Tras conocer que nuevamente está en vigor el incremento de las pensiones para 2025 “dejamos sin efecto, de momento, las movilizaciones que habíamos anunciado en caso de que no se hubiera reconducido la situación creada el pasado día 22 de enero”, señalan desde COESPE Aragón.
“No obstante, las plataformas y movimientos de pensionistas reiteramos nuestra indignación por el mal trato escenificado en el Congreso de los Diputados: el incumplimiento de la ley contra un derecho fundamental, como la revalorización de las pensiones. Esto es algo que nunca más debe repetirse, y exigimos a los partidos políticos plenas garantías para que así sea”, recalcan.
Valoran “positivamente los apoyos de todo tipo que hemos recogido, y que nuestra exigencia haya sido atendida. En esta ocasión, el hacer pública la convocatoria de manifestaciones masivas, a nivel de todos los territorios del Estado, ha conseguido impedir que traspasaran una línea roja infranqueable”, y añaden que “la movilización, una vez más, ha sido la garantía para conseguir nuestras reivindicaciones, y hacer rectificar a quienes han intentado vulnerar nuestros derechos. Queremos dejar claro que cualquier intento de volver a la situación anterior a 2018 es totalmente inaceptable y reafirmamos nuestra decidida voluntad de salir a la calle para impedirlo”.
Asimismo, denuncian “que en ese mismo pleno del día 22 de enero y en esa ocasión con los votos del PP sumados a los del PSOE, Sumar, ERC, PNV, CC y UPN, se aprobara el decreto 11/2024, que pretende compensar bajos salarios y pensiones compaginando trabajo y pensión mediante el aumento de la edad de jubilación que puede llegar hasta los 72 años”.
“Esta ley, aunque se dice voluntaria, retrasará la edad de jubilación, en especial a las personas con peores trabajos, en su mayoría, mujeres, salarios y pensiones hasta equiparar edad de jubilación con esperanza de vida. Este decreto también supone para la juventud retardar y dificultar su incorporación al trabajo, y fomenta la precarización de sus condiciones laborales. Esto también es inaceptable”, subrayan.
Por todo ello, anuncian que “seguiremos en la calle como lo venimos haciendo desde hace más de siete años, defendiendo el Sistema Público de Pensiones contra los intentos de privatización, oponiéndonos a la prolongación de la edad de jubilación, voluntaria o no, exigiendo el cumplimiento de la ley y la consecuente realización de la auditoria de las cuentas de la Seguridad Social y la mejora sustancial de los salarios impidiendo la pérdida de poder adquisitivo para garantizar la dignidad de las pensiones públicas”, concluyen.
