La regulación de la eutanasia permite mantener la dignidad de la persona hasta el último suspiro en el proceso de morir, respetando su voluntad, su intimidad, acompañándola y prestándole una atención de calidad”. Así ha descrito la consejera de Sanidad, Sira Repollés, el hito que supuso la aprobación de esta ley hace un año, en una mesa redonda celebrada y organizada por la Dirección General de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios.
“Se trata de un ejemplo de empatía legislativa con los que padecen un sufrimiento físico o psíquico intolerable para no añadirles más sufrimiento, el jurídico”, ha añadido la consejera en la presentación de la mesa, a la que se han inscrito 360 personas y en la que han participado Javier Olivera, psiquiatra y presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia; Mayte Clares, enfermera y miembro de la comisión; Juan Herrero, catedrático de la Facultad de Derecho y miembro de la comisión; Pedro Luis Blasco, profesor de Ética de la Universidad de Zaragoza; Javier Arredondo, presidente del Foro Aragonés del Paciente; y Consuelo Miqueo, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente.
“Quiero recordar que para poder solicitar la prestación se tiene que sufrir una enfermedad incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. La decisión es exclusiva de la persona que está viviendo esa situación. No hay posibilidad de delegación. Es un derecho y no una obligación y es extremadamente garantista”, ha recordado Repollés.
En este sentido, durante este tiempo (8 meses de aplicación efectiva de la norma), a la Comisión de Garantía y Evaluación han llegado 14 solicitudes, de las que 3 se han resuelto de forma positiva.
El procedimiento para pedir la eutanasia
Cabe recordar que el procedimiento para solicitarla comienza con la petición por escrito del ciudadano al médico responsable de su tratamiento, en dos ocasiones en el plazo de 15 días. Posteriormente, es analizada por el médico responsable del paciente y, después, por un segundo médico antes de pasar a la Comisión de Garantía y Evaluación (CGE), un órgano administrativo de carácter multidisciplinar que la aprueba o desecha definitivamente después de que dos de sus miembros hayan estado verificándola durante 11 días.
La ley recoge la objeción de conciencia, un derecho al que se han acogido 967 sanitarios y sanitarias de Aragón, tanto de Atención Primaria como de Especializada, uno de los territorios con más objetores entre sus profesionales.
Por ello, el Departamento de Sanidad va realizar un esfuerzo suplementario en la formación y el asesoramiento al equipo asistencial de los centros de salud con la participación de un profesional clínico y de equipos de apoyo. Ese refuerzo se hará extensivo a todo el personal sanitario con cursos, foros, sesiones clínicas y talleres.
Ya se está realizando, de hecho, un Curso de atención en el final de la vida y eutanasia para personal médico, de enfermería, trabajo social y de psicología, con más de 400 personas inscritas.
