Entidades vecinales, sociales y partidos políticos han reclamado este miércoles “la retirada inmediata” de la nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento de Zaragoza prevé llevar al pleno municipal para “regularizar” la situación urbanística de la Torre Outlet. Los colectivos denuncian que se trata de un nuevo intento de “legalizar lo ilegalizable” después de cuatro sentencias judiciales contrarias a anteriores modificaciones impulsadas por el consistorio de la capital del país.
En una rueda de prensa celebrada este miércoles, representantes de la FABZ, Ecologistas en Acción, las federaciones de comercio de CCOO y UGT, Izquierda Unida Aragón y Zaragoza en Común criticaron que el gobierno municipal encabezado por Natalia Chueca -PP- pretende aprobar una reforma urbanística “a la carta” para beneficiar a Pikolin y consolidar el macro-outlet instalado junto a su antigua fábrica.
Las organizaciones recuerdan que los tribunales ya han declarado ilegales las dos modificaciones previas del PGOU relacionadas con este proyecto tras más de doce años de litigios. Según denunciaron, el nuevo texto urbanístico ampliaría además las posibilidades de implantación de grandes superficies comerciales en antiguas zonas industriales catalogadas como “zona H”.
“Solo al lado de Pikolin hay seis parcelas más susceptibles de convertirse en otras grandes superficies”, han alertado las entidades, que advierten de que podrían existir más espacios afectados en otras áreas de Zaragoza, como el entorno de la carretera de Castellón.
Los colectivos también cuestionan la ausencia de informes técnicos independientes sobre el impacto de la medida en el pequeño comercio, la movilidad y el modelo urbano de la capital aragonesa. “Zaragoza ya es la ciudad con más metros cuadrados de grandes superficies por habitante del sur de Europa, y esto podría multiplicarse aún más”, señalaron, calificando la operación como “una sentencia de muerte al pequeño comercio”.
Finalmente, las organizaciones exigen “la retirada inmediata” del expediente, la elaboración de estudios técnicos independientes y la apertura de un proceso de diálogo “con la legalidad en la mano”. También han advertido de que mantendrán la vía judicial si el gobierno municipal continúa adelante con la modificación urbanística.
