El intencionado desorden de la invasión de macro parques de energías renovables en Aragón, es un caso paradigmático de la forma de actuar del PSOE-PAR. Estos partidos, el liderado por Javier Lambán y el liderado por (coloque aquí la lectora el nombre que desee de entre las múltiples escisiones del PAR), centran su acción de gobierno en la colocación laboral de sus militantes, amigos y familiares, usando para ello el poder que obtienen desde los despachos dónde se firman autorizaciones, permisos, o se conceden subvenciones.
También es la forma habitual de ‘trabajar’ del PP, pero sus ocho años de ausencia en el Gobierno de Aragón han obligado a Jorge Azcón a ejercer de cacique desde el Ayuntamiento de Zaragoza, favoreciendo a sus empresarios amigos con todo tipo de concesiones económicas.
Los ocho años de Lambanato que ya ha sufrido la sociedad aragonesa pasarán a la historia, seguramente, como los más tóxicos de nuestra reciente historia política. Los recortes en la Sanidad y Educación públicas, las inexistentes políticas contra la despoblación, la falta de un proyecto de país acorde a este tiempo convulso, en lo económico, climático o geoestratégico, pero sobre todo, el expolio de las arcas públicas bajo el paraguas de la colaboración público-privada (eufemismo para ocultar la transferencia de dinero público a manos privadas, amigas), han alcanzado con Javier Lambán las mayores cotas de indignidad política, superando a sus gobiernos predecesores y arrastrando al fango a sus socios de gobierno, CHA y Podemos, por acción u omisión.
También paradigmático resulta que Lambán y sus socios casi hayan conseguido ocultar el clamor popular contra el despropósito de su gestión de la invasión consentida de macro parques de renovables. Mientras Lambán ha dispuesto del BOA y de los medios de comunicación afiliados a la DGA, la sociedad civil aragonesa ‘solo’ ha dispuesto de su razón, su trabajo voluntario, la ciencia, y la modesta colaboración de medios de comunicación libres. Pero con su estilo propio, el cosmopaletismo, los equipos de Lambán solo se han querido dar por enterados cuando las informaciones se han publicado en medios foranos, medios cuyos intereses y relaciones económicas se escapan a la influencia de Lambán.
Jesús Lobera: un comisario político del PSOE al frente del INAGA
La trayectoria profesional de Jesús Lobera Mariel ha estado ligada a las administraciones públicas dirigidas por el PSOE. Lobera, funcionario de la DGA desde 1987 como veterinario de Administración Sanitaria, ha sido también concejal del PSOE en Balbastro durante doce años, y director del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Uesca antes de que Lambán le pusiera al frente del INAGA en 2016, con un salario de 77.745,18€ anuales.
Su gestión en la dirección de este organismo público, autónomo pero dependiente de la DGA, ha estado plagada de críticas y acusaciones de irregularidades, entre las más graves las denunciadas ante la Fiscalía por entidades y formaciones políticas.
En la tarde de este pasado martes, y en plena campaña electoral, tuvo que dar la cara en rueda de prensa para asegurar que en el INAGA “se ha trabajado en la línea más escrupulosa de la legalidad, con todo rigor”.
Sin venir, aparentemente, a cuento, Lobera afirmó tajantemente que “no soy un muñeco a las órdenes del PSOE”, para luego tratar de dar explicaciones, sin datos ni pruebas documentales, sobre las irregularidades que pesan sobre su gestión.
Intentó justificar la subcontratación de empresas como Satel y Calidad y Estudios, que trabajan simultáneamente con la DGA (realizando las evaluaciones ambientales en materia de energías renovables) y con Forestalia (empresa de confianza del PSOE y adjudicataria de los proyectos eólicos) por el elevado volumen de las peticiones y expedientes para invadir con molinos eólicos cualquier metro ‘disponible’ en el territorio aragonés.
Para Lobera “no hay mancha alguna” pues estas empresas, “que fueron contratadas para descolapsar las tramitaciones”, no hicieron su trabajo, y resulta que ahora Lobera, sin aportar prueba alguna, asegura que “los trabajos e informes los asumieron en un 60% Sarga -otra empresa pública tocada por las sospechas de clientelismo en sus cuadros de dirección- y el 40% la consultora Vea Qualitas”.
Aunque serán los tribunales de justicia quienes lo decidan finalmente, Lobera, aseguró que Satel y Calidad y Estudios habían cumplido con los pliegos de prescripciones técnicas de contratación en los apartados que señalan que “el adjudicatario no podrá informar de aquellos expedientes en los que haya tenido participación directa o indirecta durante la fase de proyecto o tramitación de la actividad solicitada, o bien cuando exista cualquier tipo de relación con el grupo promotor del expediente en cuestión”. También recordó que las empresas “deberán firmar una declaración de incompatibilidad en los términos expuestos tras la recepción de la documentación de cada expediente”, cuestión que Lobera aseguró que las empresas habrían realizado, pero que como explicamos no mostró documentalmente en su rueda de prensa.
Lobera reconoció que “si no hubiera habido dicha asistencia técnica no se hubiera llegado”, el plazo para obtener las declaraciones de impacto ambiental finalizaba el 25 de enero, “nuestra obligación era llegar en plazo y eso se ha hecho. El INAGA necesitaba potencia de tiro, capacidad para analizarlos uno a uno para su aprobación, y de ahí la contratación de asistencias técnicas externas”.
Quizá forzado por su partido, el PSOE, para salvar a Lambán en campaña electoral, Lobera también aseguró que solo él, como director del INAGA, puede firmar las autorizaciones y que es el único responsable de la revisión y redacción de los informes. Veremos qué dice a este respecto tanto la Fiscalía como los tribunales de justicia.
