Ante la decisión adoptada este martes por la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados y Diputadas de no seguir adelante con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana -Ley Mordaza-, entidades como Amnistía Internacional, No Somos Delito, Greenpeace, IRIDIA, Defender a quien Defiende, Ris, Novact y Legal Sol, manifiestan que:
- No continuar con la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley Mordaza es una oportunidad perdida y una noticia pésima para los Derechos Humanos en el Estado español. Esta norma ha impactado de forma muy negativa en el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y en los derechos de las personas migrantes y refugiadas, durante los casi 8 años que lleva en vigor.
- Su modificación era muy necesaria y algo reclamado desde hace años por diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos, como la Comisaria de Derechos Humanos y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, por su potencial represivo.
- Es indudable que aspectos claves de la ley han llegado a la votación de este martes sin las modificaciones necesarias para considerar que habían sido corregidos y ajustados a lo que disponen los estándares internacionales de derechos humanos. Pero había un trabajo de negociaciones y acuerdos que suponía un avance reconocible en derechos, y también había propuestas planteadas para continuar negociando y corregir esos aspectos clave y más lesivos de la ley. La sociedad civil se muestra muy crítica con el hecho de que esta oportunidad para una ley más respetuosa con los derechos humanos se haya dejado pasar.
- También queremos poner de manifiesto el rol jugado por el Ministerio del Interior durante esta tramitación, que ha limitado el alcance de las negociaciones con los grupos parlamentarios en el Congreso y que ha demostrado una vez más su voluntad de no resolver las problemáticas de Derechos Humanos desde la raíz.
- Desde la sociedad civil, tras ocho años documentando y denunciando las vulneraciones de derechos en el marco de la aplicación de esta ley, continuaremos trabajando para tener un #FuturoSinMordazas y una legislación que cumpla con los estándares internacionales de Derechos Humanos. La ley mordaza tarde o temprano será historia. Lo que se ha avanzado debería servir para un futuro cuando se retomen negociaciones.
- Es importante que cuestiones como el rechazo en frontera se regulen de forma urgente como dice el Defensor del Pueblo para evitar que se sigan produciendo devoluciones ilegales. La definición de las infracciones de desobediencia, resistencia o faltas de respeto tiene que mejorarse y precisarse para evitar el impacto desproporcionado que tienen sobre la ciudadanía que se moviliza en la calle. Tiene que avanzarse en la prohibición de las balas de goma, de tal manera que un armamento tan peligroso e inherentemente impreciso no pueda ser usado frente a quienes protestan y frente a los periodistas que documentan las manifestaciones.
El obstinado inmovilismo del PSOE impide la reforma
Descartado hace meses que el PSOE, y Pedro Sánchez especialmente, cumplieran su compromiso público y reiterado de derogar la Ley Mordaza “en cuanto lleguemos al Gobierno”, las esperanzas descansaban sobre la negociación parlamentaria para una reforma que, al menos, eliminara los apartados más lesivos contra los derechos a la protesta y a la libertad de expresión de la antidemocrática ley en vigor. Pero el PSOE no ha querido. Desde que se firmara solemnemente al acuerdo que permitió a Pedro Sánchez ser presidente de Gobierno hasta hoy, el PSOE ha pasado de firmar la derogación a bloquear su reforma defendiendo el articulado actual.
El bloque parlamentario que sustenta el gobierno de coalición PSOE-UP estaba dispuesto a renunciar a la derogación si se eliminaban o reformaban cuestiones como el peligroso uso de pelotas de goma, las -ilegales- devoluciones en caliente, las desorbitadas multas por desobediencia o la desprotección social ante ‘la autoridad’. Pero el PSOE se ha enrocado en no reformar estas cuestiones, y ha presentado el informe sin el consenso necesario.
Así, la Comisión de Interior del Congreso ha votado, con un resultado de 19 votos en contra y 18 a favor, emitir dictamen del informe para enviarlo al Pleno del Congreso, lo que implica el final de su tramite parlamentario.
