Este jueves, 28 de octubre, se ha vivido una nueva jornada de protestas en el sector público contra el llamado "Icetazo", a nivel estatal. En Aragón, STEPA, CATA y STEA -del área de función pública de la Intersindical de Trabajadores de Aragón (ISTA)-, y la Confederación General del Trabajo (CGT) han convocado esta huelga, con el apoyo de plataformas de interinos e interinas en Aragón como Mi15F, AytOSCA —del Ayuntamiento de Uesca— y PTTAZ —del Ayuntamiento de Zaragoza—.
Los sindicatos convocantes han mostrado su satisfacción con el seguimiento de la huelga, "pese a los abusivos servicios mínimos impuestos, especialmente en Sanidad y Educación", y "otras dificultades", como que "en el Ayuntamiento de Zaragoza no se han comunicado los servicios mínimos". A pesar de ello, "ha habido algunos museos, la Lonja del Pescado o algunos servicios sociales de la capital aragonesa que han amanecidos cerrados".
Los primeros datos resaltan un seguimiento especialmente alto en el medio rural, donde la proporción de interinos e interinas en abuso es mayor. Así, en educación con servicios mínimos del 70% en los colegios de Infantil y Primaria, el seguimiento ronda el 100% en los Colegios Rurales Agrupados y Centros de Educación Especial. En Educación, "teniendo en cuenta el porcentaje abusivos de servicios mínimos", el seguimiento se cifra entre el 15 y el 20%. En Sanidad, las "presencias" en algunos servicios y turnos "hacen imposible ejercer el derecho a huelga ya que son todos servicios mínimos", afirma en una nota CGT. En algunos servicios de la Diputación General de Aragón, también las puertas han permanecido cerradas, caso de la Oficina Comarcal Agroambiental de Vall de Roures en el Matarranya.
La concentración de la mañana ha reunido en Zaragoza a más de 300 personas y a casi un centenar en Uesca y Teruel. "Paramos los servicios públicos porque no somos de usar y tirar", han reivindicado. Las movilizaciones se han cerrado con el "Abrazo al monumento a la Constitución" en la capital aragonesa, un acto para "simbolizar la petición a todos los poderes públicos que cumplan con la ley y el derecho de la Unión Europa".
El paro de 24 horas, el segundo que se celebra en Aragón, y el primero tras la aprobación del proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el llamado "Icetazo", que ahora está fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados, es una continuación de las movilizaciones para reclamar una solución para los más de 20.000 empleados y empleadas temporales que pueden perder su puesto en Aragón.
Con esta huelga, los convocantes reclaman estabilidad para las y los empleados que llevan más de tres años –el límite legal-, y algunos incluso décadas, con contratos temporales. "Se trataría de una solución justa y ajustada a Derecho (que de hecho se ha aplicado en distintas ocasiones anteriormente) y beneficiosa para la sociedad y sin coste para las arcas públicas. Atajando así un grave problema social causado por el incumplimiento de la Ley por parte de las propias administraciones, que sancionan la contratación temporal abusiva en la empresa privada, pero la consienten sin ningún reparo ellas mismas", critican.
También demandan "modificaciones normativas que posibiliten la estabilización que se reclama; que el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público transponga definitivamente la directiva 1999/70/CE al sector público sin desvirtuar el objeto y finalidad de la misma; la paralización de las Ofertas de Empleo Público de Estabilización hasta que no haya solución para el personal temporal abusado; fomentar las Ofertas de Empleo Público de Reposición; sancionar a los responsables de la situación de abuso de la temporalidad del personal interino y temporal; y potenciar y reforzar los Servicios Públicos".
