"Vox no puede ser víctima de delito de odio. Lo ha dicho por activa y por pasiva el Supremo"

El juicio político contra Alberto Cubero tras una denuncia de la ultraderecha por supuesto "delito de odio" ha quedado visto para sentencia este jueves. Cientos de personas se han concentrado a las puertas de los juzgados para arropar al concejal de ZeC y secretario del PCE Aragón.

Alberto Cubero, momentos antes de entrar al juicio, recibe el apoyo de Pedro Santisteve. Foto: Iker G. Izagirre (AraInfo)

El juicio político contra Alberto Cubero ha quedado visto para sentencia este jueves. La sala de lo Penal número 3 de Zaragoza ha celebrado la vista contra el concejal de ZeC, Secretario Político del PCE Aragón y militante de Izquierda Unida, al que el partido ultraderechista Vox interpuso una querella por un supuesto "delito de odio" por unas declaraciones que realizó durante un debate municipal de la comisión de Hacienda.

"Un partido político como Vox no puede ser víctima de un delito de odio. Lo ha dicho por activa y por pasiva el Tribunal Supremo". Así de claro se ha pronunciado Ramón Campos, abogado defensor de Alberto Cubero, en las conclusiones finales para pedir la libre absolución de su defendido. Y aquí está una de las claves. "No puede la acusación pública -Fiscalía- ni la particular -Vox- reiterar en esto, vulnerando el criterio del Supremo", ha añadido el letrado. Campos también ha afeado que esta "es la primera vez que se juzga a un político" por sus opiniones políticas en el ejercicio de su cargo, y ha criticado a Vox por interponer "una querella a voleo a ver si suena la flauta". "Vox ha venido a socavar la democracia con esta interpretación torticera del derecho", ha subrayado.

De hecho, el partido ultraderechista ha aprovechado este juicio para llevar a los tribunales lo que los tribunales decidieron no juzgar por considerar que no había delito alguno: lo sucedido en Vallecas en abril de 2021. Una vez más, Vox utiliza los juzgados para sus fines políticos, para victimizarse y aparentar lo que no es, una minoría necesitada de protección. Así, la vista se ha centrado en Vallecas y en la militancia comunista de Cubero, de sobras conocida.

Respecto a sus declaraciones en aquella comisión ("Ojalá les pase lo que les pasó en Vallecas en toda España"), Cubero ha defendido que "todo el mundo interpretó que fueron dentro del marco del debate político y la libertad de expresión, que en el caso de cargos públicos ampara y protege especialmente". También ha subrayado que transcurrieron en un clima de "absoluta normalidad", en el que nadie llamó la atención a nadie, ni siquiera el portavoz de Vox -Julio Calvo- que estaba en la comisión, y que hoy ha declarado como testigo de la acusación.

Una versión que ha sido confirmada por todos los testigos de la defensa, presentes aquel día, desde la presidenta de la comisión, María Navarro (PP) a las y los portavoces municipales -Carmen Herrarte (Cs), Ros Cihuelo (PSOE) y Fernando Rivarés (Podemos)-, además del secretario, que fue la persona encargada de tomar el acta. Todos ellos han coincidido en que las palabras de Cubero no tuvieron ninguna repercusión ni antes ni después del debate. Hasta Julio Calvo lo ha reconocido ante la jueza.

Cubero: "Declaramos con la tranquilidad del que sabe que está en el lado correcto de la Historia"

Antes de entrar en la sala, en comparecencia ante los medios, Cubero ha vuelto a defender que la concentración de Vallecas "fue pacífica, además de legalizada". "Lo que ocurrió -ha dicho-, es que Santiago Abascal y Vox, en su intención de provocar, bajaron de su tribuna, rompieron el cordón policial, y a partir de ahí se produjeron los altercados". Pero ha asegurado que sus declaraciones no se refieren a eso. "Se refieren a la movilización masiva, legal y autorizada de las vecinas y vecinos de Vallecas. A partir de aquí, interpretar que esa manifestación, de manera general, fue con intencionalidad violenta es un error. Yo creo que la violencia está muchas veces en los oídos de quien escucha y no en las palabras de quien las pronuncia. Y desde luego, mi intención en la comisión no fue llamar a la violencia sino llamar a la movilización", ha remarcado.

