión vecinal.
Un anuncio hecho a medios elegidos “a dedo”
El proyecto inmobiliario junto a La Romareda fue presentado este miércoles por el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ante un grupo reducido de medios elegidos por el Ayuntamiento, entre los que no se encontraba AraInfo. Este Diario Libre d’Aragón continúa vetado por el Gobierno municipal desde la llegada de PP y Vox a la alcaldía en 2019 con Jorge Azcón.
