Este martes, 25 de junio, se cumplieron tres años de la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia en el Estado español. La norma cuenta con el aval del Tribunal Constitucional y con el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Sin embargo, son muchos los problemas que se encuentran las personas para acceder a la prestación de ayuda a morir. Por este motivo, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha evaluado el desarrollo de la ley en estos tres años con sus luces y sombras.
Durante estos tres años, DMD ha asesorado a decenas de personas que querían solicitar la eutanasia y ha recopilado todo tipo de experiencias. "Queremos destacar los principales obstáculos que hemos identificado, comentar los datos disponibles y señalar las estrategias que mejor han funcionado para que este derecho pueda ejercerse con normalidad", han remarcado en una comparecencia pública.
Casi un tercio de las personas solicitantes de eutanasia en el Estado español fallecen durante la tramitación de la prestación de ayuda para morir. Es una de las conclusiones que se extraen de la "escasa" información que ofrecen las administraciones implicadas en el desarrollo de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) desde que entrara en vigor, hace ahora tres años. Desde entonces, ocho gobiernos territoriales no han publicado todavía ningún informe de evaluación de la prestación, mientras los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad corresponden al lejano año 2022.
En 2022, un total de 152 personas fallecieron mientras se tramitaba su solicitud de eutanasia, según el informe del Ministerio, que cifra en 576 las solicitudes totales de ayuda para morir. "Sin embargo, no se refleja ninguna información sobre 48 de esos casos porque no existe un informe del médico responsable. En la práctica, los datos disponibles no permiten analizar la situación más que de manera superficial", denuncia el médico y vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Fernando Marín.
En su evaluación de los tres años de la Ley de Eutanasia en España, la asociación DMD critica la "excesiva duración" del procedimiento de ayuda para morir, con una media de 75 días (y una mediana de 55,5) cuando no debería prolongarse más de 35, así como el alto porcentaje de solicitudes denegadas, que asciende al 20% del total. "Además se ignora cuántas personas solicitaron la eutanasia en su testamento vital, porque en 215 casos no aparece este dato en el informe del Ministerio de Sanidad", apunta Loren Arseguet, coordinadora internacional de DMD, que cuestiona la calidad de las cifras ofrecidas por el Ministerio. "El informe transmite una sensación de fragilidad e incertidumbre, denota improvisación y pone en duda la fiabilidad del Sistema de Información de la Eutanasia diseñado por el Ministerio", añade citando un artículo publicado en el último número de la revista de DMD.
Según el informe del Ministerio de Sanidad, en 2022 fallecieron por eutanasia un total de 288 personas en el Estado español. Se trata del primer año completo con datos oficiales, porque en 2021 la ley entró en vigor el 25 de junio, y en los seis meses posteriores se registraron 75 eutanasias. En 2023, según la información recopilada por DMD hasta la fecha, se superó con holgura la cifra de 700 solicitudes y 300 eutanasias.
Los gobiernos territoriales que no han publicado ningún informe de evaluación desde la entrada de vigor dela ley, hace tres años, son Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra. Tampoco Galicia, porque "publicó un PDF de una página que no se puede considerar un informe", afirma Fernando Marín. "La propia Ley de Eutanasia establece que la comisión de garantía y evaluación de cada comunidad autónoma debe elaborar y hacer público un informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la Ley en su ámbito territorial concreto", advierte. Además, la disposición adicional tercera de la ley ordena a los gobiernos territoriales remitir al Ministerio de Sanidad ese informe anual.
Maltrato institucional
"A pesar de la escasez y mala calidad de los datos, las tasas de fallecimientos por eutanasia muestran diferencias notables entre comunidades autónomas", señalan desde DMD. Un hecho que "revela desigualdad en el acceso a esta prestación entre distintos territorios". Además, la asociación muestra su preocupación por el "maltrato institucional" que reciben algunas personas solicitantes de la prestación de ayuda para morir, lo que supone un "sufrimiento añadido" para estas personas y sus familias.
Estos casos, "aunque no sean en absoluto la norma, son muy significativos, porque todos han pasado por el trámite de valoración de la comisión de garantía, y delatan las limitaciones y en ocasiones los excesos de estas comisiones", explica Fernando Marín. En algunos de estos casos, "han llegado a describir el trato recibido como cruel, y eso nos lleva a preguntarnos si existen miembros de las comisiones de garantía y evaluación dispuestos a boicotear la ley por motivos ideológicos, políticos o corporativos".
Un reglamento necesario
Con el propósito de mejorar la aplicación de la ley y garantizar el derecho a la eutanasia en todos los territorios del Estado español, DMD ha trasladado al Ministerio de Sanidad 18 propuestas para que se incluyan en el Manual de Buenas Prácticas de Eutanasia.
Entre ellas, que "el Ministerio proponga un modelo de informe para todas las comunidades autónomas y una fecha de publicación; que impulse una comisión estatal de la eutanasia y recomiende que los miembros de las comisiones de garantía y evaluación no sean objetores de conciencia". "Estas comisiones deberían ser órganos administrativos que verifican el cumplimiento de lo que marca la ley. Sin embargo, en muchas ocasiones se están comportando como un tercer evaluador, poniendo en cuestión o incluso contradiciendo las conclusiones de los clínicos que han intervenido en el proceso deliberativo de cada caso", expone Loren Arseguet.
Por todo ello, DMD reclama al Ministerio de Sanidad la creación de un reglamento para la Ley de Eutanasia que aclare este tipo de cuestiones, defina los mínimos exigibles y sitúe los contenidos de la ley en la realidad sociopolítica. "Entendemos que este reglamento debe ser elaborado y aprobado por el Gobierno sin dilatar más esta y otras indefiniciones que están contribuyendo a la desigualdad entre territorios", sostiene el vicepresidente de DMD, Fernando Marín.
