El Gobierno de Zaragoza de PP y Vox ha aprobado este jueves el proyecto de la nueva Ordenanza Cívica y de Convivencia Ciudadana, una normativa que recupera el espíritu de la antigua Ordenanza sobre Protección del Espacio Urbano de 2008, rebautizada socialmente por sus detractores como “ordenanza incívica” y finalmente derogada en 2014 tras años de contestación vecinal. La alcaldesa, Natalia Chueca, la ha presentado como “la ordenanza de las ordenanzas” para construir una ciudad “más cívica, más limpia y más segura”, aunque el texto incluye medidas que ya han provocado fuertes críticas por su carácter punitivo, aporófobo, racista e islamófobo.
La nueva ordenanza contempla multas de entre 50 y 3.000 euros y comenzará ahora su tramitación pública y política con el objetivo de entrar en vigor “lo antes posible”. Chueca ha defendido que el texto responde a “una demanda ciudadana ampliamente respaldada por los vecinos” y que incorpora propuestas recogidas en una consulta pública celebrada en enero. “Esta ordenanza no nace de un despacho. Nace de la calle. Nace de escuchar a los vecinos”, ha asegurado la alcaldesa. Sin embargo, desde la oposición cuestionan de forma frontal tanto el contenido de la norma como el supuesto consenso social esgrimido por el Gobierno municipal.
La alcaldesa ha llegado a afirmar que “el libertinaje se va a pagar doble en Zaragoza”, en referencia a una normativa que endurece el régimen sancionador y amplía de forma notable las conductas castigadas. Y es que la nueva ordenanza contempla hasta 47 conductas sancionables divididas entre infracciones leves, graves y muy graves. Entre las infracciones muy graves, sancionadas con hasta 3.000 euros, figuran cuestiones como el vertido incontrolado de residuos o determinados actos vandálicos contra infraestructuras municipales.
Multas contra pobreza, top manta y uso del espacio público
Sin embargo, el nuevo texto va mucho más allá e incorpora también sanciones contra los llamados “eventos ilegales” multitudinarios, una fórmula ambigua que apunta directamente al uso del espacio público, así como contra el top manta, una medida denunciada desde hace años por organizaciones sociales y antirracistas por criminalizar la supervivencia de personas migrantes.
También se incluye el uso del espacio público —como parques y jardines— para pernoctar o realizar un uso “indiscriminado y excluyente”, una redacción que abre la puerta a sancionar a personas sin hogar por dormir en la calle. En este sentido, persigue y multa lo que denomina “mendicidad coercitiva” mediante “una actitud de acoso”, así como la limpieza de parabrisas o la venta de pañuelos en los semáforos por una cantidad de dinero.
Diversos colectivos sociales llevan años alertando de que este tipo de ordenanzas municipales recuperan lógicas de criminalización de la pobreza y control del espacio público que recuerdan a figuras históricas como la Ley de Vagos y Maleantes y otras normativas represivas utilizadas durante el franquismo contra personas pobres, racializadas o consideradas “indeseables”.
La nueva ordenanza incorpora además medidas de claro sesgo islamófobo. El texto prohíbe acceder a edificios y equipamientos municipales a personas que oculten su rostro o impidan su identificación visual —citando expresamente burkas, niqabs, pasamontañas o cascos— sin identificarse previamente ante la Policía Local. La medida recupera uno de los debates impulsados por la extrema derecha en los últimos años y vuelve a situar a Zaragoza en el foco de las políticas de señalamiento hacia la población musulmana.
Entre las infracciones graves, castigadas con hasta 1.500 euros, aparecen prácticas como el botellón con tres o más personas, los servicios sexuales retribuidos en el espacio público o los insultos y humillaciones en la vía pública. En la misma categoría se limitan las libertades en las despedidas de soltero / soltera en las que se prohíbe, textualmente, el “uso de ropa o complementos que representen genitales del ser humano o con muñecos de carácter sexual”.
Las infracciones leves, con multas de hasta 750 euros, incluyen orinar o escupir en la calle, no recoger excrementos de mascotas, arrojar colillas o basura al suelo, manipular contenedores o abandonar bicicletas y patinetes en la vía pública. La ordenanza también castiga los grafitis y las pintadas, así como la colocación de pancartas, carteles o banderolas en edificios de titularidad municipal.
Elena Tomás: “Comprada directamente del manual de la ultraderecha”
Desde Zaragoza en Común han cargado con dureza contra una ordenanza que consideran “un paso más en una agenda ideológica basada en renunciar a mejorar los barrios, a la mediación comunitaria y a la convivencia, para sustituirlas por medidas meramente punitivas compradas directamente del manual de la ultraderecha”. La formación recuerda además que el debate sobre el burka ya había sido impulsado previamente por PP y Vox.
La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha denunciado especialmente las sanciones a personas sin hogar. “Es totalmente absurdo, y un ejemplo claro de odio al pobre, plantear sanciones a personas que ni siquiera tienen un lugar donde dormir. No quieren solucionar ningún problema: solo recaudar a costa de quienes menos tienen”, ha criticado.
Tomás ha ido más allá y ha vinculado la ordenanza con la política de grandes proyectos impulsada por el Gobierno municipal. “Estamos ante una ordenanza que no busca convivir mejor, sino pagar las ínfulas hollywoodienses del Distrito 7 y proyectos como la Nueva Romareda a base de multas a los vecinos y vecinas de Zaragoza”, ha afirmado. “El ‘yo invito, tú pagas’ que tanto criticaban ahora lo aplican con entusiasmo, pero pasando la factura a toda la ciudad”, ha concluido.
Lola Ranera: “Un documento sin acuerdos, diálogo ni consenso”
También el PSOE ha criticado el contenido y las formas del nuevo texto. La portavoz socialista, Lola Ranera, ha recordado que su grupo llevaba años reclamando una ordenanza cívica, pero ha reprochado a Chueca haber elaborado el documento “sin acuerdos, diálogo ni consenso” con los grupos políticos ni con las asociaciones vecinales.
Ranera ha señalado que la ordenanza “recoge cuestiones que tienen que ver más con la ideología que con la necesidad de regular la convivencia cívica en la ciudad” y ha puesto como ejemplo las sanciones a personas sin hogar. “¿De verdad se cree Natalia Chueca que esas personas que duermen en la calle van a poder pagar una sanción de 3.000 euros? ¿No entiende Chueca que si tuvieran ese dinero estarían viviendo en una casa?”, ha cuestionado.
La portavoz socialista ha acusado además a la alcaldesa de acercarse “cada vez más” a las posiciones de Vox y la ultraderecha. “Será la alcaldesa la que deba decidir si quiere llegar a consensos y acuerdos o prefiere seguir haciendo demagogia e ideología de ultraderecha como hasta ahora”, ha concluido.
