Impulsado por la Comisión de Defensa del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) de Madrid, conjuntamente con entidades de Andalucía, Aragón, Galiza o Euskal Herria, han hecho público un comunicado crítico con la decisión del CGPJ de nombrar a 25 altos cargos del Poder Judicial.
El comunicado, de dos páginas, pone de relieve que el actual CGPJ tiene el mandato caducado desde hace más de un año y medio, "hecho que pone en duda la legitimidad de los nombramientos que se van a producir esta semana".
Las entidades, formadas por abogados y abogadas, funcionarios y funcionarias, juezas y jueces, piden que se tenga en cuenta que "el nuevo Congreso de los Diputados recoge una diversidad ideológica que no está reflejada en la composición del órgano de gobierno de los jueces".
"Un CGPJ en funciones por sentido de la responsabilidad y, en aras, al respeto de las nuevas mayorías parlamentarias surgidas de la voluntad expresada democráticamente por la ciudadanía, debería actuar con máxima prudencia y responsabilidad, limitándose en sus funciones -por ser un órgano de naturaleza política- a despachar los asuntos de gestión diaria urgentes e inaplazables únicamente", subrayan en el manifiesto.
En este sentido, sostienen que el CGPJ "estando en funciones" tendría que poner "autolímite" a su actividad "al despacho de los asuntos más urgentes e inaplazables" y no proceder a realizar los "nombramientos discrecionales" que tiene previsto realizar. "Todo ello, para no poner en tela de juicio la voluntad popular refrendada en las urnas de acuerdo con el mandato constitucional", advierten.
Asimismo, en el texto, se pide al CGPJ que deje de actuar con "abuso de derecho" y que se "proceda a evitar el descrédito que conllevaría el nombramiento de altos cargos de la Magistratura" dado que ello "erosionaría indudablemente el sistema de representación política consagrado en la CE para el CGPJ como poder del Estado".
Los nombramientos pendientes se decidirán previsiblemente el jueves, incluidas tres presidencias de Sala del Supremo y tres plazas de la Sala de lo Penal, que revisa las causas de corrupción. El bloque de las derechas y ultraderecha controla 12 de los 21 votos de un Consejo General del Poder Judicial con mandato caducado.
El comunicado, con fecha de este lunes, 28 de septiembre de 2020, está firmado por más de diez entidades del renombre como la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza (ALAZ), la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans o las asociaciones de jueces y juezas Àgora Judicial y la Sociedad Andaluza de Juristas '17 de marzo' .
Asens: "El Poder Judicial está secuestrado por la derecha"
Precisamente, este lunes, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha denunciado que el Poder Judicial está "secuestrado por la derecha" y ha considerado un "atentado a la Constitución" que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, pretenda renovar jueces cuando su mandato está caducado.
En declaraciones a TVE, Asens ha considerado que las críticas del PP al ministro español de Consumo, Alberto Garzón, por acusar al rey de conspirar contra el Gobierno, son una "estrategia" para desviar la atención de lo que él considera "importante": la situación del Poder Judicial.
Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, criticaba en Twitter: "Carlos Lesmes fue ocho años alto cargo en gobiernos de Aznar. Lleva dos años presidiendo el Poder Judicial en funciones, es decir, sin legitimidad democrática. Desde ahí, pretende nombrar tres jueces vitalicios en la sala que juzga a los corruptos del PP".
Estas críticas se producen tras el comunicado conjunto del PSOE, Unidas Podemos, ERC, JxCat, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canaria, que han exigido al resto de los grupos que, "de manera inmediata, cese el bloqueo y colaboren en la renovación de las principales instituciones del Estado".
