La polémica por el proyecto “Parroquias seguras” impulsado por el gobierno municipal de PP y Vox en Zaragoza sigue creciendo. Tras las críticas de colectivos feministas, asociaciones vecinales, organizaciones de mujeres supervivientes de violencia machista, sindicatos y partidos de la oposición, ahora es la Asamblea 8M Zaragoza quien llama a salir a la calle contra la decisión de Natalia Chueca de trasladar parte de la atención a víctimas de violencia machista a parroquias católicas de la ciudad.
La concentración tendrá lugar este jueves, 21 de mayo, a las 19:00 horas frente al Ayuntamiento de Zaragoza, bajo lemas como “+Recursos -Rosarios” o “Lo público no se confiesa. Lo público se defiende”. La convocatoria denuncia el giro nacionalcatólico del gobierno municipal y acusa a PP y Vox de sustituir recursos públicos especializados por estructuras religiosas “sin marco laico y de carácter moral”. En este sentido, reclaman recursos públicos, profesionales, laicos y disponibles las 24 horas.
“Frente a la decisión de llevar la atención a víctimas de violencia machista a espacios religiosos, decimos claro: nuestra seguridad no es un tema de fe”, señala el movimiento feminista zaragozano en un comunicado difundido en redes sociales. La Asamblea 8M recuerda además que en lo que va de 2026 ya han sido asesinadas 20 mujeres y cuatro menores por violencia machista en el Estado español y sostiene que la respuesta institucional “no puede ser recortar recursos públicos, eliminar Puntos Violeta y derivar a entidades que acumulan miles de casos documentados de abusos desde 1940”.
La Asamblea 8M advierte que Zaragoza se ha convertido en “la primera gran ciudad del Estado español que ha transformado parroquias en Puntos Violeta” y denuncia una hoja de ruta política clara: “Pactas con Vox y eliminas los Puntos Violeta, los llamas ‘espacios seguros unisex’ para que no parezca que niegas la violencia machista, recortas la Casa de la Mujer y firmas un convenio con el Arzobispado y lo vendes como ‘innovación’ —y de paso despistas la noticia de las irregularidades con La Romareda—”, resumen.
“+Recursos -Rosarios”
El 8M Zaragoza insiste en que la protección frente a la violencia machista debe garantizarse mediante “recursos públicos especializados, atención profesional y servicios laicos y 24 horas”, no mediante acuerdos con instituciones religiosas. “Lo público se defiende con recursos públicos. La protección se garantiza con atención laica, profesional y 24 horas. No hay otra”, subrayan.
La exigencia de atención 24 horas es una reclamación principal del 8M Zaragoza. El pasado 25N, el movimiento feminista ya realizó una acción frente al Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual —CAIVIS— de la calle Manifestación para denunciar horarios limitados, falta de recursos y opacidad en un servicio que, según recordaban, debería garantizar atención permanente tal y como marca la ley.
Las feministas vinculan además el proyecto “Parroquias seguras” con la paralización de la integración plena de Zaragoza en el sistema VioGén de protección a víctimas. “Chueca lleva meses sin responder a la Delegación del Gobierno”, denuncian, recordando que el propio sindicato CCOO alertó esta semana de que la unidad especializada contra las violencias machistas sigue sin estar operativa pese a los anuncios reiterados del Ayuntamiento desde 2019.
En uno de los carteles difundidos para la convocatoria aparece la imagen de un sacerdote acompañada del mensaje: “Esto no es un profesional frente a la violencia machista”. Otro de los lemas centrales de la protesta resume el tono de la movilización: “Las mujeres necesitan derechos, recursos y autonomía, no tutela moral”.
La protesta se suma a la creciente contestación social contra el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Arzobispado de Zaragoza, cuestionado en los últimos días desde colectivos feministas, mujeres supervivientes, entidades vecinales como la FABZ, colectivos laicos como MHUEL, sindicatos como OSTA o formaciones políticas como ZeC, CHA o PSOE. También se han planteado dudas jurídicas sobre la compatibilidad e idoneidad del acuerdo y sobre el papel que puede desempeñar la Iglesia católica en la atención a víctimas de violencia machista.
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