Ambas entidades denuncian que la operación, firmada el 28 de agosto, incluye las centrales eólicas del llamado Clúster Begues y del Clúster Matarranya, cuyos proyectos perdieron validez tras caducar sus permisos y ser archivados por el Ministerio de Transición Ecológica.
En la reciente comunicación de la compra por parte de la multinacional extractivista Repsol de varios proyectos de renovables a Forestalia para alimentar el centro de datos que la energética proyecta en el entorno de Escatrón -Ribera Baja del Ebro-, “no se ha detallado públicamente qué centrales eólicas forman parte de la operación. Este modus operandi vuelve a poner de manifiesto la opacidad habitual de la industria energética en proyectos de gran envergadura” alertan conjuntamente desde la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel y la Asociación Gent del Matarranya.
Viendo el dinero pasar de largo
Es nuestra tierra, son nuestros paisajes y la riqueza común, pero en Aragón vemos como propios y foranos se hacen (aún más) ricos a costa de sacrificar el futuro del país.
Tras consultar registros mercantiles y fuentes oficiales “se puede confirmar que los proyectos adquiridos el pasado 28 de agosto pertenecen a dos grupos bien conocidos: los incluidos en el Clúster Begues, denominado así por la subestación barcelonesa a la que se pretendía evacuar la energía, situada a más de 285 kilómetros de los municipios donde se proyectaban los aerogeneradores, y los parques del Clúster Matarranya, un conjunto de seis instalaciones ubicadas en el entorno de la comarca del este de Teruel. En total, dieciséis proyectos eólicos habrían cambiado de manos en esta operación” advierten las asociaciones del territorio.
Marco legal en disputa
En el momento de la compraventa, se encontraba en vigor la Ley 5/2024 del Gobierno de Aragón, que promovía las líneas directas y el autoconsumo industrial. Esta norma permitiría que proyectos caducados o sin autorización de construcción pudieran legalizarse para suministrar energía a grandes consumidores —como los centros de datos privilegiados por la DGA—, permitiendo así a las empresas recuperar inversiones previas y cerrar operaciones calificadas en el sector como ‘win-win’, un ‘ganamos todas’ que traducido al castellano estándar en este caso significa que las empresas, como la banca de los casinos, siempre ganan.
“Sin embargo, el Gobierno central ha modificado sustancialmente el escenario, al considerar que dicha ley vulnera la legislación estatal y el principio de unidad del mercado eléctrico, al crear un marco autonómico distinto del general. Por ello, el Consejo de Ministros presentó el 23 de septiembre de 2025 un recurso de inconstitucionalidad, lo que implica la suspensión automática de la norma mientras el Tribunal Constitucional resuelve el fondo del asunto. Cabe recordar que otra ley aragonesa anterior, de contenido muy similar, ya fue declarada contraria a la Constitución, lo que hace prever un desenlace semejante”, explican las entidades ciudadanas.
Impacto ambiental y técnico
A este panorama jurídico incierto, se suma un problema técnico y ambiental: pese a que los proyectos originales contaban con estudios de impacto ambiental y declaraciones favorables (DIA), éstas iban referidas a infraestructuras y líneas de evacuación concretas que pretendían suministrar electricidad al área de Barcelona.
“Algo sustancialmente diferente de lo que ahora se pretende: abastecer de energía a los centros de datos de Repsol en Escatrón”, denuncian las entidades, y añaden que “esto supone una modificación muy relevante de los proyectos, y, por tanto, si se pretende reactivarlos con modificaciones sustanciales, la normativa ambiental obliga a iniciar de nuevo todo el procedimiento de evaluación, ya que las afecciones territoriales y ambientales pueden variar de forma significativa”.
Por otra parte, “la operación se produce pocos meses después de la Declaración de Impacto Ambiental negativa al clúster de Green Capital en el Matarranya. Se da la circunstancia de que el clúster de Forestalia y el de Green Capital no solo se superponían en los mismos municipios, sino que incluso coincidían las posiciones de ciertos aerogeneradores. ¿Cómo es posible que el Ministerio resolviera declaraciones distintas a proyectos idénticos? La opacidad del MITERD a la hora de comunicar a las asociaciones la identificación del personal que tramitó dichas resoluciones, tal y como obliga la legislación, son la evidencia del trato de favor que ha recibido Forestalia por parte del MITERD y del Gobierno de Aragón”, enfatizan ambas entidades sociales.
La lucha que no cesa
“Como no puede ser de otra manera”, las plataformas ciudadanas y colectivos afectados advierten que seguirán “muy atentos al cumplimiento estricto de la legalidad vigente, tanto en lo relativo a las autorizaciones ambientales como al respeto de los procedimientos administrativos”, y reiteran que “no se puede aceptar la reactivación de proyectos caducados sin las garantías legales y ambientales que exige la normativa”.
