Luz verde por parte del Pleno del Senado español a la proposición de ley para modificar el Código Penal que penaliza el acoso frente a las clínicas de interrupción del embarazo. Solo ha tenido los votos en contra de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Tras este trámite el texto queda aprobado definitivamente por las Cortes.
Sin embargo, de las docenas de enmiendas que han propuesto PP, PNV, EH Bildu y ERC no han sido aceptadas en la Cámara alta. El texto aprobado finalmente en el Pleno es el mismo que salió del Congreso a propuesta del PSOE.
Desde la Comisión por el derecho al Aborto del 8M a nivel estatal señalan que tiene “sentimientos encontrados”. Por un lado, entienden que esto supone un reconocimiento y visibilización del acoso que se lleva sufriendo durante años y saludan que “se proteja la liberad de ejercer nuestros derechos sobre nuestros cuerpos, si queremos ser madres y cuándo”; pero por otro, afirman que hay que resolver “la situación de fondo”.
Para empezar, señalan que la mejor manera de erradicar el acoso es abortar en la sanidad pública. La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) debería realizarse con normalidad en ambulatorios y hospitales.
Además, recuerdan que “las feministas entendemos que la solución ante los problemas no puede ser sólo punitiva”. Esta reforma del Código Penal sanciona el acoso a las mujeres que acuden a las cínicas de aborto con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad. Para la Comisión del 8M, la solución real está en “una Educación Afectivo Sexual desde la diversidad que promueva una sociedad igualitaria, porque educar en el respeto significa prevenir el acoso y la violencia”.
También exigen sanidad universal, ya que hay personas no tienen acceso a la misma. Asimismo, están en contra de la financiación de grupos antielección, que utilizan recursos públicos para presionar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, reconocidos tanto en la Ley del Estado como en las Leyes de Derechos Humanos Internacionales.
No hay que olvidar que estos grupos en muchas ocasiones son financiados por la extrema derecha y grupos conservadores y religiosos. Estas organizaciones día a día acosan frente a las clínicas, juzgando, obstaculizando, culpabilizando y estigmatizando. Además, en muchas ciudades del Estado se publicitan en marquesinas o alquilan locales frente a clínicas para promover su propaganda. "Por lo que exigimos que la Ordenanza de Publicidad Exterior no permita que en la vía pública se muestren mensajes de acoso”, explican sobre otra de sus reivindicaciones.
Desde La Comisión por el Derecho al Aborto consideran que estas situaciones expresan la necesidad de una visión integral que reforme La Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos.
