AraInfo reproduce íntegramente el texto firmado por Paloma Ibarra, Francisco Pellicer, José Luis Simón y Jesús Sampériz, integrantes del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA), bajo el título "Energías renovables y ordenación territorial en Aragón":
Alguien puede pensar que la oposición a los macroproyectos eólicos y solares tiene sólo motivaciones medioambientales, y que quienes reclaman la protección del paisaje y de la avifauna frente al brutal impacto de los gigantescos aerogeneradores y de los mares grises de placas fotovoltaicas son sólo ‘ecologistas’. Esa visión simplista inspira dos ideas: (i) Que determinados territorios, llegado el momento, deben sacrificarse en aras de un bien común superior (la descarbonización de la producción energética), Y (ii) que el despliegue de energías renovables va a ser en realidad el ‘maná’ que salve de la extinción al Homo sapiens del hábitat rural.
El pasado 25 de marzo se celebró en Cinctorres una jornada reivindicativa contra una línea de alta tensión, proyectada para evacuar la electricidad producida en el Maestrazgo turolense a través de toda la provincia de Castelló. Se reunió gente de dos países, que se entendía en dos lenguas diferentes, que procedía del campo y de la ciudad, había agricultores, empresarios turísticos, profesores universitarios, ingenieros promotores de pequeñas comunidades energéticas, había personas que militaban y votaban a distintos partidos políticos, y no se veía el logo de ninguna organización ecologista.
El movimiento crítico contra ese modelo energético no es sólo ambientalista: es también social y transversal, y está motivado por una honda preocupación por las consecuencias que dicho modelo tendría en nuestros espacios naturales y culturales, especialmente en los más vulnerables. Reclama, de forma cada vez más insistente, que la implantación de las energías renovables sea un despliegue ordenado y racional, no una avalancha, que se busque a toda costa el equilibrio entre la transición energética y la preservación del paisaje, la biodiversidad y los modos de vida en territorios que no están ni ‘vacíos’ ni ‘vaciados’. Reclama, incluso, que se decrete una moratoria en este proceso descontrolado y que la sociedad toda se siente a pensar, antes de tomar decisiones que condicionen de forma irreversible el futuro.
La política de ordenación del territorio, precisamente por su carácter transversal, es la que debería dar respuesta a un conflicto que se encona día a día. Un cambio de paradigma energético, económico y social de este calado debería estar bien planificado, no puede dejarse al albur de la especulación empresarial y de los endebles mecanismos de evaluación ambiental que supuestamente deberían contenerla. Pero la realidad es que los órganos competentes en todos los niveles (Gobierno central, CC.AA., entidades locales) no están organizados ni coordinados para afrontar ese cambio. En Aragón, esa competencia corresponde al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, en el que existe una Dirección General de Ordenación del Territorio. Lamentablemente, en nuestro país son las políticas sectoriales las que siguen primando, y las competencias en Ordenación del Territorio se ha demostrado que no son suficientes para introducir de forma útil sus criterios.
Hay leyes e instrumentos de planificación que avalarían decisiones reguladoras si se tuviera voluntad para ello: elaboración de planes sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica (según prevé la Ley de Evaluación Ambiental) en lugar del goteo de proyectos individuales, diversas pautas dictadas por las leyes estatales del Sector Eléctrico y de Economía Sostenible, el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030, la Ley de Urbanismo de Aragón, la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, el Plan Energético de Aragón 2013-2020, etc.
Los objetivos y criterios de ordenación que formulan esos documentos, a veces incluso de una forma bastante explícita, son sistemáticamente ignorados. Un ejemplo: el informe de sostenibilidad del Plan Energético de Aragón 2013-2020 pide, como uno de sus criterios ambientales estratégicos, “preservar los espacios naturales o territorios que cuenten con figuras de protección ambiental establecidas por las distintas legislaciones europea, estatal o nacional (Red Natural de Aragón, Red Natura 2000, Planes de recuperación o conservación de especies amenazadas), los dominios públicos forestal y pecuario y las zonas de alto valor paisajístico o elevada fragilidad ambiental”. Ese criterio, como otros muchos, se incumple flagrantemente en decenas de proyectos eólicos en Aragón, con el aval del Departamento de Industria y con la escasa acción de contrapeso del Departamento de Vertebración del Territorio.
El Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA) es el órgano consultivo donde debería tener lugar un debate profundo al respecto, con ocasión de los informes que elabora y aprueba sobre los proyectos de energías renovables que se presentan a la administración aragonesa. El hecho de que esos informes sean preceptivos pero no vinculantes debería permitir una mayor libertad de opinión y actuación que llamase a la cordura en medio de este desgobierno. Lamentablemente, no es así. La composición del COTA y sus procedimientos de trabajo inevitablemente dan lugar a informes descafeinados, en los que se aceptan implícitamente muchos argumentos y tergiversaciones que contienen los proyectos de renovables y sus estudios de impacto ambiental. Los dictámenes sólo alcanzan a emitir consideraciones vagas y, algunas, de imposible cumplimiento: “deberá asegurarse la conservación de los valores paisajísticos mediante la integración de todos los elementos del proyecto en el paisaje…”; “deberá completarse el análisis de los efectos sinérgicos…”; “tendrán que considerarse las afecciones directas de estas instalaciones en la fauna debido al efecto barrera, a las molestias por ruidos o pérdida de hábitat…”. Son brindis al sol que terminan siempre con una bienintencionada fórmula: “Mostrar la preocupación por la falta de planificación territorial, ambiental y sectorial, que dificulta la completa valoración de los efectos acumulativos de estas infraestructuras en la zona de implantación”. El solo hecho de que esta última frase haya sido reiterada durante años en los informes del COTA, sin conseguir ningún efecto práctico, prueba la estéril funcionalidad de este órgano en un momento tan crucial.
Deseamos que en la nueva etapa que se abra a partir de las próximas elecciones aragonesas las cosas cambien. Que el COTA mismo, y toda la política de ordenación territorial en Aragón, cumplan su misión, en un momento crucial en que es más necesaria que nunca. Que la avalancha descontrolada de macroproyectos eólicos y solares sea sustituida por un despliegue racional. Que la transición energética sea conciliada con la preservación de los valores del paisaje y del paisanaje, y que ningún territorio sea sacrificado en beneficio de intereses ajenos. En definitiva, que se ordene lo que hasta ahora no se ha ordenado. Y si para ello es necesario abrir una moratoria (palabra que levanta sarpullidos en muchos sectores, desde las grandes compañías eléctricas hasta Greenpeace), se tenga el valor de hacerlo.
Hay margen para la moratoria, no es un sinsentido. En 2022 había instalados en el Estado español 37 GW de energía eólica y fotovoltaica, y hasta enero pasado se habrían tramitado nuevos proyectos con una potencial total cercana a los 60 GW. La suma excede con creces los 62 GW previstos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PENIEC) para 2025. El PENIEC está inspirado en criterios netamente desarrollistas: contempla las subastas como principal herramienta para la implantación de las renovables, mientras ignora y deja a otros los problemas de ordenación territorial. Y, aun así, vamos ya con un evidente adelanto sobre sus previsiones. ¿De verdad no hay tiempo para pararnos a pensar?
