Este viernes se ha consumado uno de los pelotazos urbanísticos para los que Azcón llegó a la alcaldía. Los votos de PP, Ciudadanos y la ultraderecha de Vox han permitido la aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para permitir la venta de suelo público para la construcción de otro hospital privado en la Avenida Gómez Laguna. De nada han servido los votos en contra del PSOE, Zaragoza en Común y Podemos, como tampoco de nada ha servido la intervención de la Federación de Barrios de Zaragoza durante el pleno municipal.
El clima de la ciudad en plena crisis en fase 2 flexibilizada y tras una preocupante rueda de prensa en la que la consejera de Sanidad, Sira Ripollés, pedía a la población de Zaragoza reducir los movimientos, han facilitado mucho la aprobación de esta modificación. El anuncio de la consejera provocaba la cancelación de la concentración de este viernes a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza por lo que el PP, Ciudadanos y la ultraderecha de Vox ni siquiera han tenido que votar bajo el ruido de quienes advierten de que este pelotazo solo beneficiará a los bolsillos de las élites zaragozanas que no han parado de ganar durante esta pandemia.
Además, ni siquiera han tenido que mirar a los ojos de quienes les señalan las verdades dado que debido a la situación excepcional que está viviendo la ciudad, no se ha permitido la entrada de la FABZ y su texto de reprobación ha sido leído por el secretario del Ayuntamiento.
Esta es la segunda vez que “intervenía” la Federación de Barrios ante el pleno municipal en relación con la Modificación Aislada nº 175 del Plan General de Ordenación Urbana con el objeto de delimitar una nueva parcela de equipamiento sanitario privado en el polígono 60. X110. La anterior fue al inicio del expediente administrativo. Desde la FABZ han recordado que esta decisión si bien es “trascendente” no por ello es “definitiva”.
En primer lugar han explicado que les sorprende la celeridad en la tramitación, “máxime en tiempos de pandemia donde la maquinaria de la Administración Pública está ralentizada, una situación que no permite ni la asistencia ciudadana en el día de hoy al salón de plenos”.
El texto leído por el secretario seguía: “¿A qué se debe que en poco más de dos meses desde el inicio del expediente éste quiera concluirse? En alguna comparecencia el Consejero de Urbanismo ha argumentado la necesidad de ‘hacer caja’ con la venta de suelo antes de final de año. Pero cabría recordarle que una cosa es el urbanismo y otra las necesidades financieras del Ayuntamiento. Agua y aceite”.
Asimismo, le han preguntado al consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, por otros expedientes urbanísticos que no concitan controversia, que generan puestos de trabajo, vivienda y equipamientos de la ciudad como es el caso del Parque Pignatelli. Tras estas preguntas, desde la FABZ, en un falsa inocencia, han preguntado si en todo caso el interés de zanjar el expediente “responde a intereses privados y no al interés general”.
Desde ZeC, Pedro Santisteve, ha calificado el proyecto de “perjudicial para la sanidad pública en la capital aragonesa”. “La privatización de los servicios públicos resta calidad a la atención y, en materia de gestión, Zaragoza precisa de una defensa férrea de la sanidad pública”, algo que “choca” con la propuesta urbanística de destinar suelo público a la construcción de un hospital privado.
Tras la celeridad sorprende otro aspecto para quienes representan a todos los barrios de la ciudad, la modificación del planeamiento por iniciativa municipal para un uso tan específico como el equipamiento sanitario privado. “¿Se imaginan que el uso se hubiese catalogado como de productivo industrial de fabricación de bebidas alcohólicas? Sorprendería lógicamente. Del mismo modo que sorprende el de equipamiento sanitario privado. Salvo que terceros hayan imbuido a nuestros munícipes de las excelencias de un hospital privado para la ciudad de Zaragoza”, continuaban.
En un discurso demoledor a la par que esclarecedor, esta federación planteaba otra posibilidad, en caso de que el concurso quede desierto ¿se volvería a recalificar el suelo como zona verde?
