Asociaciones de víctimas piden “la aprobación urgente” de una Ley estatal “de Bebés Robados”

Tras meses de bloqueo parlamentario, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina -CeAqua-, ha iniciado una campaña para exigir la aprobación de la “Ley de Bebés Robados”, por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. En Aragón la Ley de Memoria Democrática reconoce como víctimas a los niños y niñas robados durante el franquismo.

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Foto: Amnistía Internacional.

La Proposición de Ley se admitió a trámite por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2018. Debido al adelanto electoral, decayó y fue necesario un nuevo registro. Se volvió a aprobar para su toma en consideración el 23 de junio de 2020, lo que demuestra un importante consenso político. La iniciativa está impulsada por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina -CeAqua- a propuesta de ‘Todos los niños robados son también mis niños’, asociación integrante de esta entidad.

El 17 de septiembre de 2020 se abrió el trámite de enmiendas de la Proposición, que está ubicada en la Comisión de Justicia. Pero “la ley se ha quedado parada en este trámite”, y por ello, CeAqua, junto a las organizaciones que apoyan está iniciativa legislativa, está realizando esta campaña con dos objetivos: en primer lugar, para que se cierre definitivamente este trámite y la ley siga su proceso parlamentario hasta la aprobación definitiva y urgente, en segundo lugar, para que las enmiendas respeten el texto original de la Proposición de Ley, “ya que es el que ha recabado un enorme consenso social”, recuerdan, y explican que “las víctimas por la desaparición de menores, que buscan su identidad robada, necesitan el reconocimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y garantías de no repetición”.

Desde CeAqua siempre han subrayado que esta ley “es un texto que integra a todas las víctimas por el robo de bebés, las de la dictadura y las que se produjeron después. Y tanto a las familias que buscan como a las personas en busca de su identidad”.

En la propuesta legislativa se recoge que “para que se encarguen de garantizar los derechos de las víctimas se crean una Fiscalía Especial, una Unidad de Investigación de la Policía Judicial y una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad. Para que hagan el trabajo estos organismos se les dota de una Base de datos que elaborará un censo de todos los casos, y una Base de ADN estatal, cuyas pruebas serán gratuitas, con toda la información de todas las personas desaparecidas y de sus familias. Al mismo tiempo, el sistema garantiza la participación de las víctimas a través de sus representantes”.

Asimismo, desde las asociaciones de víctimas recuerdan que “con esta Ley se dotaría de un marco estatal a todas las disposiciones legislativas que se establezcan en todos los territorios, haciendo posible su cumplimiento y amparando de forma global a todas las víctimas de este terrible crimen en el Estado español. El marco temporal comienza el 17 de julio de 1936 y no tiene cierre, por tanto, acoge tanto los casos ocurridos durante la dictadura como en la democracia”.

“Esta iniciativa es pionera por su relevancia en el ámbito legislativo y sus consecuencias en el ámbito judicial para investigar este terrible delito contra la humanidad y conocer la verdad de los hechos, obtener justicia y reparación para las víctimas, y juzgar a los victimarios, así como conseguir que este deleznable crimen jamás vuelva a ocurrir, tal y como ha sido repetidas veces recomendado a nuestro Estado por diferentes organismos y convenciones de Naciones Unidas y sustentado en el derecho internacional de derechos humanos”, recalcan.

La Ley de Memoria Democrática de Aragón reconoce como víctimas a los niños y niñas robados durante el franquismo

Tras un periodo de tramitación de dieciséis meses, las Cortes aprobaron la Ley de Memoria Democrática de Aragón en 2018. La norma legal aragonesa reconoce ya en su artículo 1 que “La Ley de memoria democrática de Aragón tiene por objeto lograr que los principios y valores que la informan se conviertan en una referencia ética para el conjunto de la sociedad aragonesa. En ese sentido, trata de crear las condiciones precisas para que la sociedad aragonesa sea consciente de su pasado y, a partir de su conocimiento y asunción, esté en disposición de construir un futuro sobre la base del reconocimiento de la diversidad como bien a preservar, la igualdad de todas las personas con independencia de su origen, opiniones, conciencia, ideología, identidad étnica y expresión o identidad de género, el diálogo permanente y el respeto a los derechos humanos como fundamento de la libertad”.

Destaca también en su preámbulo que “Aragón fue un eje principal en el desarrollo de la guerra civil y de los proyectos políticos y sociales que en ella se enfrentaban. En su mitad oriental fue la tierra del sueño igualitario, de las colectividades y del Consejo de Aragón, entidad de autogobierno reconocida por el Gobierno de la Segunda República”.

En su artículo 5 establece que “Igualmente tendrán la consideración de víctimas las personas menores sustraídas a sus progenitores biológicos y entregados a terceros sin la autorización de estos, dado que esa práctica se instauró desde el mismo comienzo de la dictadura franquista”.

Y, en su artículo 6 – Consideración de víctimas, apartado f, explicita que tienen tal condición “los niños y niñas recién nacidos que fueron sustraídos y entregados irregularmente a otras personas, así como quienes fueron dados en adopción sin autorización de sus padres biológicos, sus progenitores y hermanos o hermanas. Su inclusión en el Censo de memoria democrática se realizará únicamente a instancia de parte”.

Sin embargo, y a pesar del consenso político y social que la Ley de Memoria Democrática de Aragón ha recabado, pareciera que para las administraciones públicas aragonesas todo terminará con su aprobación, dejando su ejecución y cumplimiento en el cajón de asuntos pendientes.

Así, aunque en un primer momento desde colectivos memorialistas como ARMHA señalaban que “hoy podemos decir que se ha dado un gran paso en la normalización democrática de Aragón”, este pasado marzo, la Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón -PAMA- afirmaba que “no tenemos nada que celebrar porque la memoria democrática sigue olvidada por el Gobierno de Aragón”.

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