El problema en el retraso del pago de las nóminas del profesorado interino no es nuevo. El sindicato CGT ha detectado desde hace tiempo que esta situación se viene produciendo a mayor o menor escala desde al menos agosto de 2021. Aparecían casos en los que el personal interino en un mes no cobraban en un mes. Sin embargo, desde aproximadamente el verano de 2022 esta problemática ha venido empeorando dándose casos con mayor asiduidad hasta diciembre.
En noviembre el sindicato empezó a recibir quejas de interinos e interinas que no habían cobrado dicho mes. La diferencia es que este año ha sido desde la primera nómina, en enero, cuando han detectado numerosos casos de impago de docentes nombrados en el primer llamamiento del año, 4 de enero e incorporados al centro el 9 de enero.
Esta temprana fecha, unida a que es el primer llamamiento del mes y la tardanza en la incorporación al Sistema de Gestión Académica y Didáctica (SIGAD) en el caso del personal de Secundaria, les lleva a confirmar que “ninguno de los docentes nombrados a lo largo del mes de enero ha cobrado la nómina de enero. Y si no se pone solución, esto no será un hecho aislado y amenaza con establecerse como norma para todo el año”.
Al impago de las nóminas de decenas de trabajadores y trabajadoras a tiempo, se suma el incidente con la nómina y paga extra de diciembre de todo el personal docente de Aragón. Aunque el consejero de Educación, Felipe Faci, lo excusó con un “error técnico”, “amenazó con su habitual prepotencia que aún tenía hasta el 5 de enero para pagar”, recuerda CGT. Sin embargo, el sindicato tiene claro “que el problema técnico está íntimamente ligado a la deficiente planificación presupuestaria del Departamento de Educación”.
Desde CGT entienden que es un problema de diseño y gestión presupuestaria. El Capítulo I del presupuesto del Departamento está infradotado. Según los datos públicos del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, en 2021 se presupuestaron 28 millones de euros menos de los finalmente necesarios; en 2020 fueron 38 millones, y en 2019 fueron casi 56. En el recién terminado 2022 estiman que han sido 36 millones de euros. Esta insuficiencia parece que se está trasladando a la gestión diaria. Por todo esto, el sindicato CGT exige la dimisión del consejero.
