Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional, Defender A Quien Defiende, Greenpeace, Irídia, Legal Sol, No Somos Delito, Novact, CGT, Rights International Spain y Red Acoge, instan a que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, se concrete antes del décimo aniversario de su entrada en vigor en julio y que el nuevo texto cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.
"Las autoridades deben garantizar el derecho a la protesta sin temor a represalias ni criminalización. No es una cuestión partidista, sino una obligación en materia de derechos humanos", han declarado las organizaciones.
En este contexto, este viernes, 28 de marzo, han llevado a cabo en Madrid un acto de protesta contra la Ley Mordaza y en contra de los controles policiales discriminatorios, a las 18.00 horas en la Plaza Arturo Barea de Madrid. En el acto se ha leído el manifiesto "Parad el racismo y no a las personas", respaldado por más de 260 organizaciones.
Una década de regresión en derechos humanos
El 30 de marzo de 2025 se cumplen diez años de la aprobación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza debido a las restricciones impuestas al ejercicio de derechos y libertades fundamentales.
Durante estos años, el Gobierno y diversos grupos parlamentarios han prometido su derogación o reforma integral en varias ocasiones, sin que hasta la fecha se haya materializado. Los procesos de reforma impulsados entre 2016-2019 y 2019-2023 quedaron inconclusos. Actualmente, en un tercer intento iniciado en mayo de 2024, las organizaciones exigen que la reforma se finalice antes del 1 de julio de 2025, que es la fecha de entrada en vigor de la citada ley.
Impacto de la Ley Mordaza: criminalización de la protesta
Desde su entrada en vigor y hasta 2023 —únicos datos oficiales disponibles hasta ahora—, se han registrado más de 429.000 sanciones por infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana, excluyendo aquellas vinculadas a drogas, armas y explosivos.
Más del 76% de estas sanciones en materia de seguridad ciudadana se han impuesto por infracciones de desobediencia, resistencia o negativa a identificarse (artículo 36.6) y faltas de respeto a la autoridad (artículo 37.4).
Tanto la Comisaria de Derechos Humanos como la Comisión de Venecia del Consejo de Europa han criticado estos artículos por su impacto negativo en el derecho a la protesta. Una ley que, por ejemplo, mantiene en prisión a los seis antifascistas de Zaragoza o condena a las sindicalistas de CNT Xixón, conocidas como 'Las 6 de La Suiza'.
Demandas clave en la reforma de la Ley Mordaza
Las organizaciones exigen que la reforma contemple cinco asuntos clave. El primero pasa por la prohibición expresa del perfilamiento racial en las identificaciones y registros policiales. "Se debe establecer el uso de formularios de parada que recojan datos desagregados, razones objetivas y resultados de las identificaciones, garantizando su publicación y transparencia".
El segundo pide la eliminación del rechazo en frontera. "Debe garantizarse en cualquier caso, el acceso a vías legales y seguras de protección internacional, asistencia letrada y evaluación individualizada de los casos".
El tercero insta a una modificación de las infracciones más lesivas para la protesta, como los artículos 36.6 y 37.4, "evitando su interpretación arbitraria por parte de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad".
El cuarto reclama la supresión del artículo 36.23, que sanciona el uso de imágenes de los agentes durante sus intervenciones policiales, "limitando de esta forma la documentación de abusos y la libertad de información por parte de periodistas y ciudadanía".
Y en quinto exige una "regulación transparente" del uso de material antidisturbios, con la participación de personas expertas y la sociedad civil, "garantizando mecanismos de trazabilidad y control efectivo, así como de rendición de cuentas".
Las organizaciones firmantes del manifiesto reiteran su compromiso de seguir luchando hasta la eliminación de los aspectos de la Ley Mordaza "contrarios al respeto pleno a los derechos humanos" en el Estado español.
Para que la voz de las entidades, los movimientos sociales y la ciudadanía llegue a los despachos y comisiones del Congreso de los Diputados, desde diferentes organizaciones antirracistas y en defensa del derecho a la protesta animan a "todas las personas comprometidas con la libertad" a firmar por la derogación de la Ley Mordaza.
