Como destapó la Directa hace unos meses, en junio de 2020, un agente del Cuerpo Nacional de Policía español (CNP) se infiltraba en la izquierda independentista y en el movimiento por el derecho a la vivienda de Barcelona bajo la identidad falsa de Marc Hernández Pons. No era un caso aislado. En paralelo, otro agente del cuerpo aterrizaba en el centro social okupado La Cinétika para infiltrarse en los movimientos sociales de la capital catalana bajo la identidad falsa de Daniel Hernàndez Pons.
Dos semanas después de destapar el segundo infiltrado, la Directa pudo confirmar que no estaban solos. En marzo de ese mismo año 2020, un joven que se hacía llamar Ramón Martínez Hernández se introducía en el movimiento popular de València. Según ha certificado la Directa gracias a una larga y minuciosa investigación, su identidad real corresponde a las iniciales R. M. F., es agente de la policía española y originario de un municipio costero de la comarca catalana del Baix Llobregat (aunque en el ámbito del activismo valenciano se presentaba como criado en Hospitalet de Llobregat), donde residió hasta que se incorporó a la escuela de policía de Ávila.
La revelación de este nuevo caso de espionaje y los múltiples vínculos entre los tres agentes policiales evidencian que estamos ante una operación coordinada para espiar el activismo de izquierdas y anticapitalista de los Països Catalans, bajo la batuta del comisario general de información, Eugenio Pereiro Blanco, y bajo una estructura jerárquica encabezada por el ministro del Interior español Fernando, Grande-Marlaska.
A principios de marzo de 2020, ya con la identidad falsa y poco antes de cumplir 28 años, Ramón aparecía por primera vez en Cuidem Benimaclet, una asamblea vecinal abierta que aglutina a familias, personas mayores y jóvenes para detener la ejecución de un proyecto urbanístico en este barrio de València. Poco después, se integra en el activismo del Centro Social Okupado Anarquista (CSOA) l'Horta, mediante su entrada en el grupo que practica el deporte de combate muay thai, y en Grama, la red de reparto de alimentos de Benimaclet.
También llegó a matricularse en el grado de Trabajo Social en la Universidad de València (UV), donde comienza a asistir a clase en septiembre de 2020. Paralelamente, utiliza como carta de presentación una supuesta actividad política en la Izquierda del Eixample de Barcelona durante el proceso independentista, así como la predisposición a “ocupar la primera línea de lucha”.
Varios testigos explican en la Directa que Ramón Martínez fue uno de los impulsores del grupo de vecinas que algunas noches salían a tumbar las vallas que había colocado la promotora Metrovacesa en el perímetro de los terrenos del PAI y que él mismo echó abajo algunas.
La publicación de la infiltración de Marc Hernández Pons en junio de 2022 hizo despertar las primeras sospechas a varias personas del entorno de Ramón Martínez. El modus operandi de ambos agentes se parecía demasiado: falta de información sobre su pasado, una vertiginosa militancia a muchos colectivos en poco tiempo y, en el caso del infiltrado en València, una repentina desaparición que hacía dudar de la veracidad de su historia.
Ha sido expulsado de todos los canales de comunicación colectivos el 13 de febrero de 2023. Desde el movimiento popular de Valencia, una vez conocido el caso, se pide no entrar en pánico: “No nos aislamos en nuestras casas. Si ha habido un infiltrado, es que estamos haciendo las cosas bien. No nos recojamos. Al revés, debemos seguir militando, con cuidado y autoprotección y revisando nuestras prácticas”, asevera una militante del CSOA l'Horta en declaraciones a la Directa.
Uno de los aspectos más significativos de esta infiltración policial es que el activista ficticio pudo realizar varios trámites legales y administrativos con su identidad falsa. Cabe destacar que los documentos de identidad falsos sólo pueden expedirlos el Ministerio del Interior español.
¿Cuál es el papel del Ministerio en todo esto?
En el Estado español, la infiltración policial y la figura del policía encubierto están reguladas por el artículo 282 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, que establece que el juez de instrucción competente, o el Ministerio Fiscal, “podrán autorizar funcionarios de la policía judicial, mediante resolución fundada, a actuar bajo identidad supuesta ya adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir su incautación”. Hablamos, pues, de una metodología especial de investigación caracterizada por ser más agresiva con el sistema de garantías que el resto de medios convencionales y, por eso, el desarrollo de la infiltración policial sólo se contempla en determinadas circunstancias y exclusivamente en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
Sin embargo, en los casos de infiltrados policiales destapados hasta ahora por la Directa, la reacción oficiosa del Ministerio del Interior español ha sido asegurar que ambos agentes descubiertos en Barcelona no necesitaban una autorización judicial porque eran “agentes de inteligencia ” bajo las órdenes de la Comisaría General de Información, y no agentes encubiertos.
