Este martes por la mañana, el consejero de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha denunciado, adjuntando pruebas, que la empresa que gestiona el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, FCC, intenta pagar con los impuestos de la ciudadanía, en este caso, una factura en un restaurante de Madrid.
Una factura que incluye: tres raciones de pan (3 euros); anchoas de Santoña (16 euros); un menú chuletón (60 euros); dos medias pintas de cerveza (3,20 euros); y una botella de agua mineral (2,30 euros). Y como no podía de ser de otra forma, por supuesto a costa de la ciudadanía, la factura se incrementa con una propina de 2,30 euros. Total, 90 euros.
Esta factura está incluida en la documentación que la empresa FCC ha pasado al Ayuntamiento de Zaragoza como parte de la facturación del pasado mes de septiembre.
Así lo explicaba el consejero: “Desgraciadamente nos estamos encontrando con algunas de ellas (facturas) que no tienen nada que ver. Y hoy, aquí, os lo queremos decir, queremos decir a la ciudad que estamos detectando, los economistas del servicio público, los técnicos municipales, que FCC está tratando de cobrar a la ciudad de Zaragoza cuestiones que absolutamente nada tienen que ver con el mantenimiento y el cuidado de las zonas verdes de nuestra ciudad”.
“Ahora entendemos –proseguía Cubero- cómo la certificación había aumentado del millón al millón y trescientos mil euros. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ejemplos muy significativos. Tenemos una factura que FCC nos ha tratado de cobrar, que de momento no han cobrado nada, de un restaurante de Madrid capital, con anchoas de Santoña y menú de chuletón, y que tratan de cobrar a la ciudad de Zaragoza”.
Cabe recordar que el Consistorio dejó de pagar el pasado mes de agosto las facturas a FCC porque la empresa no se las había enviado. De hecho la certificación había pasado de 1 millón de euros hasta el 1.300.000 euros. Por ello desde el Ayuntamiento no entendían la razón de dicho incremento.
“Estas son las facturas que nos está pasando FCC para que les paguemos por el mantenimiento de las zonas verdes. La semana pasada decíamos que eran unos sinvergüenzas. Vamos a mantenernos en que son unos sinvergüenzas, y desde luego esta factura, y muchas que nos estamos encontrando, FCC no las va a cobrar”, subrayaba Cubero.
Y advertía que continuarán revisando las facturas de FCC, en el periodo desde septiembre (2018) a enero (2019). Además de exigirles también las de febrero y marzo. “Hasta que no tengamos todas y cada una de las facturas y debidamente justificadas, no van a cobrar ni un solo euro”, subrayaba.
Con estas pruebas, parece sensato pensar que la impunidad de la que gozan las grandes empresas a la hora de negociar los pequeños y grandes contratos con los ayuntamientos es absoluta. En este caso Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), cuya presidenta es Esther Alcocer Koplowitz (hija de Esther Koplowitz) y propiedad del multimillonario empresario mexicano, Carlos Slim.
Hechos como este son los que cuentan, en la mayoría de ocasiones, con la connivencia de algunos partidos políticos, sobre todo de aquellos que se perpetúan en el tiempo en los consistorios.
