La falta de medios podría estar acelerando los casos de contagio en Aragón. El número de casos de covid-19 confirmados microbiológicamente se ha cuadruplicado desde el 19 de marzo, alcanzando actualmente los 1.116. De ellos, 155 son profesionales sanitarios (en un solo día aumentaron hasta en 40 casos).
En Aragón, tanto en centros hospitalarios como en atención primaria, el personal sanitario no está lo suficientemente protegido. Hay carencia de equipos de protección individual (EPIs) y no se están realizando los test en todos los casos. Siguiendo los protocolos indicados por las gerencias (o la falta de ellos), muchos y muchas trabajadoras siguen realizando su labor sin saber si están contagiados o no, por lo que temen por su seguridad y la de su entorno. El sindicato de médicos CESM-Aragón ya ha presentado una denuncia para exigir medidas al Ministerio de Sanidad.
Aunque se están proporcionando más EPIs (mascarillas, batas impermeables, gafas, etc.) que hace dos semanas, llegan con cuentagotas y no a todos por igual. En muchos casos son los y las propias profesionales las que tienen que fabricar rudimentariamente las protecciones. Del mismo modo, es la población la que, solidariamente y en algunos barrios de manera organizada, se está volcando en la fabricación de protecciones con los recursos de los que disponen.
La realización de los test ha demostrado ser una medida determinante para el control de la pandemia en países como Japón. La propia OMS insta a su realización a todos los sospechosos como única vía para frenar la pandemia del coronavirus. Es, por tanto, imprescindible romper con esta dinámica y destinar todos los esfuerzos a la provisión de EPIs y pruebas de detección fiables de manera sistemática y masiva, para fortalecer los mecanismos de prevención y eliminar al máximo los riesgos de contagio.
El sistema sanitario debería minimizar estos riesgos sin pretender ahorrar material. Si ahorramos en guantes, mascarillas y EPIs gastaremos mucho más en unidades de cuidados intensivos y fármacos, muchos de los cuales, al no disponer de una farmacia pública, en estos momentos no es posible comprar en el mercado.
Cuando esto pase, no nos olvidemos: hay culpables y los conocemos. Preparémonos para salir a la calle hasta conseguir la derogación de la Ley 15/97 y de todas las normas que permiten la privatización de un derecho fundamental que solo se cubre con garantías de forma universal y gratuita.
