Según denuncia la organización, bajo el argumento de mejorar la empleabilidad se estaría produciendo “una transferencia masiva de recursos públicos hacia los beneficios empresariales”, al tiempo que se modifica la función de los centros educativos. En este sentido, critican que la nueva normativa supedita los contenidos formativos a las necesidades inmediatas de las empresas, convirtiendo a los institutos en “meras ‘agencias de selección de personal’”.
Desde el sindicato defienden un modelo educativo más amplio y crítico. “No queremos alumnado dócil entrenado para una tarea concreta en una empresa específica; queremos una ciudadanía formada con una base técnica sólida y crítica que les permita defenderse en todo el mercado laboral”, señalan.
Críticas al impacto pedagógico, laboral y social
CGT Enseñanza Aragón estructura sus críticas en varios ejes. En primer lugar, advierte de una “pérdida de calidad pedagógica”, ya que el aumento de horas en empresas reduce el tiempo de formación en el aula y en los talleres, donde —según subrayan— se garantiza una enseñanza integral no condicionada por criterios de productividad.
Asimismo, alertan de un incremento de la “precariedad juvenil”, al considerar que el alumnado de FP Dual se convierte “de facto, en mano de obra gratuita o bajamente remunerada”, llegando incluso a sustituir puestos de trabajo estructurales bajo la fórmula de prácticas.
El sindicato también denuncia la “sobrecarga docente y burocrática”, afirmando que el profesorado se ve “asfixiado por una gestión administrativa inasumible”, lo que reduce el tiempo dedicado a la labor pedagógica. A ello suman la “exclusión de la diversidad”, ya que, según indican, el modelo dual no contempla los apoyos necesarios para el alumnado con necesidades específicas, que queda relegado por los ritmos productivos de la empresa privada.
El medio rural, especialmente afectado
Uno de los aspectos que más preocupa al sindicato es el impacto del modelo en el medio rural aragonés. CGT considera que la FP Dual resulta “inviable y discriminatoria” en estas zonas debido a la falta de tejido empresarial.
En consecuencia, advierten de “desplazamientos forzosos” del alumnado para encontrar empresas colaboradoras, sin ayudas suficientes, así como de una “desigualdad de oportunidades” respecto a quienes estudian en entornos urbanos. Además, alertan del riesgo de “cierre de ciclos en los pueblos” si no existen empresas cercanas, lo que podría agravar los problemas de despoblación.
Exigencias a la Administración
Ante esta situación, CGT Enseñanza Aragón plantea varias demandas a la administración educativa. Entre ellas, reclaman el “blindaje de la FP pública” mediante una mayor inversión en talleres y equipamientos; la “voluntariedad real” de la modalidad dual; y el reconocimiento de “derechos laborales para el alumnado”, incluyendo una remuneración digna y cobertura de seguridad social.
También solicitan la “reducción de ratios y horas lectivas” para facilitar un seguimiento adecuado del alumnado, así como garantizar la “igualdad de oportunidades para el alumnado del entorno rural y urbano”.
Finalmente, el sindicato hace un llamamiento a la comunidad educativa para movilizarse en defensa de “una Formación Profesional pública, laica, de calidad y desconectada de los intereses de la patronal”.
