Monumental enfado de los y las pensionistas aragonesas “por el comportamiento de los partidos políticos” rechazando el “decreto omnibus”

Organizadas en COESPE Aragón, los y las pensionistas aragonesas asisten “desconcertadas y encolerizadas ante el comportamiento de los grupos y partidos políticos en el Parlamento del Estado”, este pasado 22 de enero, rechazando el “decreto omnibus” que incluía “el aumento de las pensiones no contributivas y mínimas”

(Archivo) Movilización del movimiento pensionista

Desde COESPE Aragón recuerdan que este pasado miércoles 22 de enero, se presentaron tres Decretos Ley para su discusión y aprobación “muy importantes para toda la ciudadanía”, destacando en particular, el Real Decreto-ley 9/2024, también conocido como “decreto omnibus”, que fue rechazado por los votos en contra del PP, Vox y Junts, con 171 a favor, 177 votos en contra y una abstención.

Destacan que las medidas que decaen con el rechazo de este decreto son entre otras: la moratoria de desahucios y de cortes de suministros para familias vulnerables del ‘escudo social’, los descuentos en el transporte y en el bono social eléctrico, la revalorización de las pensiones contributivas, el aumento de las pensiones no contributivas y mínimas y las ayudas a las personas damnificadas por la Dana y el volcán de La Palma.

Asimismo, el Decreto Ley 10/2024, para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el 2025, también fue rechazado, en este caso por el PP, Vox, Junts, el PNV y UPN, sumando sus votos, con 165 a favor, 183 votos en contra y una abstención.

“La votación de este pasado miércoles en el Congreso sobre pensiones, Decreto ley 11/2024, del 23 de diciembre, choca con el relato de un PSOE que lidera un gobierno progresista enfrentado a un PP retrógrado, trumpista y neoliberal: ambos partidos con el apoyo de Sumar, PNV, ERC, Coalición Canaria y UPN, con 298 a favor y 51 votos en contra, hicieron posible la aprobación de una reforma del sistema público de pensiones para permitir que se pueda ampliar voluntariamente la edad de jubilación hasta los 72 años. Los grandes sindicatos y las patronales CEOE y Cepyme han dado su visto bueno a este pacto que permite ‘compatibilizar’ empleo y jubilación”, enfatizan desde COESPE Aragón.

Observando estos resultado “que atacan directamente a las clases más desfavorecidas del Estado español, abocándolas, cada día más, a la exclusión social y la pobreza y protegiendo las ganancias desmedidas y pornográficas de las grandes eléctricas. ¿Dónde queda el sentido que se recoge en la Constitución española?: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, se preguntan con indignación.

“El gobierno y los partidos que lo apoyan también son responsables, no solo de haber cedido a la presión de los financieros, llegando a acuerdos que degradan el carácter público de las pensiones, fuerzan a prorrogar los años de trabajo y reconducen parte de los ingresos de la Seguridad Social al sector privado, sino que en lugar de dar una explicación y una forma clara de votación, han tratado de mezclar diversos temas en una sola propuesta y han contribuido a generar confusión, que los sectores más neoliberales han aprovechado para imponer una reducción de las pensiones y los derechos”, enfatizan desde la entidad de pensionistas.

Por todo ello, COESPE Aragón, junto a la Coordinadora estatal y la Unidad de Acción de Movimiento Pensionista emplazan “al gobierno y al Parlamento a corregir esta situación antes del 20 febrero, momento en que se cerraran las nóminas de las pensiones de marzo, y en caso contrario, llamamos a levantar una movilización estatal de pensionistas, estudiantes y trabajadoras el sábado 22 febrero en todo el Estado, en defensa del sistema público de pensiones”.

“Ante los ataques organizados desde fondos financieros, grades monopolios y empresarios, con la complicidad de dirigentes sindicales y partidos políticos, nosotras en COESPE decimos unidad, organización y lucha en las calles porque: gobierne quien gobierne los servicios públicos, los derechos y las pensiones públicas se defienden”, concluyen.

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