La Mesa de las Cortes ha admitido 45 documentos para iniciar su tramitación parlamentaria. Uno de ellos es una propuesta de proposición no de ley sobre el robo de bebés durante la dictadura de Francisco Franco, remitida por el Colectivo Emigrante Aragonés a través de la web de Iniciativas y preguntas ciudadanas. Después de su admisión a trámite se trasladará a los grupos parlamentarios, que tendrán un plazo de quince días para asumirla e iniciar así su tramitación.
La iniciativa busca instar "al Congreso de los Diputados de España, así como también al Gobierno central, a agilizar la tramitación de la Proposición de Ley sobre 'bebés robados' en el Estado español (122/000039) hasta su aprobación final".
El Diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, comunicó a las autoridades de la Cámara aragonesa su decisión de asumir como propia y defender en las Cortes la citada iniciativa.
Como señala el Colectivo Emigrante Aragonés en la exposición de motivos de la iniciativa en cuestión, la importancia de esta Proposición de Ley reside en la gravedad que alcanzan los crímenes de robo de bebés en el Estado español, que han ocurrido en un espacio temporal de más de 50 años y se extiende por todo el territorio.
Por ello, dicha Proposición de Ley tiene como objetivo garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a las víctimas del delito de robo de bebés durante el franquismo, como crimen de lesa humanidad.
El coordinador del C.E.A., José Luis Martínez, ha manifestado su especial agradecimiento al diputado Álvaro Sanz por el apoyo brindado a la iniciativa para que la misma pueda seguir su recorrido parlamentario en las Cortes de Aragón.
Finalmente, cabe recordar que el término "bebés robados" engloba a los miles de niños y niñas, hoy adultas, que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad en el Estado español a lo largo de varias décadas. La sustracción ilegal de menores tuvo múltiples escenarios: centros penitenciarios, hospitales, maternidades y centros de beneficiencia gestionados por congregaciones religiosas sin adecuada supervisión del Estado.
