El Ayuntamiento y Arzobispado de la capital del país han puesto en marcha una red de “espacios seguros” en iglesias de la ciudad para mujeres víctimas de violencia machista. La iniciativa ha desatado críticas feministas y de la oposición municipal, que denuncian un retroceso reaccionario y el desmantelamiento de recursos públicos especializados. Con el paso de los días la alerta social crece en Zaragoza, y por extensión en el conjunto de Aragón, al compartir ayuntamiento y Gobierno de Aragón la misma coalición ultraderechista.
MHUEL cuestiona “el rigor” del Arzobispado para intervenir en casos de violencia machista
El colectivo laicista MHUEL (Movimiento Hacia Un Estado Laico) ha mostrado su rechazo al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Arzobispado para implicar a parroquias en la detección y acompañamiento de mujeres en situación de violencia machista. La organización considera que el acuerdo plantea “cuestiones de fondo” relacionadas con la transparencia, la separación entre instituciones públicas y religiosas, la protección infantil y la especialización necesaria para abordar este tipo de violencias.
MHUEL cuestiona que se destinen fondos públicos a entidades religiosas sin que existan los mismos mecanismos de control y rendición de cuentas que se exigen a organizaciones civiles o entidades laicas. El colectivo se pregunta si se harán públicos los contenidos formativos dirigidos a párrocos y voluntariado, si existirá una evaluación independiente sobre la efectividad de las intervenciones y si se recopilarán datos sobre cuántas mujeres son atendidas, qué tipo de asesoramiento reciben o si las derivaciones a servicios especializados se realizan de manera adecuada.
“La violencia machista no admite voluntarismo bienintencionado sin rendición de cuentas”, señala MHUEL, que recuerda que cualquier ONG o asociación vecinal que firmase un convenio de características similares tendría que presentar memorias de actividad, auditorías e indicadores de impacto. Para la organización, la Iglesia católica “no debería quedar exenta de estos controles por su condición de confesión religiosa”.
Otro de los puntos centrales de la crítica de MHUEL hace referencia a los antecedentes de la Iglesia católica en relación con los abusos sexuales a menores. MHUEL recuerda que existe “un historial documentado de encubrimiento de abusos sexuales” tanto a nivel internacional como en el ámbito nacional, estatal y diocesano, y considera “inaceptable” que el Ayuntamiento de la capital legitime institucionalmente a la Iglesia como agente de protección sin exigir previamente protocolos de salvaguarda infantil supervisados por organismos independientes.
Aunque el convenio está centrado específicamente en la violencia machista, el colectivo entiende que existe una contradicción de fondo: “La misma institución que va a formar a voluntarios para detectar síntomas de víctimas es la que, en otros ámbitos, ha demostrado una incapacidad sistémica para reconocer y denunciar la victimización”. Por ello, MHUEL reclama que cualquier entidad que pretenda ejercer funciones de detección y acompañamiento se someta antes a “escrutinio externo”.
La organización laicista también plantea dudas sobre el papel que deben desempeñar las instituciones religiosas en funciones de protección social. Aunque reconoce que la colaboración entre administraciones y entidades sociales no tiene por qué ser negativa en sí misma, subraya que la Iglesia católica “no es una ONG neutral”, ya que mantiene una doctrina moral concreta sobre cuestiones como la sexualidad, el divorcio, la reproducción o el aborto.
En este sentido, MHUEL pregunta qué ocurriría si una mujer solicita información sobre interrupción voluntaria del embarazo, métodos anticonceptivos o recursos vinculados a contextos de prostitución. “¿Los voluntarios parroquiales están obligados a informar de todas las opciones legales, o sólo de aquellas compatibles con la doctrina de la Iglesia?”, cuestiona el colectivo, que considera imprescindible garantizar una atención “integral y no confesional”.
También pone el foco en la formación especializada que requiere la atención a víctimas de violencia machista. MHUEL advierte de que identificar situaciones de victimización, acompañar a mujeres en contextos de riesgo y derivarlas correctamente a servicios especializados exige conocimientos técnicos y supervisión profesional en ámbitos como la psicología, el trabajo social o la asistencia jurídica.
