El Grupo Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para rechazar el proyecto de la Línea de Muy Alta Tensión (MAT) Escatrón–Els Aubals–La Secuita y exigir al Gobierno español la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) integrado que evalúe de forma conjunta toda la infraestructura y sus efectos acumulativos.
La iniciativa, promovida por CHA y Comuns, denuncia que el proyecto ha sido fragmentado artificialmente en siete expedientes administrativos, lo que ha impedido —según sostienen— una evaluación ambiental completa, coherente y ajustada a la realidad, tal y como exige la legislación vigente y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El texto registrado insta al Gobierno español a realizar un nuevo estudio ambiental que incluya el análisis de los impactos acumulativos y sinérgicos de toda la infraestructura, así como un estudio comparado de alternativas reales, incluyendo la alternativa cero, posibles variaciones de trazado, microtrazados, soterramientos parciales en tramos críticos y alternativas de sistema como la optimización de la red existente o el almacenamiento energético.
Además, la proposición reclama reforzar las garantías de participación pública y transparencia, facilitando información accesible y estableciendo mecanismos de seguimiento y gobernanza con los municipios afectados y otros agentes del territorio antes de adoptar decisiones irreversibles.
Una infraestructura de 181 kilómetros y 3.000 MW
El proyecto de MAT, con una longitud aproximada de 181 kilómetros y una capacidad de evacuación estimada en 3.000 megavatios, pretende transportar energía generada en Aragón hacia el polo petroquímico de Tarragona, en un contexto marcado por la previsión de cierre de los reactores nucleares de Ascó I, Ascó II y Vandellós II.
Según recogen los grupos impulsores, la infraestructura supone una “grave afección territorial, ambiental, social y paisajística” para Aragón, especialmente en municipios como Escatrón, Sástago, Chiprana, Caspe, Maella, Massaliò, Calaceit, Samper de Calanda y Castelnou, en comarcas de alto valor agrícola, ambiental y patrimonial. También afectaría a 28 municipios de la provincia de Tarragona y a unas 1.300 personas propietarias de fincas.
Desde el punto de vista técnico, subrayan que se trata de una única infraestructura concebida como un “eje” unitario, recogido como tal en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 2021–2026, con partes claramente interdependientes, lo que refuerza —según sostienen— la obligación de una evaluación ambiental global. Además, advierten de que el trazado afecta a espacios incluidos en la Red Natura 2000, lo que exige una evaluación integrada conforme a la Directiva Hábitats.
Críticas al modelo energético y a la “sobreocupación” del territorio
El presidente de CHA, Jorge Pueyo, ha defendido que la transición energética “es necesaria y urgente”, pero ha advertido de que debe realizarse con criterios de “racionalidad territorial, proximidad entre generación y consumo” y con evaluaciones integrales que analicen el conjunto del proyecto y sus ramificaciones.
En este sentido, ha denunciado que la proliferación de macroparques eólicos y fotovoltaicos junto a sus infraestructuras de evacuación está generando una “sobreocupación de comarcas enteras”, con impactos sobre la biodiversidad, los paisajes agrarios, zonas de alto valor ecológico y espacios protegidos como la Red Natura 2000 y las ZEPA.
Asimismo, ha criticado que este modelo energético carece de una planificación pública integral que garantice equilibrio territorial, participación ciudadana y retorno socioeconómico local, y ha alertado de que muchos de estos proyectos se tramitan de forma fragmentada, impidiendo evaluar sus efectos acumulativos.
Con esta iniciativa, los grupos impulsores buscan abrir el debate parlamentario sobre el proyecto y forzar una revisión en profundidad antes de que se adopten decisiones irreversibles sobre una infraestructura que ha generado una creciente preocupación social e institucional en los territorios afectados.
