Aborto legal y seguro: el vacío entre lo que dice la ley y cómo se aplica

Con motivo del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, la Coordinadora de Organizaciones Feministas y 8M Zaragoza se han concentrado este martes junto a decenas de personas. En Aragón, ningún hospital público realiza esta intervención pero sí lo hacen los centros privados.

Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza durante un acto contra la ley del aborto en 2014. Foto: AraInfo

Desde 2010, el aborto es legal en el Estado español hasta las 14 semanas de embarazo. ¿Cómo es posible entonces que Aragón no registre ninguna intervención de este tipo en 2019? Esto se preguntan desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza y la Asamblea 8M Zaragoza. ¿Será posible que ninguna mujer haya pasado por este proceso en el territorio? No, solo que no lo han hecho en hospitales públicos. Todos los casos han tenido que irse a clínicas privadas para poder ser atendidos.

Con motivo de la conmemoración, este martes 28 de septiembre, del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, estas organizaciones se han concentrado en plaza de España de la capital aragonesa junto a decenas de personas. Sus reivindicaciones pasan “por un aborto seguro en la sanidad pública accesible a todas las mujeres en cualquier territorio”.

Una vez más “tenemos que reclamar y visibilizar nuestro derecho a decidir”, señala la Asamblea 8M Zaragoza, este 28 de septiembre, Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Reclaman que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sea de verdad “100% pública, gratuita, sin objeción de conciencia y sin acoso en las puertas de las clínicas”. Y es que el porcentaje de abortos en hospitales privados de media ha sido de un 97,4% en las dos últimas décadas, mientras que en hospitales públicos tan solo llega al 2,6%.

Estos datos dejan clara la distancia que existe entre la ley, el propio texto legislativo y su posterior aplicación en los centros. La objeción de conciencia antiabortista en estas intervenciones es mayoritaria no solo en Aragón, también en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, donde tampoco se han registrado abortos en 2019 en la sanidad pública. En muchos casos la opción es hacerlo en una clínica privada o cruzar las fronteras de tu territorio para conseguirlo. Con el dinero que exigen ambas opciones.

Pero no acaba ahí: el acoso a las puertas de estos centros tampoco cesa. Tanto es así que el Congreso español está comenzando a legislar este tipo de hostigamiento. Todos los grupos parlamentarios se han mostrado a favor de esta reforma del Código Penal que penalizaría estas acciones (de tres meses a un año de cárcel). Todos los grupos excepto PP y Vox.

Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, señalaba en una entrevista a la Agencia EFE que "el derecho al aborto no puede ceder ante el derecho a objetar". Defiende crear un registro de los y las profesionales que se niegan a realizar abortos y así conseguir “organizar”.

Según informa The New York Times, muchos médicos y médicas de avanzada edad defienden el derecho al aborto ya que fueron testigos de las horribles consecuencias que estas intervenciones, cuando se realizan en la clandestinidad, acarreaban para las mujeres. Sin embargo, estas pesonas ya estarían jubiladas y las generaciones que vinieron después carecen de este recuerdo.

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