Puertas giratorias entre el Gobierno de Aragón y Forestalia
El grupo empresarial que dirige Fernando Samper, ahora con Forestalia como buque insignia, conoce muy bien el proceder habitual de partidos como PSOE, PAR y PP. Quizá por eso se ha encargado de ‘fichar’ para su empresa a políticos de estas y otras formaciones políticas, pues es sabido que en Aragón ‘quien tiene madrina se bautiza’ y quien no pues a trabajar como cualquier ciudadana ‘normal’.
Algunos destacados cargos públicos de la DGA han abandonado sus puestos en el ejecutivo aragonés para ocupar suculentos puestos de trabajo en diferentes empresas relacionadas en esta trama de irregularidades en la implantación de energías renovables.
La lista arranca con los dirigentes del PAR, el exconsejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, y su exdirector general Luis Marruedo, cuestión que AraInfo | Diario Libre d’Aragón ya publicaba en 2016, a estos se suman Eduardo Sánchez, su director de comunicación, y Cristina Fraile, su jefa de gabinete. Pero, Forestalia seguía picando alto, y también fichó a un director del INAGA, Carlos Ontañón, que lo fue entre 2004 y 2012.
Con los exaltos cargos del PAR y la DGA, y su red de contactos, ya fichados por Forestalia, la empresa de Samper ha dirigido sus miradas hacia otros políticos en activo.
Uno de los principales fichajes ‘recientes’ es Juilo Tejedor. Se trata del ya exsecretario general de Presidencia de Lambán, y una de las personas con más poder e influencia en el Lambanato y en la ‘fontanería política’ del PSOE aragonés. Ahora desde su despacho privado de abogacía tiene en Forestalia a uno de sus principales clientes.
Destaca también, tristemente, otro caso de dirigente político de otro partido. Se trata de José Gascón, destacado por su formación política -CHA- en numerosas ocasiones como un excelente profesional técnico-político, que pasó directamente de su puesto en la DGA como director general de Movilidad a un puesto ejecutivo en Forestalia en el 2019.
Plataforma 13 de Marzo: “Nos causa sorpresa que se convierta en noticia algo que es conocido sobradamente en Aragón”
La Plataforma 13 de Marzo “Aragón por la Racionalidad Energética” explica en un comunicado que “no puede dejar de causarle sorpresa que se convierta en noticia algo que es conocido sobradamente en Aragón desde hace tiempo”, pues la propia plataforma en sus comunicaciones, medios propios de difusión y en los actos públicos que lleva realizando desde su constitución e incluso antes, desde los colectivos ciudadanos que agrupa, ha manifestado esta realidad “que ahora asombra a propios y extraños”.
Desde los movimientos sociales hace años que se viene denunciando “el peligro de pérdida de credibilidad en la gestión pública que se corre cuando se externalizan las responsabilidades en la gestión y se utilizan entidades de derecho público para ejercer las competencias” del Gobierno de Aragón que, como en el caso del INAGA, y como explica la propia DGA, “cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, goza de autonomía funcional, patrimonial y administrativa, así como plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines. Su creación se debe a una necesidad ante el elevado y creciente volumen de solicitudes y procedimientos relacionados con el medio ambiente que se tramitan y por el interés en mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos de la administración ambiental y la consecución de una mayor economía, eficiencia y eficacia en la gestión medioambiental” de nuestro país.
Pero recuerdan desde esta plataforma que “lo que ya no dice la página web del gobierno aragonés es la larga trayectoria en comunicaciones preferentes de este organismo con el mundo empresarial en el que han participado y siguen participando personas que han formado parte del gobierno autónomo y que ha desarrollado, directa o indirectamente, su experiencia empresarial en actividades ligadas a las propias del organismo creado por ellos”.
“De igual modo, es conocido en Aragón que, de forma pareja, algún director del INAGA ha pasado a ser miembro del consejo de administración de empresas relacionadas con la implantación de energías renovables sin que haya surgido mayor inconveniente ético”, recalcan.
Añaden que “sin duda es una buena noticia que la opinión pública pueda conocer el funcionamiento interno de los organismos que sustenta con sus impuestos” y la Plataforma 13M “lo celebra. De igual forma nos hubiera gustado que aquellas informaciones y valoraciones que se han mandado a los medios de comunicación aragoneses, respecto a la desmesura y exceso que reina sobre la implantación de instalaciones de energías renovables en el paisaje aragonés, hubieran llegado efectivamente a la opinión pública para que nadie tenga que sorprenderse, fruto del, a veces desafortunado proceso electoral, de algo que debería ser conocido hace mucho tiempo”.
En el mismo sentido, afirman que “sorprende sobre manera que el trámite de audiencia sólo se les de a las empresas y no a todas las partes interesadas, pues en este caso se esta dando una ventaja a la empresa promotora de un proyecto frente a las personas o entidades afectadas por el mismo”.
Tampoco quieren “dejar de destacar las desafortunadas declaraciones del Consejero Olona, sobre los informes que tenía que emitir el INAGA a alguno de los proyectos cuyo resultado ya parecía antes de comenzar el propio estudio. Alguien podría pensar que el INAGA trabaja a dictado de la Consejería o de otros intereses tal como se pone de evidencia en las noticias que circulan estos días”.
Finalmente, la Plataforma 13 de Marzo asegura que “seguirá trabajando por la máxima claridad, respeto y equilibrio en la implantación de las energías renovables y exigiendo que se cumpla la ley y los trámites administrativos en todos los proyectos”.
