Este 10 de noviembre, se ha conocido que el Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado la declaración de lesividad “sobre el precio acordado por el Tribunal de Justiprecio para las expropiaciones de 33 agricultores del municipio de Sigüés”.
Desde Río Aragón - COAGRET afirman que “sigue así los pasos de lo ya ocurrido en Artieda y Mianos, donde la anterior composición del Gobierno y a instancias de la CHE actuó del mismo modo. La intención de la CHE no es otra que castigar a quienes, frente a sus sistemas de valoración discrecionales, opacos y chantajistas, buscaron la mediación de un organismo público de arbitraje, costeándose para ellos tasaciones y peritaciones justas. La bofetada que para la CHE supuso aquel arbitraje, muy alejado de sus valoraciones y cercano a lo defendido por lo afectados, que dejó en evidencia a quienes aceptaron sus ridículas valoraciones está detrás de esta decisión”.
“Entendemos que, actuando así, el actual gobierno pone en tela de juicio su apuesta por una política hidráulica más justa y en beneficio del bien común. Con esta decisión el organismo de cuenca ha conseguido de nuevo que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos se pliegue a sus intereses en Yesa, considerando ‘lesivo’ el precio de compensación a los afectados, dictado por un tribunal público de arbitraje”, explican desde Río Aragón, y añaden que es “algo lamentable cuando, ante el escandaloso desvío presupuestario -mayor al 400%- se mira hacia otro lado en beneficio de grandes constructoras. Es inconcebible que los 8 ó 10 millones de euros, que se habían de destinar a quienes se ven despojados de un bien básico para su sustento, sea lesivo para el interés general cuando esa cuantía es ínfima comparada con cada una de las que ha tenido que suplementar la CHE fruto de su incapacidad planificadora y constructiva”.
Asimismo, desde el colectivo de afectados y afectadas por el pantano de Yesa indican que “lo ocurrido es especialmente grave por tratarse la CHE de un organismo opaco, trasnochado y para-democrático que sin embargo sigue ‘gestionando’ sin control algunos grandes presupuestos públicos destinados a obras y adjudicados a las mismas constructoras protagonistas de casos de corrupción como el que sacaron a relucir los papeles de Bárcenas, entre otros. Para defender estos intereses, la CHE no duda en pasar si es necesario por encima de los agricultores y el medio rural que depende de los ríos de la cuenca, y aseguran que “con esta forma de actuar los agricultores de Bardenas son tan sujetos de estafa como los de la Canal de Berdún. Al servicio del hormigón, a unos se les venden sueños imposibles y a otros se les amenaza el futuro. El MITECORD, como superior jerárquico de la CHE y gestionado por organizaciones de izquierda, debiera poner coto a esta forma de proceder y no alimentar sus maquinaciones”.
Por ello, la Asociación Río Aragón considera:
- Que los intereses tras el recrecimiento de Yesa siempre han sido constructoras y nunca los agricultores aragoneses.
- Que el recrecimiento de Yesa y el actual funcionamiento de la CHE son incompatibles con un gobierno que se presupone social y contrario a la corrupción, menos aún con un ministerio de ‘Transición Ecológica’.
- No es de recibo que cuando los afectados, que son los grandes paganos de los pantanos, acuden a un organismo público de arbitraje y éste les da la razón, la CHE use un mecanismo que debiera ser excepcional para anular la resolución y obligarles a largas y costosas batallas judiciales.
