Torrero vuelve a responder. Apenas unos días después de que el Gobierno municipal de Natalia Chueca activara el procedimiento para desalojar el CSO Kike Mur, la asamblea del centro social y el tejido vecinal del barrio zaragozano han hecho pública una contundente respuesta: “No vamos a aceptar el desalojo y el borrado de memoria de este espacio”.
El comunicado, difundido este jueves junto a asociaciones vecinales y colectivos sociales de Torrero, rechaza frontalmente la operación impulsada por PP y Vox en la antigua cárcel y deja claro que no habrá salida voluntaria. “No vamos a marcharnos voluntariamente ni a facilitar una operación que pretende borrar más de quince años de trabajo colectivo, memoria y lucha en el barrio de Torrero”, afirman.
Para el CSO Kike Mur y el tejido comunitario que lo respalda, el proyecto anunciado por el Ayuntamiento no responde a una necesidad social urgente ni a una decisión técnica, sino a una operación política dirigida contra los espacios autogestionados de Zaragoza. En ese sentido, sitúan esta ofensiva en la misma línea que el cierre del CSC Luis Buñuel, los conflictos en torno a la Harinera, el desalojo del CSO Loira o el de La Fábrika de Chocolate. También los ataques a las Casas de Juventud, la censura en charlas y actos políticos y la creación de un “modelo de ciudad basado en la gentrificación”.
La respuesta llega, además, en un contexto de creciente malestar en Torrero por el maltrato del Ayuntamiento al barrio. Precisamente este jueves, la Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia denunciaba la “permanente” falta de información del consistorio sobre proyectos que afectan directamente al distrito, desde el centro de datos de Microsoft al parque de tormentas, el futuro del Parque de Atracciones o el propio desalojo del CSO Kike Mur: “Nos enteramos por los medios”, resumían.
Este mismo día, la Asociación Vecinal Venecia y la Asociación Cultural El Cantero denunciaban también un nuevo golpe contra la cultura comunitaria tras verse obligadas a suspender la Fiesta del Sol, una de las citas más arraigadas y reivindicativas del barrio. Las entidades habían solicitado aplazarla al 16 de mayo ante la previsión de lluvias, posibilidad contemplada expresamente en la petición inicial, pero el Ayuntamiento ha rechazado autorizar el cambio de fecha.
“No es un edificio vacío, es un espacio vivo”
En su comunicado, la asamblea del CSO Kike Mur desmonta el relato institucional construido por el Gobierno de Chueca. “El CSO Kike Mur no es un edificio vacío ni privativo”, subrayan. Lo definen como un espacio “vivo”, con actividad constante y abierto al barrio, sostenido durante más de quince años por relaciones de apoyo mutuo con asociaciones vecinales, colectivos y personas que utilizan el espacio cotidianamente. “El barrio nos quiere aquí”, subrayan.
Recuerdan además que el centro social ha funcionado como punto de encuentro y participación ciudadana, espacio para visitas de memoria histórica con colegios y colectivos, lugar de solidaridad y apoyo mutuo —como durante la DANA o mediante iniciativas comunitarias de recogida de alimentos y fondos— y también como espacio político donde diferentes colectivos “se encuentran y organizan para seguir enfrentando el capitalismo y otras opresiones”.
La asamblea denuncia que el Ayuntamiento pretende imponer “su modelo único de luces y espectáculo para unos pocos”, mientras desmantela proyectos autónomos y comunitarios arraigados en los barrios.
Otro comunicado, publicado previamente por el CSO en sus redes sociales, va en la misma línea y señala directamente a los “medios de comunicación al servicio del Estado y el capital” por utilizar la polémica como “carne de viralidad” para desviar el foco de los casi 16 años de trabajo comunitario desarrollados en el espacio.
“Odian que seamos capaces de organizarnos, formarnos y disfrutar al margen de su orden establecido”, afirman desde el centro social, que se declara ya “en estado de alerta por desalojo”.
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Memoria histórica frente al “borrado”
Uno de los ejes centrales de la respuesta vecinal pasa por la memoria histórica ligada a la antigua cárcel de Torrero. La asamblea del CSO y los colectivos del barrio denuncian que el desalojo pretende “borrar el pasado de represión del espacio” y eliminar el simbolismo histórico de la que fue la última cárcel franquista de Zaragoza.
