La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón ha denunciado este miércoles el desalojo policial de varios delegados y delegadas sindicales que permanecían encerrados en la Sala Bayeu del Edificio Pignatelli para exigir al Departamento de Educación la apertura inmediata de una negociación sobre la regulación de las actividades complementarias y extraescolares.
La protesta se ha producido durante la mesa sectorial de Educación celebrada este miércoles. Según explica el sindicato, sus representantes habían anunciado al inicio de la reunión que no abandonarían la mesa hasta que la administración fijara una fecha concreta para comenzar a negociar una normativa que regule estas actividades y dé “garantías de seguridad” tanto al profesorado como al alumnado.
Desde CCOO aseguran que la respuesta de la Consejería de Educación, dirigida por Carmen Susín, fue negarse a fijar esa reunión y ordenar posteriormente la intervención policial para desalojar a las personas encerradas. “Es intolerable que un Gobierno que se dice democrático responda con la policía a las demandas de los representantes de los trabajadores del sector educativo. No pedíamos imposiciones, pedíamos una fecha para negociar”, señalan desde la federación sindical.
El sindicato califica lo ocurrido de “atropello” y denuncia la “alarmante falta de voluntad negociadora” del Gobierno de Aragón. Además, advierte de que estudiará nuevas medidas de presión y movilización si el Departamento mantiene su negativa a abrir una negociación colectiva sobre esta cuestión.
El conflicto sobre las actividades complementarias y extraescolares lleva semanas creciendo en Aragón. CCOO recuerda que más de 4.000 firmas han reclamado ya una regulación específica y que centenares de personas participaron recientemente en una bicifestación para denunciar la situación. Además, cerca de un centenar de claustros habrían decidido suspender actividades como medida de “autoprotección” ante la inseguridad jurídica existente.
La comunidad educativa reclama desde hace tiempo una normativa clara que delimite responsabilidades y garantice cobertura jurídica al profesorado durante excursiones, viajes y otras actividades fuera del aula. La falta de regulación está provocando cancelaciones y restricciones en numerosos centros educativos aragoneses.
En las últimas semanas, varios sindicatos y organizaciones han intensificado la presión sobre el Gobierno de Jorge Azcón. STEA denunció la “desprotección” del profesorado y reclamó una norma urgente, mientras CGT exigió un protocolo específico y cobertura jurídica para las plantillas docentes. También CCOO acusó recientemente a la consejera Susín de “desinterés” ante el riesgo de suspensión masiva de actividades.
El conflicto de las extraescolares llegará además este jueves al pleno de las Cortes de Aragón. CHA defenderá una Proposición no de Ley para exigir al Gobierno aragonés la elaboración “en el plazo más breve posible” de un protocolo autonómico que regule la planificación y desarrollo de actividades extraescolares y complementarias.
CGT denuncia la “inacción” del Departamento de Educación
Por su parte, CGT, segundo sindicato en la enseñanza pública aragonesa, también cargó este miércoles contra el Departamento de Educación por “seguir escondiéndose” ante los problemas que afectan a la escuela pública aragonesa. Durante la Mesa Sectorial, el sindicato criticó que la administración volviera a sacar adelante una nueva orden “sin el apoyo mayoritario” de la representación sindical y denunciara la ausencia en el orden del día de cuestiones “urgentes” como la regulación de las actividades extraescolares, la falta de climatización o la insuficiente financiación de la escuela pública.
El portavoz de CGT, José Luis Ruiz, recordó que todas las organizaciones sindicales solicitaron el pasado 29 de abril una mesa específica para abordar la regulación de las actividades complementarias y extraescolares y lamentó que el Departamento siga sin convocarla. “La escuela pública necesita más financiación”, señaló Ruiz, quien denunció también la falta de profesorado y personal no docente, la necesidad de climatizar centros educativos y el deterioro de infraestructuras.
Además, CGT criticó la “inacción” de la DGA tras el requerimiento realizado por Inspección de Trabajo a raíz de una denuncia sindical sobre las altas temperaturas en los centros educativos. “Casi un año después envían una encuesta a los centros para preguntar por los problemas más urgentes. Si no fuera un tema tan serio, sonaría ridículo”, afirmó Ruiz.
