Zaragoza se integra en VioGén seis años después del anuncio de Azcón y en vísperas del 25N

La firma del protocolo entre Ayuntamiento y Delegación del Gobierno español en Aragón para la protección a las víctimas de violencia machista llega tras años de retrasos, polémicas y anuncios incumplidos del gobierno PP

Chueca y Beltrán durante la firma del protocolo | Foto: Daniel Marcos / AZ

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación del Gobierno en Aragón firmaron este lunes la incorporación de la capital aragonesa al sistema estatal VioGén de protección a las víctimas de violencia machista. La adhesión culmina un proceso iniciado en 2019 —cuando Jorge Azcón la anunció públicamente— y que se ha dilatado seis años entre polémicas, descoordinación y cambios de discurso por parte del gobierno municipal del PP, cuya agenda en esta materia ha estado permanentemente supeditada al ultraderechista Vox.

La firma, rubricada por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el delegado del Gobierno español en Aragón, Fernando Beltrán, llega además en la víspera del 25N, Día internacional contra las violencias machistas, y fue anunciada en plena conmoción por el feminicidio de Eugenia, la vecina del barrio de San José asesinada el 4 de noviembre por su expareja —un crimen que volvió a evidenciar la urgencia de reforzar todas las herramientas institucionales contra las violencias hacia las mujeres—.

Según la nota remitida por el Ayuntamiento, la alcaldesa Natalia Chueca anunció la creación de una unidad específica dentro de la Policía Local con solo nueve agentes, que se encargarán de proteger al 30% de las mujeres incluidas en VioGén en nivel de riesgo bajo. El sistema establece cinco niveles: extremo, alto, medio, bajo y no apreciado. La atención de los casos de nivel medio se mantendría en la Policía Nacional.

Fuentes del Ministerio español del Interior citadas por elDiario.es recuerdan que Zaragoza era ya una de las pocas grandes ciudades del Estado que no formaba parte de VioGén, uniéndose ahora a Madrid, Barcelona y València como cuarta gran ciudad integrada.

Sin embargo, el alcance real de esta nueva unidad genera dudas entre entidades feministas y profesionales: nueve agentes para una ciudad de 700.000 habitantes y más de 1.000 casos activos al año plantea interrogantes sobre la eficacia real, la carga de trabajo y la capacidad de seguimiento de los casos.

Seis años de retrasos y un relato municipal que elude responsabilidades

En la nota oficial, Chueca responsabilizó a los anteriores gobiernos progresistas de no haber impulsado la entrada en VioGén desde 2007, obviando que el propio Gobierno PP-Cs lo anunció en 2019, lo volvió a anunciar en 2022, y dejó pasar toda la legislatura sin firmarlo. El acuerdo se ha cerrado finalmente en 2025, tras negociaciones —a veces tensas— con el Ministerio español del Interior, sindicatos policiales y servicios municipales.

Durante estos años, profesionales de la Casa de la Mujer y organizaciones feministas han reclamado reiteradamente la integración en VioGén, alertando de la falta de coordinación, de información compartida y de seguimiento de casos. Zaragoza era una de las pocas ciudades de su tamaño que seguía fuera del sistema.

La firma se produce, además, en pleno debate sobre los recortes, la precarización y el horario limitado del CAIVIS y de la Casa de la Mujer, donde en lo que va de año han sido atendidas 829 mujeres. La respuesta municipal ha estado marcada por la falta de recursos y por un modelo que prioriza anuncios frente a refuerzos estructurales.

Contexto de emergencia: feminicidios y 25N

La adhesión llega en un momento especialmente duro para Zaragoza. El feminicidio de Eugenia sacudió al barrio de San José y reactivó las demandas del movimiento feminista, que denuncia la insuficiencia de los recursos municipales y reclama dotaciones reales para garantizar la seguridad de las mujeres.

La proximidad del 25N convierte la firma en un gesto simbólico que busca situar al Ayuntamiento en el discurso de la “lucha contra la violencia machista”. Sin embargo, la puesta en marcha dependerá de la validación del Ministerio español y de un proceso posterior de selección, negociación y formación que puede alargarse varios meses.

Mientras tanto, las organizaciones feministas recuerdan que la protección efectiva no se limita a los anuncios ni a las fotos: exige recursos estables, profesionales suficientes, coordinación interinstitucional real y voluntad política sostenida.

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