Y es que a este concurso se postulan tres grupos hospitalarios como posibles adquirientes. Uno alemán, que paga sumas millonarias al Departamento de Justicia de Estados Unidos para no ser procesado judicialmente; otro estadounidense que arrastra una demanda federal por engaño sobre los servicios prestados a sus clientes; y un tercero estatal que comunica al comité de empresa de uno de sus centros hospitalarios el cese de actividad porque las cuantiosas pérdidas económicas hacen completamente insostenible su continuidad. “Pues menos mal que el equipo de gobierno ha mantenido conversaciones con grupos tan selectos”, continuaba el texto.
Sin embargo, Amparo Bella ha trasladado durante su intervención que lo cierto es que lejos de ser por interés público, es “un interés a medida como de sastre para ricos. Quieren hacer pasar como concurso público lo que de verdad es un acuerdo negociado con la empresa, cuando las exigencias del pliego de condiciones coinciden exactamente con los deseos y exigencias de los dueños del Grupo Quirón para la definición de su uso, es decir un traje a la medida”.
Junto con estas dudas, desde la FABZ han recordado otra irregularidad en esta operación urbanística. Mientras que el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, ha manifestado la importancia de un proyecto de tanto calado, no solo para la ciudad de Zaragoza sino para Aragón, “y en buena lógica insta al Gobierno de Aragón su declaración de interés autonómico”, el proyecto no ha pasado por el Consejo de Ciudad. Una situación que “sorprende” a la federación dado que según el artículo 83 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana, debería ser sometido a la consideración del Consejo de Ciudad. “¿Tal vez porque ese interés sea más acorde al interés privado que al de ciudad? Podría ser”, explicaban en el texto.
En este entramado hay muchos más interrogantes, por ejemplo, los jurídicos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado que el ejercicio de la potestad discrecional de planeamiento ha de obedecer a finalidades estrictamente urbanísticas, circunscritas a la consecución de la mejor ordenación posible para la satisfacción del interés general, no hallándose en sí misma vinculada por derechos adquiridos, ni por compromisos anteriores.
El Alto Tribunal también declara que las modificaciones del planeamiento pueden ser impugnadas en la medida en que se acredite que las mismas han incurrido en error, en mera arbitrariedad, han abandonado los intereses generales que deben presidir su actuación, supongan una desviación de poder o, en fin, concurra falta de motivación. O que la modificación puntual de una zona verde exige una especial justificación.
De hecho, el excalde de la ciudad, Pedro Santisteve, ha destacado que el proyecto tiene “trazas de arbitrariedad y desviación de poder”. Se trata de una operación urbanística que beneficia claramente al sector privado, cargando sobre las arcas públicas las obras de adecuación del parcela, un presupuesto municipal que ya no se revertirá en los barrios de la ciudad, algunos de ellos infradotados de equipamientos públicos como pueden ser el barrio de La Jota que reclama desde hace años un nuevo Centro de Salud, y que se destinará sólo en beneficio de la empresa que gestione el hospital privado.
Con otras palabras pero en la misma línea, Amparo Bella ha explicado que lo que ha ocurrido durante la mañana de viernes con tanta celeridad es que el PP, Ciudadanos y la ultraderecha de Vox, “son los artífices del deseo de los amos que como dice mi compañero, Rivarés, son los artífices de los deseos de los amos de las cosas. Ni siquiera nos creemos que se vayan a ingresar esos 15 millones, si llegamos a 10 ya veremos”.
La FABZ ha concluido su escrito recordando que la sanidad es un servicio público y universal, “no un mero negocio crematístico”, como se ha puesto de manifiesto la crisis del coronavirus. Y por ello continuarán con las movilizaciones sin cerrar ninguna de las vías legales que les amparan: “Por cierto, no estaría de más preguntarse ¿Qué ocurriría si en un futuro próximo la Justicia declarase nula la modificación del planeamiento que hoy, a buen seguro, van a aprobar?”, concluía el texto de la Federación de Barrios de Zaragoza.
