La futura reforma de la Ley Mordaza no eliminará los elementos más dañinos para los derechos humanos

Representantes de colectivos y organizaciones como No Somos Delito, Amnistía Internacional, Greenpeace, Iridia o la PDLI, se han concentrado este viernes en silencio frente a la sede del Congreso español para denunciar siete años de mordazas y exigir el fin de las devoluciones en caliente

Foto: No Somos Delito

Este viernes, 1 de julio, se cumplían siete años desde que entrara en vigor en el Estado español la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Con motivo de esta triste efemérides, colectivos como No Somos Delito, Amnistía Internacional, Greenpeace, Iridia o la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) se concentraron ese día en las puertas del Congreso español para denunciar esta ley que sigue vigente, así como exigir el fin de las devoluciones en caliente.

Pero hay otra razón más para esta concentración. Dentro de muy poco se va a reformar la Ley Mordaza pero tal y como se ha planteado la reforma, “la protesta seguirá amordazada”, denuncia Amnistía Internacional. El acuerdo de gobierno para la reforma de la ley ha llegado con bastantes años de retraso pero tal y como se plantea no prevé eliminar los elementos que más dañan los derechos humanos, siendo un maquillaje a la Ley Mordaza.

Hace ya 7 años que la Ley Mordaza se utiliza para recortar nuestros derechos, para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que actúan en la defensa de los derechos humanos. Por ello, han iniciado una campaña de firmas antes de que tenga lugar la reforma de la ley, antes de que “se convierta en una Ley Mordaza Maquillada”.

Manifiesto

En el manifiesto leído este viernes, los colectivos recuerdan que esta ley se ha empleado de manera recurrente desde su aprobación en 2015 para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que se moviliza en la defensa de los derechos humanos. También ha servido para vulnerar los derechos humanos de personas en situación de mayor vulnerabilidad.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana lleva tiempo sin avanzar, se boquea el proceso de tramitación legislativa una y otra vez. Pero además, tal y como se ha planteado, “la protesta seguirá amordazada”, según denuncian. “El acuerdo de gobierno para la reforma de la ley llegó en noviembre de 2021 con muchos años de retraso, pero lo que es peor, no plantea eliminar los elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo un maquillaje a la Ley Mordaza”, señala el manifiesto.

No se olvidan de denuncian que desde la aprobación de la reforma de la ley en 2015 y hasta diciembre 2019 se impusieron cerca de 140.000 sanciones en base únicamente a dos artículos: “resistencia, desobediencia o negativa a identificarse" (36.6) y "faltas de respeto a la autoridad" (37.4). Esto supone el 70% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana.

Ninguno de estos artículos es abordado por el acuerdo de reforma. Tampoco se pretende modificar el artículo relativo a la “difusión de imágenes” de actuaciones policiales.

Tampoco se prohíbe el uso de balas de goma ni incluye la prohibición expresa de redadas racistas, tamopco plantea eliminar la aparente cobertura legal dada por la ley a las conocidas como devoluciones en caliente.

Ahora que se está negociando la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, “debe derogarse la disposición adicional que busca dar cobertura legal a las expulsiones sumarias de Estado español a Marruecos”, señalan, más después de lo ocurrido el pasado 24 de junio en la frontera con Melilla.

“Hoy, una vez más, volvemos a reclamar que es necesario acabar de una vez por todas con las mordazas”, finaliza el manifiesto.

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