Un obelisco en el barrio de San José. Así describe el informe técnico la torre de 15 plantas que el Gobierno municipal de Natalia Chueca (PP y Vox) quiere construir en los antiguos suelos de Alumalsa, junto al CDM José Garcés. Una operación urbanística, aprobada en pleno verano, que sustituye las promesas de vivienda pública por pisos de lujo y retórica barroca. El movimiento vecinal denuncia la venta de suelo que debía destinarse a alquiler social y la oposición —Zaragoza en Común y PSOE— acusa al Ayuntamiento de mentir, especular y expulsar a las familias de los barrios populares.
La torre se levanta ya, por ahora, sobre el papel. Pero su sombra —política, simbólica y social— alcanza todo el barrio de San José. En su informe, el Ayuntamiento no escatima metáforas: “Esta torre ha de cumplir una función parecida a la que tuvieron los obeliscos de Sixto V en la Roma barroca”. Alta, esbelta, visible desde el tercer cinturón y el puente de América, este icono urbano busca, según el relato institucional, “regenerar un entorno olvidado”.
Pero el mismo informe se cura en salud: “No puede ocultarse que el valor paisajístico e icónico perseguido […] encierra el riesgo de que, si su futuro proyecto arquitectónico no estuviera a la altura de las circunstancias, el resultado fuera estridente o desafortunado”. A falta de Roma, Zaragoza podría acabar sumando un nuevo monumento al urbanismo fallido. La particular torre de Babel de Chueca, un homenaje a su soberbia.
Mientras tanto, las cifras hablan claro: 106 pisos con precios por encima de los 350.000 euros, y una venta que aportará 7,2 millones a las arcas municipales. Todo ello en un lote de dos parcelas públicas —la 4A, en calle Neptuno, 62 viviendas y un valor de 4,47 millones de euros; y la 4B, en calle Santa Gema, otras 44 viviendas valoradas en 2,7 millones— que, desde hace más de tres décadas, estaban destinadas a vivienda social, equipamientos y espacio público.
“No a la venta del suelo de Alumalsa para vivienda libre”, ha expresado con rotundidad la Asociación Vecinal San José. Recuerdan que ya en 2021 se movilizaron hasta frenar una iniciativa similar y han anunciado su total oposición a esta medida “tomada de espaldas a la ciudadanía, con una oscura maniobra que pilla a todo el mundo a contrapié y que va en contra de las necesidades sociales del barrio”. Hoy, denuncian la falta de participación y exigen recuperar el Plan de Barrio, que preveía la construcción de vivienda pública en alquiler y el acondicionamiento de la orilla izquierda del Canal.
Tomás (ZeC): “El suelo público es para garantizar derechos, no para inflar beneficios privados”
Zaragoza en Común ha calificado el proyecto de “nuevo pelotazo” que “solo servirá para ahondar en la especulación urbanística” y ha recordado que el propio concejal de Urbanismo Víctor Serrano se comprometió en 2022 a no vender estos suelos para promoción privada. “El suelo público es para garantizar derechos, no para inflar beneficios privados”, afirmó Elena Tomás, portavoz de ZeC, tras la reunión que mantuvo el pasado jueves con representantes de la Asociación Vecinal San José.
Para el concejal Suso Domínguez esta operación es “un auténtico disparate” que “nada tiene que ver con las necesidades de los vecinos y vecinas, ni con la regeneración del barrio ni del Canal”. “El objetivo de este proyecto, con el que el Gobierno del PP pretende recaudar 7,2 millones alegando su necesidad para financiar sus proyectos, choca frontalmente con la condonación, vía bonificaciones, de cantidades millonarias a Quirón, Costco o a La Nueva Romareda”, ha añadido el edil de ZeC.
Además, Domínguez ha denunciado la falta de necesidad económica para justificar esta operación: “Tenemos el mayor presupuesto de la historia del Ayuntamiento, más de 1.300 millones de euros. ¿Para qué se vende suelo público si no es para beneficiar a unos pocos?”.
Así, ha criticado que ya se haya convertido en “habitual” que el Gobierno de Natalia Chueca aproveche los últimos días del curso político para, “ya sin comisiones, con agosticidad y con un pleno de mero trámite, meter de rondón medidas de hondo calado que van a impactar sobre la vivienda y el suelo público”. En este sentido, Domínguez ha recordado que el pasado curso, los grupos municipales se encontraron con las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana para Jesús y María, la calle Lagasca, o la Huerta de Movera.
