Nuevamente se ha entrado en una batalla por el poder. No importa en qué escenario ni en qué tipo de circunstancias. Lo importante es desgastar al ‘ocupa’ de la Moncloa a cualquier precio.
En circunstancias de normalidad política, es decir, estando las cosas como dios manda, con el PP en el Gobierno, nadie, absolutamente nadie, hubiera alzado la voz para buscar quién era el responsable de actuar ante la DANA.
Siendo un gobierno de bolivarianos-chavistas-proetarras-comunistas-ilegítimo-separatista y come niños, es totalmente imprescindible hacerle responsable de la catástrofe, de los robos en viviendas y vehículos, de la tardanza en la respuesta y de la falta de empatía con los damnificados.
En esas encomiendas están los medios de desinformación generalistas estatales y locales. Las cadenas de radio de los Herrera, Federico, Alsina, acompañadas de los programas de tv de Vallés, Griso, Quintana, Motos y por supuesto Ferreras, dejan en el aire la tenebrosa duda de la inacción del Presidente Sánchez.
Para que no quede duda, el dúo Felipe- Guerra continua con su turné revival para neutralizar el contubernio ateo-comunista de Pedro. Los pipiolos de Suresnnes se hubieran saltado la ley para acudir prestos al rescate.
Igual que se la saltaron con la cal viva, con Segundo Marey, con Barrionuevo y con los GAL. Saben muy bien de lo que hablan. Ellos no habrían respetado la Constitución que consagra el Estado de las Autonomías.
En su día el Tribunal Constitucional sentenció no conforme a ley la declaración del estado de alarma. Recientemente el mismo Tribunal, es cierto que con diferentes miembros, ha dictaminado que es procedente la declaración de Estado de alarma en las circunstancias que fue decretado. Esto lo sentencia unos días de especial sensibilidad, con muertos en la calle y la opinión pública reprochando la no intervención del Gobierno Central.
Casualmente la sentencia del constitucional coincide en ambas ocasiones con las demandas de la derecha más reaccionaria. Vamos a tildarlo de ¡Curiosa casualidad!
Seguramente, por las locas cabecitas de los mal pensados, habrá pasado una idea: ¿Por qué no piden Feijoo, Ayuso, Abascal, la Conferencia Episcopal, abogados cristianos y demás entes “españolazos” la aplicación del artículo 155 de la Constitución ante la delictiva actuación del Govern y del presidente de la Generalitat Valenciana? ¿Qué les da miedo, el ridículo o las burlas?
Saben muy bien que sería abrir una puerta por la que podrían ir cayendo, uno tras otro, todos los gobiernos autónomos que ostentan. Pero al mismo tiempo fomentan la incertidumbre apoyándose en la ignorancia popular.
¿Cuántas veces hemos oído aquello de que todos los españoles somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos?
Ya sabemos que las dos son falsas. Hay españoles de 1ª de 2ª de 3ª e incluso de 4ª. En cuanto a derechos podemos empezar por el de una vivienda digna que contempla la sacrosanta Constitución y a partir de ahí ir desgranando nuestros hipotéticos derechos pisoteados.
Sin embargo hay una cosa que se puede cumplir y que no acabamos de asumir. Nuestra absoluta falta de formación y la consiguiente desinformación nos lleva a no entender el funcionamiento de las instituciones del Estado.
No se acaba de entender el estado de las autonomías. La proliferación de comunidades autonómicas auspiciadas por la perversa idea de Fraga Iribarne, fundador de Alianza Popular, marca precursora del Partido Popular, ha dado este resultado. Comunidades autónomas artificiosas para diluir las exigencias nacionalistas. Las demandas de las llamadas comunidades históricas podían poner en peligro la transmutación de dictadura a democracia que deseaban los franquistas y la corona. La “Modélica Transición” estaba en marcha.
El experimento funcionó basándose en la ignorancia de la población y en ello seguimos.
A nadie se le ocurre responsabilizar a la Corona de las subidas de los precios de la gasolina ni del aumento del desempleo. Tampoco nadie dirige su mirada hacia el Gobierno de España cuando no funciona la recogida de basuras o hay problemas en el abastecimiento de agua. Todo el mundo sabe qué asuntos son de responsabilidad gubernativa estatal y cuales dependen del Ayuntamiento.
No pasa con las competencias de las comunidades autónomas. Si no funciona la sanidad las miradas se dirigen hacia el/la ministra de sanidad, si la vivienda es un problema la solución tiene que nacer en el ministerio de vivienda. Así sucesivamente con todas y cada una de las competencias que son responsabilidad absoluta de los gobiernos de las comunidades autónomas.
Ni hemos entendido lo que representa el Estado de las autonomías, ni a ningún representante político con responsabilidades de Gobierno le ha interesado explicarlo convenientemente. De los medios de desinformación mejor no hablar.
No existe nada más manejable que un pueblo ignorante.
