La Junta de Personal Docente no universitario de Uesca denuncia la “inacción” tanto del Servicio territorial de Educación como de la Dirección General educativa del Gobierno de Aragón, señalando una acumulación de problemas que, según advierten, “están afectando directamente al funcionamiento de los centros educativos y a la calidad” del sistema educativo público aragonés.
Detalla una serie de situaciones concretas que, lejos de resolverse “se cronifican curso tras curso”. Entre ellas destaca el deficiente estado de las instalaciones educativas, con problemas como falta de ventilación, filtraciones en techos, derrumbes parciales o caída de materiales en patios escolares. Además, denuncian la existencia de aulas que no cumplen la normativa vigente, citando como ejemplos el IES Domingo Miral, el aula del CPIFP Pirámide o el CEIP de Chimillas.
Otro de los puntos críticos es la escasez de personal administrativo, tanto en el propio Servicio territorial como en los centros educativos. Esta carencia está provocando retrasos en numerosos trámites y se extiende también a la falta de auxiliares de educación especial, considerados “imprescindibles” para el correcto desarrollo de la actividad educativa.
La problemática del transporte escolar en el IES Pirámide continúa sin solución. Según denuncian, esta situación obliga a parte del alumnado a incorporarse tarde a clase y a las familias a asumir el traslado de sus hijas e hijos. La previsión de que el problema se mantenga el próximo curso agrava la preocupación.
En materia de infraestructuras, la Junta recuerda que sigue pendiente la construcción de un nuevo instituto en Monzón, aprobado hace años pero aún sin iniciar. Asimismo, subrayan la necesidad urgente de un nuevo centro público de Educación Secundaria en la ciudad de Uesca, donde los cuatro institutos actuales sufren una fuerte saturación.
También critican decisiones recientes del Gobierno de Aragón liderado por Jorge Azcón de carácter marcadamente sectario, como la retirada de elementos en defensa de la escuela pública en un centro educativo, una medida que consideran “injustificada” al no tratarse, en su opinión, de contenidos ideológicos ni políticos.
Especialmente grave califican la situación en el IES Ramón y Cajal de Uesca, donde denuncian una intervención de la administración educativa aragonesa que “cuestiona la profesionalidad del profesorado”. Recuerdan que, pese a que las programaciones fueron revisadas y aprobadas por inspección, a mitad de curso se impusieron cambios en los criterios de evaluación sin modificación normativa que los respaldara. Esta actuación, señalan, ha generado “confusión entre alumnado y familias”, además de “un clima interno marcado por el miedo a posibles represalias”.
La Junta también reclama una gestión más flexible en la matriculación fuera de plazo, especialmente en zonas con alta movilidad laboral. Como ejemplo, mencionan el caso de Fraga, donde ya se han registrado 61 solicitudes fuera de plazo en secundaria y se espera un incremento con la llegada de trabajadores agrícolas. Alertan de que la falta de recursos para alumnado que desconoce el idioma puede derivar en situaciones de exclusión educativa, en contradicción con los principios de la LOMLOE.
En paralelo, respaldan la denuncia de las familias del CEIP Pyrineos-Pyrénees, que critican la reducción de aulas sin comunicación previa, frente a la versión del Gobierno de Aragón, que defiende que la oferta se ajusta a la demanda prevista.
Más allá de estos casos concretos, la Junta pone sobre la mesa problemas estructurales que dependen de distintas direcciones generales del Departamento de Educación de la DGA, como el empeoramiento de las condiciones en los procesos selectivos, falta de personal docente y laboral, incremento de la carga burocrática, escasez de recursos para alumnado migrante, dificultades en la gestión administrativa, y reiteran su rechazo a la concertación (privatización) del bachillerato.
Ante este escenario, recuerdan que los sindicatos educativos de todo Aragón han convocado una huelga los días 19 y 20 de mayo, y explican que vendrá acompañada de diversas movilizaciones en el norte del país, incluyendo asambleas previas en centros educativos y una asamblea ‘general’ informativa el 13 de mayo.
Finalmente, la Junta concluye advirtiendo que la situación actual “no solo deteriora las condiciones laborales del profesorado”, sino que compromete “el derecho a una educación pública de calidad, inclusiva y en igualdad de condiciones para todo el alumnado”.
