La sección territorial de Aragón de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha mostrado su “profunda preocupación” ante lo que considera un “progresivo abandono de las políticas públicas especializadas en materia de violencia contra la mujer”, señalando al proyecto municipal “Parroquias Seguras” del Ayuntamiento de Zaragoza como “el último y especialmente grave episodio” de este proceso.
En un comunicado difundido este jueves, la asociación judicial sostiene que no se trata de “un hecho aislado”, sino de una “estrategia sostenida de desmantelamiento de lo público” en materia de atención a las víctimas de violencia machista. En este sentido, recuerda que el Ayuntamiento de Zaragoza eliminó en 2025 los Puntos Violeta y ha aplicado “recortes presupuestarios en la Casa de la Mujer”.
“Lo que ahora se pretende es la derivación de las mujeres víctimas de violencia de género a parroquias católicas”, denuncia JJpD, que considera que esta sucesión de decisiones evidencia “una estrategia sostenida de desmantelamiento de lo público en un ámbito donde el Estado tiene obligaciones positivas irrenunciables, y no una mera acumulación de decisiones puntuales”.
La asociación recuerda que tanto la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género como la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual establecen un sistema de atención sustentado en “especialización profesional, perspectiva de género e institucionalidad pública”.
Además, subraya que “el artículo 16.3 de la Constitución añade una exigencia que no admite excepciones: la aconfesionalidad del Estado”. Por ello, advierte de que “delegar en instituciones religiosas funciones que corresponden al poder público no es una solución innovadora: es un retroceso que vulnera ambos mandatos simultáneamente”.
Juezas y Jueces para la Democracia defiende también el papel de los recursos especializados y de las Secciones de Violencia contra la Mujer de los Tribunales de Instancia, cuya finalidad, recuerda, es “asegurar que la atención a una víctima garantice el proceso de protección”.
“Sustituir recursos públicos especializados por espacios sin formación homologada ni perspectiva de género acreditada no es neutro: tiene consecuencias directas sobre la seguridad y la vida de las mujeres”, alerta la asociación.
Por todo ello, JJpD exige a las administraciones públicas “que cumplan las obligaciones que les imponen la legislación nacional y el Convenio de Estambul”, reclamando “reforzar y no desmantelar los servicios especializados de atención a víctimas de violencia contra la mujer, garantizando su financiación, su carácter laico y su rigor profesional”.
“La vida de las mujeres no admite políticas de sustitución ni experimentos institucionales”, concluye el comunicado de la sección territorial aragonesa de Juezas y Jueces para la Democracia.
