Organizaciones de la sociedad civil exigen una reforma urgente de esta ley en un acto en Madrid. "Las autoridades deben garantizar el derecho a la protesta sin temor a represalias ni criminalización. No es una cuestión partidista, sino una obligación en materia de derechos humanos".
La jueza pone fin al proceso penal interpuesto por Julio Pacheco Yepes, al que tomó declaración en septiembre de 2023, tras haber sido torturado en agosto de 1975. Fue la primera vez que víctimas del franquismo declaraban en los juzgados españoles. "La Ley de Memoria de 2022 sigue siendo insuficiente para acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo. Todas las querellas presentadas con posterioridad a la entrada en vigor de esta norma han sido inadmitidas y/o archivadas", ha denunciado CeAQUA anunciando que las entidades memorialistas y de derechos humanos seguirán luchando "por romper el muro de impunidad".
El Informe Sombra confirma vulneraciones cometidas por el Estado español, firmante de la Convención, en cuestiones como el uso de material antidisturbios altamente lesivo y potencialmente letal en las manifestaciones y en sus fronteras, tolerar ilegalmente ‘devoluciones en caliente’, uso de la fuerza policial con motivación racista, centros de privación de libertad , no investigar y documentar la tortura, no realizar investigaciones efectivas sobre los crímenes del franquismo, y a esto se suma que el Estado español sigue sin reconocer oficialmente, y aplicar en plenitud, el Protocolo de Estambul.
El PSOE vuelve a alinearse con las derechas y la ultraderecha para tumbar en el Senado una iniciativa legislativa que pretendía modificar el Código Penal para introducir el principio de legalidad. Para CeAQUA, Amnistía Internacional Iridia, se trata de "un paso más para bloquear la investigación y enjuiciamiento de los crímenes franquistas".
El ya cercano final de legislatura certifica que el PSOE ni deroga, como prometió en elecciones, ni reforma, tras fracasar sus negociaciones parlamentarias, la conocida como Ley Mordaza. Otra oportunidad perdida para la protección de los Derechos Humanos en el Estado español.
El agente utilizó las relaciones sexoafectivas como forma de introducirse en los movimientos asociativos de la ciudad. Solo en los últimos nueve meses se han documentado tres casos.
Representantes de colectivos y organizaciones como No Somos Delito, Amnistía Internacional, Greenpeace, Iridia o la PDLI, se han concentrado este viernes en silencio frente a la sede del Congreso español para denunciar siete años de mordazas y exigir el fin de las devoluciones en caliente
Sin que se haya decretado un confinamiento general como en los meses de marzo a mayo, Instituciones Penitenciarias ha vuelto a aplicar una medida tan drástica como la suspensión de las comunicaciones, incluso por locutorios, lo que vulnera un derecho fundamental
Sindicatos policiales, vecinos y vecinas del pueblo andaluz, asociaciones feministas, y organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos han exigido explicaciones al ministro español Marlaska y la expulsión preventiva del cuerpo de policía de los presuntos agresores implicados.
Entidades y organizaciones de juristas de los diferentes territorios del Estado español hacen un llamamiento a la "responsabilidad" y la "transparencia" de un CGPJ con mandato caducado y piden que deje de actuar con "abuso de derecho"
Una serie de colectivos han firmado un comunicado titulado “No podréis silenciar que en las cárceles se tortura” donde se argumenta que hay un intento de criminalizar a las redes de solidaridad y denuncia debido a que en los últimos años están creciendo las querellas contra quienes visibilizan estos casos
El titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona asume todas diligencias que solicitaron en su querella las heridas representadas por el Centre Iridia para la defensa de los Derechos Humanos
Aquesta organització vol integrar el treball d’intervenció directa davant de situacions de vulneració dels drets fonamentals, amb els processos d’incidència política i social, amb l’objectiu de generar canvis polítics i legislatius en matèria de drets humans