Por eso, ha dicho Cubero a las puertas del juzgado, "declaramos con la tranquilidad del que sabe que está en el lado correcto de la Historia. Del que sabe que tiene la firmeza ideológica y el apoyo social de la lucha contra la ultraderecha". En su opinión, esta acusación forma parte de "una campaña de difamación y persecución a cargos públicos de la izquierda política por parte de la ultraderecha de Vox. Una persecución que también se da en lo judicial".

"Declaramos también diciendo algo muy claro: no va a vencer el miedo, no nos van a amedrentar por muchas denuncias y querellas que la ultraderecha nos interponga, y vamos a decir lo que siempre hemos dicho con la misma claridad, con la misma rotundidad, el papel de la ultraderecha y su verdadero discurso de odio contra las personas migrantes, contra las personas por su orientación sexual, contra las mujeres, contra otros colectivos vulnerables. Eso sí es un delito de odio", ha añadido.

En este sentido, Cubero ha considerado "absolutamente errónea" la interpretación y la petición de un delito de odio de la Fiscalía y del juez que instruyó el caso, Carlos Lasala, el mismo que condenó a los seis de Zaragoza a altas penas de prisión. "Se está malinterpretando el delito de odio. Un delito que no fue creado contra aquellas personas que tratamos de luchar contra la ultraderecha, sino para la ultraderecha y la difusión de su mensaje de odio", ha destacado.

Por último, Cubero ha denunciado que "fue días después, cuando Vox a nivel estatal interpuso esta querella, con otro contenido político, en el marco de las elecciones de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de volver a una posición victimista en esa campaña después de que Rocío Monasterio (Vox) pusiera en duda las amenazas de muerte a ministros del Gobierno español en el famoso debate en la cadena SER". "El objetivo y la intencionalidad clara de Vox está ahí. Y esto debería de quedar en una absolución", ha defendido Cubero.

"Sí ser antifascista es un delito, todas somos culpables"

Media hora antes de comenzar la vista, cientos de personas se han concentrado para mostrar su solidaridad con Cubero. "Sí ser antifascista es un delito, todas somos culpables", han denunciado a las puertas del juzgado en una movilización en la que también han recordado otros casos represivos, como el de los seis de Zaragoza. Entre las presentes, rostros conocidos de la política aragonesa como Pedro Santisteve y Luisa Broto (concejal y concejala de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza), Álvaro Sanz (diputado y portavoz de Izquierda Unida en las Cortes), y diversos cargos del Partido Comunista de España en Aragón, así como representantes del movimiento vecinal, sindical y social de la capital aragonesa. Una concentración que se enmarca dentro de la campaña #YoConCubero, y que también ha puesto en marcha una recogida de firmas.

Visto para sentencia

La sesión, que comenzaba pasadas las 11.30 horas, se ha alargado más de lo esperado por culpa de la testigo "estrella" de la acusación particular, la exportavoz de Vox Macarena Olona. Olona tenía que declarar por videoconferencia, pero por diversos fallos técnicos (estaba de viaje) ha hecho demorar todo por más de una hora, ante el visible enfado de la magistrada que ha decidido suspender la vista, primero por 10 minutos, y después por otros 30.

Una vez reanudada la sesión, y tras escuchar la jueza a todas las partes, el juicio ha quedado visto para sentencia cerca de las 16.00 horas. La defensa de Alberto Cubero ha pedido "una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables". Por su parte, la acusación particular, ejercida por Vox, y la Fiscalía, que han tenido un tono muy parecido durante toda la sesión, han mantenido sus peticiones por el supuesto "delito de odio": cuatro años y ocho meses de prisión, con inhabilitación y una indemnización económica de 10.000 euros; y dos años y medio de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo, y una sanción económica de 5.400 euros, respectivamente. Ahora solo queda esperar a la sentencia de un juicio sin precedentes en Aragón.

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