El lunes Pedro Sánchez llevaba a cabo una promesa controvertida en el debate de campaña a cinco que retransmitían distintas televisiones estatales. Si ganaba las elecciones haría que Carles Puigdemont regresara al territorio estatal para ser juzgado por tribunales españoles. Esta medida que el candidato del PSOE no lleva en su programa electoral, chocaba de lleno con los límites de la pretendida neutralidad de la justicia estatal independiente de las presiones políticas. Por ello, Carles Puigdemont desde Bruselas respondía rápidamente a Sánchez afirmando que solo existían dos formas de “traerlo a España”: intercediendo en la justicia o secuestrándolo. El president de la Generalitat era una de las muchas personas que veía deleznable la propuesta de Sánchez.
Ante el alud de críticas, el candidato del PSOE intentaba aclarar su posición afirmando en una entrevista en RNE este miércoles que la Fiscalía General del Estado español depende del Gobierno y que por lo tanto el ejecutivo podía presionarla para que interpusiera una querella contra Puigdemont para que regresara al Estado español. Era entonces la Asociación de Fiscales quien criticaba las declaraciones de Sánchez afirmando que “la Fiscalía no cumple órdenes del Gobierno y lamenta el desconocimiento de las funciones conferidas al Ministerio Fiscal por parte de quien hace tales manifestaciones, que no se ajustan a la realidad y generan en la ciudadanía una confusión inaceptable”.
A las críticas se sumaban la Unión Progresista de Fiscales aseverando que “el Ministerio es autónomo del Gobierno, de cualquier Gobierno y este no puede dar órdenes al fiscal general”. En el ámbito de la justicia, la última crítica era la de la Fiscalía del Supremo: “todas las actuaciones desarrolladas por los fiscales en la causa especial del procés , como el resto de las que realizan a diario los fiscales, se han producido en el ámbito de la autonomía funcional del ministerio fiscal y con sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad”.
Las criticas de los partidos políticos tampoco se hacían esperar. Desde ERC hasta el propio PP consideraban muy desafortunadas las palabras de Sánchez. Los primeros de igual modo que lo consideraba Pablo Iglesias afirmando que el presidente en funciones había “reventado” la separación de poderes, y los segundos señalando que si el Gobierno controla la Fiscalía, no se entiende porque “no actúa ya contra Torra”.
No es la primera vez que un gobierno español presiona a la Fiscalía para que esta actúe contra el independentismo. Ya en 2014 el ejecutivo de Mariano Rajoy consiguió que el Ministerio acelerara la querella contra Artur Mas por la celebración de la consulta del 9-N con el consiguiente malestar de los poderes judiciales. A diferencia de esa ocasión, las actuales presiones resultan más evidentes y torticeras, pues es el propio Sánchez quien defiende en los medios de comunicación la nula separación de poderes en el Estado español.
Al PSOE se le atraganta la campaña electoral en Catalunya
Parece pues que el endurecimiento del discurso contra el independentismo promovido por Pedro Sánchez para intentar arañar votos de Ciudadanos o el PP, le está causando a su partido numerosos dolores de cabeza. La reedición de las elecciones supuestamente ideada por Iván Redondo, se está haciendo larga para el partido ganador de los últimos comicios.
Se pone de manifestó así, que la sentencia del procés ha sido un catalizador que ha conseguido quitar las caretas de los partidos expresando perfectamente su esencia ideológica.
Resulta ejemplar otra noticia sucedida la semana pasada. El miércoles aparecía el borrador del programa electoral del PSOE sin ninguna mención al federalismo. Dicha teoría política había sido avalada en la Declaración de Granada y refutada en la Declaración de Barcelona del PSOE. Ante ese primer borrador, las críticas internas, sobre todo desde el PSC, fueron importantes, y el PSOE tuvo que volver a incluir el federalismo en su programa.
El embiste del PSOE contra el independentismo da alas a JxCAT
Con la presentación de la candidatura de la CUP en los comicios electorales, parecía que JxCAT quedaba arrinconada entre el pragmatismo de ERC y la desobediencia de la formación independentista. Con todo, gracias a Pedro Sánchez y su anuncio de deportación de Carles Puigdemont, la postconvergencia se ha situada en el centro del debate electoral en estas últimas horas de campaña.
No es el único elemento que está avivando el voto para JxCAT. La justicia española ha sufrido un nuevo revés en Europa, en este caso en el Reino Unido, tras enviar una euroorden de extradición contra la exconsellera Clara Ponsatí. El abogado británico de la Agencia Nacional contra la Delincuencia que ha revisado la euroorden enviada por Pablo Llarena ha determinado que es “desproporcionada con arreglo a la legislación del Reino Unido”.
El independentismo civil se prepara para su semana más intensa
El 9 de noviembre, día previo a las elecciones, desde Tsunami Democràtic se ha planteado una acción de protesta que quiere “hacer reflexionar al estado” después de la sentencia contra las y los líderes independentistas. Desobedeciendo a la Junta Electoral, esta plataforma soberanista que agrupa en Telegram a casi 400.000 personas ha movilizado a la ciudadanía para que acuda a las plazas de Catalunya entre las 16 y las 22 h del sábado.
Actualmente hay actividades programadas en las principales ciudades del país y en el caso de Barcelona, se llevaran a cabo distintos actos culturales en plaça Catalunya.
Será a partir del lunes cuando empiecen tres días de intensas movilizaciones desde Tsunami Democràtic de las que poco se conoce. Con todo, se espera que estas acciones de los días 11, 12 y 13 de noviembre se parezcan a las ocurridas un mes antes como la paralización del aeropuerto de Barcelona.