Domínguez (ZeC): “Un auténtico disparate que nada tiene que ver con las necesidades de los vecinos y vecinas”
Desde Zaragoza en Común han recordado que el gobierno del PP ha planificado la venta de 67 millones de euros en suelo público destinado principalmente a la promoción de viviendas de lujo, “alejado de toda realidad”. Este “urbanismo a la carta”, ha denunciado Domínguez, se ha producido, también en Vía Hispanidad, con un proceso de recalificación “realizado con una total oposición vecinal”, que incluye “la destrucción de espacios públicos y su entrega a promotores privados para la construcción de viviendas de lujo”, y que “va servir para pagar la Nueva Romareda”.
“Lo mismo ha ocurrido con la construcción de chalets de lujo en Montecanal; y en Rosales del Canal, donde se eliminan los suelos para equipamientos que necesita el barrio, hipotecando su desarrollo futuro”, ha recalcado Domínguez. Zaragoza en Común también ha recordado lo ocurrido en el Portillo, “convertido en otra operación de especulación para construir viviendas de lujo”, en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad y con menos servicios.
Ranera (PSOE): “Natalia Chueca está vendiendo Zaragoza a pedazos”
Desde el PSOE, la portavoz Lola Ranera ha hablado de “una nueva mentira” de Natalia Chueca. “Existía un compromiso con el vecindario y se ha roto. Este solar debía acoger vivienda pública. Ahora servirá para expulsar a la gente del barrio y encarecer aún más el mercado inmobiliario”. Ranera ha exigido la paralización inmediata de la venta y ha acusado al gobierno municipal de estar “vendiendo Zaragoza a pedazos”.
Un ejemplo de urbanismo especulador
A las voces críticas se han sumado también colectivos vecinales y ecologistas de los barrios vecinos, como Torrero. La Asociación Cultural El Cantero, la Asociación Vecinal Venecia-Montes de Torrero y ANSAR han mostrado su solidaridad con el vecindario de San José y han calificado la operación como un ejemplo de ”urbanismo especulador” y de ”destrucción del territorio y el paisaje”.
Estas organizaciones denuncian que el proyecto rompe con todos los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento: no habrá viviendas públicas para jóvenes, no se retranquearán los viales del Canal para crear un paseo arbolado, y se duplicará la altura media del barrio con una torre que consideran “fuera de toda lógica urbana”. También alertan de que “no existe participación ciudadana real” y que, tras múltiples intentos de diálogo con el consejero de Urbanismo, “la respuesta ha sido siempre el silencio”.
Los colectivos recuerdan que existe un estudio financiado con fondos públicos para ordenar urbanísticamente la zona del Canal, pero que nunca ha sido hecho público por el Gobierno municipal, posiblemente porque sus propuestas “no gustaban”. Mientras tanto, critican que se paralizan viviendas sociales en lugares como las Terrazas de Cuéllar o Pignatelli y se priorizan proyectos como La Romareda, el Huerva o los eventos de ciudad-espectáculo “a los que la alcaldesa Chueca nos tiene acostumbrados”.
“Ahora vienen con la construcción en barriadas más empobrecidas, donde vender viviendas a precios desorbitados impedirá su disponibilidad para las rentas de los vecinos y vecinas de San José y Torrero”, denuncian. Para estos colectivos, los fines que se plantean no son los del tejido vecinal ya que en su opinión esto es “especulación pura y dura”.
“No queremos iconos de 15 plantas ni operaciones de caja con suelo público en barrios empobrecidos”, concluyen, reclamando la paralización del proyecto y la activación urgente de un plan integral para el Canal —como vienen haciendo año tras año con la Bajada del Canal—, con vivienda pública de alquiler y regeneración urbana real.
Símbolo de un modelo de ciudad fallido
La torre aún no se ha construido, pero ya deja huella: como símbolo de un modelo de ciudad fallido. Un modelo que desprecia el derecho a la vivienda digna y glorifica los intereses privados. El tejido vecinal de San José no ve obeliscos romanos ni hitos paisajísticos. Ve una nueva agresión disfrazada de regeneración.
Y una certeza: si no se detiene este proyecto, que seguro tendrá más capítulos, San José se convertirá en escaparate de una Zaragoza cada vez más excluyente. Porque cuando el suelo público se convierte en negocio privado, los barrios pierden futuro. Y frente a los “iconos” especulativos de 15 plantas, se alzan otras formas de construir ciudad: desde abajo, con justicia social, participación real y derecho a quedarse.
