El supuesto “consenso” entre el Gobierno y la Iglesia católica sobre las inmatriculaciones ha provocado la reacción de la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica (Recuperando), que cuestiona abiertamente el alcance y la existencia real de dicho acuerdo. La organización considera que, si existe un pacto entre ambas partes, “la ciudadanía tiene derecho a conocer su contenido, su alcance y sus consecuencias”, y advierte de que, en caso contrario, “resulta políticamente inaceptable presentarlo como un éxito consumado”.
La polémica surge después de que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes incluyera entre los supuestos “acuerdos históricos” alcanzados con la Iglesia uno “vinculado a los bienes inmatriculados”, según la nota oficial emitida tras la reunión de coordinación Estado-Iglesia con motivo de la visita del papa León XIV al Estado español.
Desde Recuperando aseguran que esa afirmación “no solo sorprende: desconcierta”, ya que sostienen que “poco o nada se ha avanzado en esta materia” desde que el Grupo Parlamentario Socialista impulsara en 2017 una Proposición no de Ley (PNL) para identificar y reclamar los bienes inscritos por la Iglesia sin título suficiente o aquellos que no podían ser objeto de apropiación privada por su carácter público, comunal o histórico.
La coordinadora recuerda que el mandato parlamentario era “cristalino” y se basaba en dos objetivos fundamentales: “conocer y reclamar”. En ese sentido, denuncia que la publicación del listado de bienes inmatriculados entre 1998 y 2015 llegó “tarde y mal”, con años de retraso respecto al plazo fijado por la PNL y dejando fuera las inscripciones realizadas antes de 1998, “precisamente la parte más voluminosa del problema”.
Además, critica que “la información decisiva sigue oculta” y acusa al Gobierno de negar tanto a la ciudadanía como a distintos grupos parlamentarios los datos necesarios para identificar con precisión los bienes inscritos. Según Recuperando, las peticiones realizadas durante años han recibido como respuesta “evasivas, silencios o negativas directas”.
El comunicado también señala que sigue sin aclararse el alcance de las irregularidades reconocidas por la propia Conferencia Episcopal, que admitió que alrededor de un millar de bienes incluidos en el listado no le pertenecían. “A estas alturas, sigue sin conocerse cuál es la situación registral concreta de esos bienes ni qué medidas se han adoptado para corregir esa irregularidad”, denuncia la organización.
Otro de los puntos señalados por la coordinadora es la falta de información sobre las inmatriculaciones realizadas entre 1946 y 1998, un periodo sobre el que “reina la oscuridad” y que constituye, según indican, “la gran mayoría desconocida de lo inmatriculado”.
Recuperando sostiene además que no consta “actuación efectiva alguna” orientada a recuperar bienes inscritos sin título material suficiente ni aquellos que pertenecían al dominio público, algo que, recuerdan, formaba parte del mandato aprobado por el Congreso. “No se ha cumplido el mandato parlamentario ni en su letra ni en su espíritu”, afirman.
Por ello, la organización insiste en reclamar transparencia sobre el supuesto acuerdo entre el Ejecutivo y la jerarquía católica. En su opinión, si dicho consenso no existe, presentarlo como un logro histórico equivaldría “simplemente, a una inaceptable trasferencia a manos privadas de gran parte de nuestro patrimonio histórico y cultural, además de otros bienes de todo tipo”.
