La apertura del periodo de información pública del Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, les seves línies d’evacuació i els seus elements d’emmagatzematge (PLATER) ha encendido todas las alarmas en el Pirineo y las comarcas limítrofes de Aragón y Catalunya. La Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica ha convocado una asamblea abierta este viernes en Pont de Montanyana para analizar el alcance del nuevo plan y coordinar la respuesta social y jurídica desde ambos países frente a lo que consideran “una nueva ofensiva de macroproyectos energéticos sobre el territorio”.
El colectivo denuncia que, aunque el PLATER se presenta como una herramienta de planificación territorial, en la práctica supone “una brutal vuelta de tuerca” sobre unas comarcas que llevan décadas soportando embalses, líneas de muy alta tensión y megaproyectos energéticos. Desde la plataforma consideran que el Pallars Jussà y otros territorios pirenaicos, tanto aragoneses como catalanes, continúan siendo utilizados como “espacios de sacrificio para garantizar el abastecimiento eléctrico de los grandes núcleos urbanos e industriales”, mientras las afecciones ambientales, paisajísticas y sociales recaen sobre el mundo rural.
La asamblea tendrá lugar, este viernes 8 de mayo a las 18.00 horas, en Pont de Montanyana, y llega apenas unos días después de conocerse oficialmente la apertura del proceso de participación pública del PLATER. El periodo de alegaciones tendrá una duración de tres meses.
840 hectáreas fotovoltaicas previstas en Pallars Jussà
Según la información trasladada por representantes del Pallars Jussà en la asamblea celebrada el pasado mes de abril, el nuevo planeamiento energético contempla un fuerte impacto sobre la comarca. Los planos ya remitidos a distintos ayuntamientos reflejan el reparto de áreas destinadas a centrales fotovoltaicas en el Pallars Jussà y parques eólicos en el Pallars Sobirà.
La cifra que más preocupación ha generado es la previsión de hasta 840 hectáreas de instalaciones fotovoltaicas en el Pallars Jussà. El municipio más afectado sería Isona i Conca Dellà, donde podrían llegar a implantarse 262 hectáreas de placas solares, por lo que diversos ayuntamientos ya estudian presentar alegaciones.
Desde la plataforma recuerdan que buena parte de la población afectada todavía no había recibido información detallada sobre las dimensiones reales del plan cuando comenzaron a trascender los mapas y documentos técnicos. Por ello, en colaboración con la ‘Xarxa catalana per a una Transició Energética Justa’, se están organizando charradas informativas y sesiones de asesoramiento “para facilitar a la ciudadanía la presentación de alegaciones y la comprensión de unos procedimientos administrativos especialmente complejos”.
Las entidades críticas con el PLATER insisten en que la transición energética no puede reproducir lógicas extractivistas ni concentrar los impactos en territorios rurales y de montaña. Reclaman un modelo descentralizado, con generación distribuida y participación de las comunidades locales, frente a los grandes proyectos promovidos por fondos de inversión y empresas energéticas.
El fantasma de las viejas autopistas eléctricas
La preocupación actual no surge de la nada. La Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica lleva años movilizándose contra grandes infraestructuras de transporte energético en la aragonesa Ribagorza, la catalana Pallars, y otras comarcas pirenaicas.
Recientemente, la entidad aragonesa ha alertado de que “viejos proyectos de líneas de muy alta tensión” podrían regresar bajo nuevas denominaciones o integrados dentro de la expansión renovable. El colectivo teme que las nuevas líneas de evacuación vinculadas a parques eólicos y fotovoltaicos “reproduzcan corredores eléctricos similares” a los ya combatidos durante décadas.
La plataforma recuerda especialmente la larga lucha contra la autopista eléctrica Valsalada-Laluenga-Isona, un proyecto que generó una fuerte contestación social en Aragón y Catalunya y que terminó paralizado tras años de movilizaciones vecinales, recursos administrativos y acciones judiciales.
Sin embargo, denuncian que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico continúa sin responder oficialmente a las reiteradas solicitudes de información sobre el archivo definitivo del expediente. Esta situación ha llevado a la plataforma a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo, que ya ha sido admitida a trámite.
Según explica el colectivo, el objetivo de contar con una comunicación oficial del archivo es poder utilizarla dentro del procedimiento contencioso-administrativo impulsado contra el proyecto. Hasta la fecha, aseguran, siguen sin haber recibido respuesta formal por parte del ministerio.
Un error administrativo destapa otro conflicto eléctrico
Durante la última asamblea de la plataforma se produjo además una situación que califican de “rocambolesca”. Una de las integrantes del colectivo recibió un correo que inicialmente parecía contener información relacionada con el cierre del expediente de la línea Valsalada-Laluenga-Isona.
Sin embargo, el documento remitido por error hacía referencia en realidad al macroparque eólico de El Escudo, en Cantabria. El escrito señalaba que dicho proyecto tenía “suspendida su ejecutividad”, una información que la plataforma aragonesa remitió inmediatamente al movimiento vecinal cántabro que lucha contra esa instalación.
El episodio terminó teniendo consecuencias relevantes, ya que la información fue trasladada a los tribunales y derivó en la paralización inmediata de un parque eólico que se encontraba prácticamente finalizado. Desde la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica consideran que el caso evidencia “las irregularidades y contradicciones” que rodean algunos megaproyectos energéticos.
Minería y biodiversidad: otros conflictos abiertos
La asamblea celebrada en abril también abordó otros conflictos ambientales que afectan a la comarca de Ribagorza y redolada. Entre ellos, la incorporación a la asociación Ribagorza-Pallars Siglo XIX de la Plataforma per la Conservació Ambiental i del Patrimoni d’Estopanyà (PCAPE), que combate la concesión minera Teresa I impulsada en los municipios de Estopanyà y Benavarri.
La plataforma denuncia que el proyecto minero se ubica a apenas 200 metros del núcleo urbano de Estopanyà y alerta de sus posibles afecciones ambientales y sociales.
En paralelo, el Observatorio Ciudadano de la Biodiversidad de la Baja Ribagorza celebrará este sábado una nueva edición de su testing primaveral de fotografía de naturaleza en Estopanyà, una actividad con la que las entidades ecologistas pretenden poner en valor la riqueza natural del territorio amenazado por distintos proyectos extractivos y energéticos.
Movilización social frente al actual modelo energético
La convocatoria de Pont de Montanyana pretende convertirse en un nuevo punto de encuentro para coordinar la respuesta social frente al despliegue extractivista de macroinfraestructuras energéticas en el Pirineo, tanto en el aragonés como en el catalán.
Desde la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica insisten en que no se oponen a la transición energética ni a las energías renovables, sino a un modelo que, a su juicio, “reproduce dinámicas de concentración empresarial, especulación y desequilibrio territorial”.
Las entidades convocantes alertan de que el actual despliegue de grandes parques eólicos, plantas fotovoltaicas y líneas de evacuación “amenaza espacios de alto valor ecológico, agrario y paisajístico”, además de poner en riesgo actividades ligadas al turismo rural, la ganadería extensiva y la vida en los pequeños pueblos.
La batalla contra las autopistas eléctricas, lejos de darse por cerrada, vuelve así al centro del debate territorial en el Pirineo. Y lo hace en un momento en el que las administraciones aceleran la implantación de renovables mientras crece la discusión social sobre quién decide, quién se beneficia y quién asume realmente los costes de la transición energética.
