Tras el anuncio realizado por el Ejecutivo aragonés sobre los recursos desestimados por la Junta de Reclamaciones Económico Administrativas (JREA) del Gobierno de Aragón relativas a los recibos de ICA en Zaragoza correspondientes los ejercicios 2016 y 2017, la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) señala que ésta no es un organismo judicial, sino que es un organismo dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, "sus resoluciones, aunque obligan al Gobierno de Aragón, no resultan determinantes a la hora de establecer los derechos de los y las contribuyentes". "De hecho, sus resoluciones abren la vía para la reclamación ante los tribunales del contencioso administrativo que son los que en última instancia determinan la interpretación de la normativa correspondiente".
Aseguran también que la JREA "no es un organismo independiente ni se comporta como tal". "De hecho -añaden-, está presidida por el secretario general técnico de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y los miembros de la misma son nombrados por el gobierno, por lo que forman parte de la propia administración recurrida".
Agregan además que dicho organismo "tampoco se comporta con independencia como demuestra la coincidencia del anuncio de sus resoluciones con el anuncio del paso al cobro del recibo correspondiente al año 2018 y con el anuncio de apertura del proceso de reforma de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón".
En opinión de la RAPA, los argumentos esgrimidos por la JREA, a falta de conocer el texto exacto de la resolución, resultan "incongruentes". "Se afirma que el ICA responde al principio de quien contamina paga, mientras la propia Ley de Aguas y Ríos de Aragón contiene una serie de bonificaciones que nada tiene que ver con la carga contaminante e ignora el hecho de que Zaragoza ya depura sus vertidos desde 1993 sin haber recibido ni un solo euro de la Comunidad Autónoma. La ciudadanía de Zaragoza ha venido soportando desde entonces el coste de la depuración pagando un recibo al Ayuntamiento de la ciudad que a cambio depura, es decir limpia, el agua que sus vecinos vierten".
Asimismo, desde este colectivo subrayan que estudiarán el texto de las resoluciones, una vez se reciban realmente, y aconsejará a las personas recurrentes las acciones a llevar a cabo.
Finalmente, la RAPA condena "la ofensiva recaudatoria del gobierno que lejos de cualquier ánimo conciliador está amargando a los zaragozanos sus fiestas patronales". "La concentración de noticias negativas respecto al ICA muestra que el gobierno sólo piensa en la recaudación y nos hace dudar de sus intenciones reales a la hora de la reforma del impuesto". Por todo ello -según afirman-, iniciarán la semana que viene un proceso de consulta interna "para definir las acciones con las que responder a la actitud del Gobierno de Aragón".
