Aragón secunda la huelga estatal de personal interino en las administraciones públicas

El jueves 28 de octubre, CGT y STEA hacen un llamamiento a secundar la huelga estatal de los trabajadores y trabajadoras en interinidad contra el “Icetazo”. La huelga, la segunda que se celebra en Aragón, continúa las movilizaciones para reclamar una solución para los más de 20.000 empleados y empleadas temporales que pueden perder su puesto.

Concentración interinos aragoneses en el Congreso contra el Icetazo el pasado mes de julio | Foto: STEPA

El jueves 28 de octubre, hay una convocatoria de huelga contra el llamado “Icetazo”, que afectará a todos los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas, unas 20.000 en Aragón. FASE CGT y STEA-i hacen un llamamiento al profesorado interino para secundar este paro y se hacen eco de la convocatoria en el territorio. Ese mismo día habrá concentraciones en las distintas capitales.

El paro de 24 horas se completa con concentraciones en Zaragoza (11.00 Delegación del Gobierno), Uesca (10.30 Plaza Cervantes) y Teruel (11.15 Plaza San Juan). Además, a las 18.00 horas se celebrará en Zaragoza el "Abrazo al monumento a la Constitución" para "simbolizar la legitimidad de las demandas y la petición de justicia a todos los poderes públicos".

Las trabajadoras y trabajadores del conjunto del sector público llevan sufriendo desde hace años recortes, privatizaciones y el desmantelamiento progresivo de la Administración llevadas a cabo por los diferentes gobiernos. A esta situación de privatización y recortes hay que sumar la temporalidad de las plantillas, que en los últimos años ha crecido hasta situarse en torno al 43% del total en las administraciones públicas. La mayoría, denuncian los sindicatos, son mujeres en régimen de interinidad o temporal, que llevan más de tres años de servicios prestados y, en muchos casos más, incluso décadas sin que hayan salido a provisión reglamentaria, ni quienes las ocupan hayan tenido la oportunidad de consolidarlos. En Aragón, los sindicatos calculan que estos problemas afectan a 6.000 interinos e interinas.

Las últimas sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) señalan que hay que trasponer completamente la Directiva 1999/70 / CE sobre el trabajo de duración determinada al ordenamiento jurídico interno del Estado español, con el fin de sancionar a la administración que haya cometido abuso de temporalidad contra las personas trabajadoras, y disuadir también convenientemente su comisión en el futuro.

En este sentido, sentencias como la resolución del TJUE del 19 marzo de 2020, y la jurisprudencia posterior de este mismo tribunal, establecen que los actuales procesos selectivos, de turno libre y resolución incierta, no se pueden considerar como una sanción adecuada al abuso y, por tanto, no son ninguna garantía para estabilizar las plantillas. “Hay que sancionar la contratación abusiva, igualando los derechos con los que ostentan la condición estable en el mismo régimen jurídico, es necesario avanzar en el reconocimiento del carácter fijo de la relación laboral para quien está ocupando plazas de carácter estructural con contratos o nombramientos temporales”, afirman CGT y STEA.

Desde las organizaciones convocantes entienden que este nuevo marco normativo es necesario para estabilizar realmente las plantillas, y que en ningún caso “puede responder a la lógica de la propuesta presentada por el Gobierno y negociada y aprobada con el beneplácito de tres centrales sindicales: CCOO, UGT y el CSIF”.

El real decreto ley 14/2021, conocido como "Icetazo" es una propuesta que, según denuncian STEA y CGT implicará un ERE encubierto de extinción “si no es sustancialmente modificada en el actual trámite parlamentario como proyecto de ley”, ya que implicaría el despido masivo para miles de personas que trabajan en el sector público.

Próximamente en el Congreso español se va a tramitar un proyecto de ley para la reducción de la temporalidad, “proyecto que debe terminar recogiendo el derecho a la "fijeza" como un proceso de estabilización del personal interino o laboral temporal”, confirman los sindicatos.

Por estas razones, CGT y STEA, convocantes de la huelga, denuncian que el "Icetazo" vulnera la normativa y la jurisprudencia europea “al no establecer ninguna sanción adecuada y disuasoria a la administración pública por el abuso cometido”, y consideran que castiga al personal abusado, poniendo en riesgo su continuidad en el puesto de trabajo. Por ello exigen su derogación inmediata.

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