Desde las propuestas que hacía la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) en 2014 hasta el momento actual, han ocurrido muchos acontecimientos en lo tocante a la gestión del agua. “El agua es sensible a los vaivenes de las banalidades políticas y parece que no es fácil que los representantes públicos prioricen la gestión por encima de las demandas partidistas”, señalan desde la Red.
“Hemos tenido un Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) que ha evolucionado desde la supremacía del negocio privado hacia un modelo algo menos evidente que sin embargo no acaba de cuajar ni siquiera en su ordenamiento normativo. No hay nada más que ver la tardanza en la actualización de este Plan”, destacan.
También recuerdan que “hemos visto crear y cambiar de nombre impuestos llamados, desde una supuesta e impuesta solidaridad territorial, a financiar la depuración de Aragón que sin embargo parece que se debería renovar para resolver los problemas de diseño” que se pusieron de manifiesto desde la RAPA “y que está muy lejos de ser una herramienta de financiación adecuada. Casetas es ejemplo de ello”.
En lo que respecta a la depuradora de la Cartuja, desde la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), señalan que desde el inicio de publicación de su web “no se puede valorar positivamente su gestión desde el Ayuntamiento de Zaragoza. La prorroga del contrato de concesión es un caso de procrastinación administrativa bajo el criterio de que el tiempo pasa y la memoria es efímera”.
“No hay duda de que existe una tensión entre modelos de gestión del agua de nuestras ciudades y Zaragoza no es una excepción. La conversión de los servicios públicos en negocio, sea en la sanidad, la enseñanza o, como en nuestro caso el agua y el saneamiento, es una tendencia que no debería de pasar de largo para la población”, recalcan.
En nuestro país vecino, Catalunya, la Red de Agua Pública (RAP) reivindica y apoya “a la empresa Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (TAIGUA) oponiéndose al Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) que pretende descalificar la gestión pública del agua en Terrassa”, explican desde la RAPA, y añaden que “pone en cuestión el estudio de OSUR por considerarlo sesgado debido a sus posicionamientos declarados y constatables a favor de la privatización y en contra de la remunicipalización”.
“Sin duda es necesaria una reflexión, en Catalunya, Aragón y todo el estado, por parte de la ciudadanía. Parece que en los últimos tiempos se le ha reservado el papel de espectadora pasiva en un espectáculo de baja calidad ética en los social y en lo político con repercusión en los derechos esperables en un sistema de libertades. Cada vez más es necesario combatir el ruido que aturde la actualidad y sembrar la esperanza”, concluyen desde la RAPA.
Publicado en Marea Azul de Aragón.