Para la organización laicista aragonesa, no basta con impartir una sesión formativa municipal al voluntariado parroquial para garantizar una intervención adecuada. En este sentido, compara el papel que pueden desempeñar bares o taxis como puntos de contacto inmediatos —limitados a facilitar una llamada de emergencia o avisar a la policía— con el modelo planteado para las parroquias, que implicaría un nivel de asesoramiento mucho más profundo. Según MHUEL, “confundir la disponibilidad de un espacio físico con la capacidad de intervención profesional puede generar falsas expectativas y, en el peor caso, revictimización”.
Como conclusión, el colectivo considera que el convenio refleja una tendencia de fondo en las administraciones públicas: delegar funciones sociales en la Iglesia católica en lugar de reforzar servicios públicos o entidades especializadas. A juicio de MHUEL, el Ayuntamiento de Zaragoza debe explicar por qué se ha optado por implicar a cinco parroquias y no, por ejemplo, a centros de salud, consultorios jurídicos o asociaciones feministas.
OSTA cuestiona la legalidad del convenio ‘Parroquias Seguras’
La Comisión Ejecutiva Nacional de OSTA ha aprobado un informe elaborado por su Departamento de Igualdad en el que pone en cuestión la “compatibilidad jurídica” del convenio denominado ‘Parroquias Seguras’, suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Arzobispado de Zaragoza. El sindicato considera que el modelo planteado presenta “serias dudas de compatibilidad con el ordenamiento jurídico”, tanto desde el punto de vista constitucional como en relación con la normativa específica sobre violencia machista.
Según expone la organización sindical, el convenio suscita “objeciones relevantes” por el papel otorgado a estructuras religiosas en un ámbito vinculado a la atención y acompañamiento de víctimas de violencia machista. OSTA sostiene que “el marco canónico sobre el que se asienta la Iglesia católica entra en contradicción con los principios de protección integral recogidos en la legislación estatal”.
En este sentido, el sindicato advierte de que “la configuración del matrimonio como vínculo indisoluble y la priorización de la reconciliación resultan incompatibles con un enfoque de protección integral de las víctimas de violencia de machista”. A juicio de la organización, estas concepciones chocan con la normativa civil aragonesa y española, que excluye cualquier forma de mediación en contextos de violencia machista al reconocer una situación de “desigualdad estructural”.
OSTA recuerda además que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional exige “una estricta neutralidad de los poderes públicos”, por lo que considera improcedente introducir criterios religiosos en la prestación de servicios públicos vinculados a la protección de mujeres víctimas de violencia.
El informe aprobado por el sindicato también alude a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, que excluye “cualquier dinámica de reconciliación, aunque sea indirecta”, al entender la violencia machista como una forma de dominación estructural. Desde OSTA alertan de que la intervención en entornos parroquiales puede derivar en “situaciones de mediación encubierta, presión moral hacia el perdón o minimización del riesgo”, circunstancias que consideran “jurídicamente incompatibles”.
La organización sindical pone igualmente el foco en las posibles consecuencias legales derivadas de este tipo de actuaciones. Según recoge el informe, podrían generarse “responsabilidades civiles, penales y administrativas”, así como responsabilidad patrimonial de la Administración pública en caso de actuaciones inadecuadas o contrarias a la normativa vigente.
Desde una perspectiva feminista, OSTA afirma además que “las estructuras religiosas presentan un sesgo que puede comprometer la autonomía de las mujeres”, motivo por el cual considera que “no resultan idóneas para la prestación de este tipo de servicios”.
El sindicato concluye asegurando que “el modelo de intervención basado en estructuras religiosas presenta una incompatibilidad estructural con el ordenamiento jurídico aragonés y español” y cuestiona, por tanto, la adecuación del convenio ‘Parroquias Seguras’ a los principios legales y constitucionales que deben regir las políticas públicas de atención a víctimas de violencia machista.
