La derrota de la denominada "ley ómnibus" en el Congreso tendrá duras consecuencias para la mayoría social y, sobre todo, para los sectores más vulnerables de la misma. Por "ómnibus" se entiende aquellas iniciativas que recogen muchas y muy distintas medidas, hasta 80, con el objetivo de una aprobación rápida y conjunta. Una estrategia que ha repetido el gobierno de Pedro Sánchez en diversas ocasiones, y que este miércoles se ha estrellado en la Cámara Baja frente a la mayoría que han representado los votos de PP, Vox y Junts.
¿Error de cálculo? o ¿derrota esperada? Son preguntas que ahora resonarán a la vista de las consecuencias del juego parlamentario. Todo se quedaría en un debate sin mucha trascendencia, más allá de las tertulias mediáticas, que pendularía entre la falta de escrúpulos de la derecha o sobre el victimismo buscado por el gobierno, de no ser por la implicaciones sociales y económicas de la derrota parlamentaria.
Al caer este iniciativa gubernamental desaparecen, como mínimo hasta una próxima nueva tramitación, la moratoria de desahucios y la prohibición de los cortes de suministros que eran parte de lo que pomposamente se denominó el "escudo social". También decaen los descuentos del transporte público, así como el denominado ‘bono social’ eléctrico. También ha quedado en suspensión un paquete de ayudas para resarcir las consecuencias de la DANA o una medida de vital importancia, y gran alcance social, como es la revalorización de las pensiones. También queda aparcada la subida del Ingreso Mínimo Vital.
De igual forma, ha caído otra norma sometida a votación, en este caso sumando al "bloque del no" al PNV, que pretendía sostener los impuestos a los beneficios extraordinarios de las multinacionales eléctricas en el Estado español.
"Si gobiernan, acaban con todo"
"Cuando haya 12 millones de pensionistas que no tengan aumento en su pensión, que recuerden que es por el PP y la compañía de otros. Y cuando a la gente mañana le suba el transporte público, que recuerde que es por el PP, en compañía de otros", ha sostenido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida y Sumar, ha afirmado que "PP, Vox y Junts tumban la subida de pensiones, las ayudas al transporte, la prórroga del SMI y la prohibición de desahucios a arrendatarios vulnerables. Desprecian a pensionistas, jóvenes, trabajadores y a los colectivos más vulnerables". Añadiendo que "si gobiernan, acaban con todo".
"Las consecuencias de permitir que la derecha mande aunque no gobierne son desastrosas para la gente. Qué tristeza, qué rabia que caiga el escudo social, que incluye la suspensión de miles de desahucios y las ayudas al transporte, y que tanto nos costó conseguir", escribía Ione Belarra, secretaria general de Podemos, en sus perfiles en la red.
Por su parte, Oskar Matute ha realizado en redes sociales una referencia expresa a la caída del llamado "impuesto a las eléctricas". "Frente a excusas y bulos, datos y certezas: PNV, Junts, PP y Vox tumban el gravamen a las energéticas y perdonan dinero a quien más tiene siguiendo el dictado de Repsol" ha sostenido el diputado de EH Bildu.
El nacionalismo de derechas y su unidad de clase
Más allá del juego parlamentario e institucional, en el que parece que cada cual representa un papel ya escrito con anterioridad, el acontecimiento demuestra el compromiso de la derecha con los intereses de "sus representados". Aunque lo ocurrido con la "ley ómnibus" parecía un guion escrito para que cada cual contente a los suyos, también supone una declaración de intenciones de cada grupo representado en el Congreso.
El nacionalismo de derechas, ya sea el español, el catalán, el vasco o el aragonés nunca ha tenido problema en unirse para defender los privilegios de la clase social que representan. En Aragón, en el Estado español o en Europa votan habitualmente de manera conjunta para sostener los intereses de las élites capitalistas y las desigualdades crecientes. En definitiva para mantener intactas, o incluso ampliar, las paguitas para las gentes de orden los ricos, los poderosos y los amos del cortijo. En definitiva muestran una unidad de clase que ya gustaría divisar en quiénes están llamados y llamadas a representar a la mayoría social.
Como buena religión, el nacionalismo de derechas nunca ha visto contradicción en aparcar, momentáneamente, sus reivindicaciones nacionales si esto supone rebajas de impuestos, subvenciones a empresas o facilidades para el desvío de fondos públicos a los bolsillos de las grandes empresas, eso que se denomina colaboración público-privada en liberalés oriental.
"Aragón dejará de ingresar 335 millones"
Según cifras facilitadas por el ejecutivo español, Aragón dejaría de ingresar 335 millones de euros en entregas a cuenta, destinados a mejorar los servicios públicos, como la Sanidad, Educación o Dependencia.
"El veto del PP a la revalorización de las pensiones provoca una pérdida de poder adquisitivo de 552 euros en 2025 para los más de 286.000 jubilados en Aragón", ha trasladado la Delegación del Gobierno español. Que añade que "cada beneficiario del Ingreso Mínimo Vital en Aragón dejarán de percibir 527 euros en 2025" al no aprobarse la subida de esta prestación.
Respecto al transporte público aragonés ha sostenido que las personas usuarias "dejarán de beneficiarse de los 16,1 millones de euros destinados a bonificar el transporte en la región; así como de los más de 681 millones dirigidos a la gratuidad y descuentos de Renfe y autobuses estatales, y a mejorar la calidad del transporte público en toda la Península".