Recuerdan que por sus muros pasaron primero opositores antifranquistas que acabarían fusilados en las tapias del cementerio y, posteriormente, fueron represaliadas personas insumisas y activistas, entre ellas Kike Mur, el joven insumiso al que dejaron morir entre estos muros en una noche de verano de 1997 y cuyo nombre da hoy identidad al centro social.
Frente a ello, reivindican la transformación que han dado a la antigua cárcel, que “antaño albergó tanta tortura, muerte y sufrimiento” y que hoy es “un espacio lleno de vida”, asegurando además que lo seguirá siendo “ya sea aquí o en cualquier otro lugar”. “Porque no es solo el espacio lo que perdura, sino todas las ideas que florecen entre sus muros”, remarcan.
“Torrero fue un barrio frontalmente afectado por la existencia de la cárcel”, recuerdan desde el CSO, señalando tanto la estigmatización histórica del barrio como la cercanía vecinal a la represión ejercida intramuros.
Chueca, el ruido y los problemas inventados
La respuesta del barrio también cuestiona el relato construido estos días por el Gobierno municipal y parte de la maquinaria mediática alineada con él. Mientras se acumulan los problemas y fiascos recientes del Ejecutivo de PP y Vox —como el caos del proyecto Distrito 7 en Giesa o la crisis abierta en torno al Parque de Atracciones—, en Torrero interpretan la ofensiva contra el CSO Kike Mur como una maniobra para desviar el foco y generar confrontación donde no existía.
Las críticas apuntan directamente a las declaraciones de Chueca en distintos medios, donde la alcaldesa ha alimentado un discurso de victimismo alrededor de una supuesta amenaza de muerte que no se corresponde con los hechos conocidos hasta ahora. “No quiero acercarme a Torrero. Me da miedo”, llegó a afirmar ante las cámaras de Cuatro.
El argumento municipal choca además con una realidad evidente en Torrero: el distrito ya cuenta con dos centros municipales para personas mayores, el de la calle Monzón y el de La Paz, en la calle Oviedo, ambos plenamente operativos.
“Estas políticas buscan que nos quedemos soles, aislades y tristes. Sin espacios para organizarnos ni crear relaciones humanas fuera del consumo”, denuncia el comunicado conjunto, que insiste en que el Ayuntamiento pretende imponer un equipamiento que “el barrio no demanda” mientras “son ignoradas las necesidades reales, como la mejora de los centros de mayores ya existentes o que la antigua cárcel de Torrero siga siendo un espacio de memoria histórica”.
“Vamos a defender el CSO Kike Mur”
No es la primera vez que el CSO Kike Mur se enfrenta a amenazas de cierre. Desde su apertura, el espacio ha vivido distintos episodios de fuerte presión política y judicial por parte de las instituciones. El 20 de enero de 2011, un amplio operativo policial desalojó temporalmente a las personas que ocupaban la antigua cárcel. Durante aquella intervención, once personas —conocidas como “lxs once del tejado”— permanecieron subidas en la cubierta del edificio como forma de resistencia frente al desalojo.
Pocos días después, una multitudinaria manifestación recorrió Torrero y permitió la reapertura del espacio. En 2012, aquellas once personas fueron juzgadas y condenadas por usurpación a tres meses de pena-multa a razón de tres euros diarios —270 euros por persona— además de dos años de antecedentes penales. La represión judicial continuó un año más tarde. En 2013, un vecino de Torrero que había participado en las protestas contra el desalojo fue condenado a seis meses de prisión y al pago de 1.080 euros, pese a la falta de pruebas, en un caso que provocó una fuerte respuesta solidaria en el barrio.
Ya durante los mandatos de PP y Vox, entre 2019 y 2023, el Ayuntamiento, con Jorge Azcón al frente, volvió a activar distintas amenazas contra el centro social. Sin embargo, el arraigo vecinal y las movilizaciones lograron frenar los intentos de clausura, un escenario que el tejido social del barrio aspira ahora a repetir frente a la nueva ofensiva municipal.
Ahora, la asamblea del CSO concluye su comunicado apelando nuevamente a la solidaridad y a la movilización para proteger “este espacio que ya es de todes”. Aseguran que defenderán el centro social “con todos los medios” a su alcance y rechazan reconocer la legitimidad de un desalojo “que ignora al barrio y destruye tejido comunitario”. El mensaje final es también una llamada abierta a la ciudad, a la protesta en defensa del espacio autogestionado: “Si el CSO Kike Mur cae, Zaragoza se levanta”.
