De torturadores y medallas

Este jueves en el Congreso, por mayoría que no por unanimidad, se acordó instar al Gobierno a retirar las medallas y condecoraciones concedidas a quienes durante la dictadura franquista cometieron crímenes de lesa humanidad; a quienes vulneraron los derechos humanos; a quienes torturaron y asesinaron; a quienes demostraron, y así se reconoce internacionalmente, su incompatibilidad con la democracia y a quienes, con sadismo salvaje, integraron el aparato represor del franquismo. La noticia se ha personificado en el caso de Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, recientemente fallecido con todas sus medallas puestas y reconocidas. Pero conviene recordar …

Álvaro Sanz
Álvaro Sanz en una imagen de archivo. Foto: IU

Este jueves en el Congreso, por mayoría que no por unanimidad, se acordó instar al Gobierno a retirar las medallas y condecoraciones concedidas a quienes durante la dictadura franquista cometieron crímenes de lesa humanidad; a quienes vulneraron los derechos humanos; a quienes torturaron y asesinaron; a quienes demostraron, y así se reconoce internacionalmente, su incompatibilidad con la democracia y a quienes, con sadismo salvaje, integraron el aparato represor del franquismo.

La noticia se ha personificado en el caso de Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, recientemente fallecido con todas sus medallas puestas y reconocidas. Pero conviene recordar que hoy, a los 42 años de democracia, a los 42 años de nuestra Constitución, todavía hay 115 medallas, concedidas antes de 1979 a agentes y funcionarios de policía de la dictadura franquista. Estas medallas, además de un "reconocimiento" por los servicios prestados al franquismo, llevan aparejados complementos económicos que pagamos entre todos y todas puesto que van a cargo de los presupuestos del Estado.

Lamentablemente no hay, todavía, mecanismos legales para retirarlas. Esperemos que lo votado ayer en el Congreso habilite esos mecanismos legales, dotados de total seguridad jurídica, para poder retirar esos “reconocimientos” que son una burla a la democracia y una humillación para quienes fueron víctimas de la represión del franquismo.

La Proposición No de Ley aprobada, mandata al Gobierno revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de reconocimiento de personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del Golpe de Estado de 1936 y del franquismo.

Dice, además, que el Gobierno elaborará un inventario de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que representen la exaltación de la Guerra civil y de la Dictadura, para su supresión.

Así que, desde ayer, el Gobierno tiene un mandato del Congreso y puede dar el primer paso para acabar con la impunidad del franquismo empezando por eliminar ese atentado a la democracia que es mantener medallas, condecoraciones y títulos nobiliarios a torturadores y asesinos. Se conoce el Ducado de Franco, por ejemplo, pero la lista de ducados, condados, marquesados y baronías otorgados por la dictadura y reconocidos por la  monarquía es muy extensa.

Lo aprobado ayer en el Congreso no debe hacernos olvidar que, a pesar de nuestros 42 años de democracia, este país tiene que soportar la vergüenza de que la única causa penal contra el franquismo sea una iniciativa internacional, que se sigue en Argentina. Esa querella, interpuesta en Buenos Aires, pretende que se investiguen los crímenes de la dictadura franquista y se apoya en la legislación internacional de la ONU sobre Justicia Universal. Si, ese mecanismo de defensa de los Derechos Humanos que se cargó de un hachazo el PP en 2014. Y, aún así, esa querella argentina es, reiterada y sistemáticamente, bloqueada y torpedeada por la Fiscalía General del Estado.

Con todo, celebramos lo aprobado ayer en el Congreso. Lo importante de la resolución aprobada ayer, más allá de la notoriedad sobre Billy el Niño, es que condena la tortura y la represión del franquismo. Es un paso adelante, es indudable, pero ahora hay que darle forma. Lo aprobado ayer era una Proposición No de Ley, es decir, una forma de instar al Gobierno a que haga algo. Lo aprobado ayer no retira ninguna medalla. Ahora lo que hará el Gobierno es publicar en el BOE un Decreto que efectivamente las retire.

El Gobierno, así lo esperamos, puede empezar a devolver la Dignidad a las víctimas, y familiares, del franquismo. Puede empezar a recorrer el caminos de la Memoria, la Verdad, la Justicia y la Dignidad que saquen del olvido a tantas y tantas víctimas que defendieron la libertad y la democracia.

Lo sucedido ayer en el Congreso nos lleva a otra reflexión. A estas alturas de democracia, (reitero, 42 años ya) todavía hay quien vota en contra, se niega a condenar el franquismo y quiere mantener el boato y reconocimiento de torturadores y asesinos. Votaron en contra VOX, Navarra Suma, Foro por Asturias y Adolfo Suárez Illana del PP. Cuarenta y dos años de democracia no sirven para esta gente que se erige en defensora de las esencias franquistas. Pero tampoco sirven para que el PP de los Casado y Cayetana lo apoye. El PP se abstiene, se pone de perfil. Cuarenta y dos años de democracia y todavía, en el Congreso, en la sede de la soberanía popular, hay 57 votos en contra y 86 abstenciones a la hora de repudiar asesinos y torturadores y condenar la dictadura.

Este país sigue teniendo una deuda con quienes sufrieron a Billy el Niño y a todo el aparato represor del franquismo, la tiene con los miles y miles de personas asesinadas y abandonadas en fosas, barrancos y cunetas, la tiene con quienes sufrieron condenas de tribunales ilegales, la tiene con los/as bebés robados. La tiene, en definitiva, con la democracia.

Lo dicho, bien lo de ayer, pero lo celebraremos, de verdad, cuando veamos publicada en el BOE la orden que retira medallas, condecoraciones y títulos nobiliarios a sádicos torturadores y a franquistas declarados.

No puedo acabar este texto sin recordar que nuestra democracia tiene pendiente la condena del franquismo y por eso hay que adoptar medidas legislativas efectivas para acabar con la situación de impunidad mantenida hasta la fecha, hay que promover la investigación y enjuiciamiento de los crímenes que se cometieron durante la dictadura franquista. Para ello es necesaria la implicación del Estado en su conjunto, de todas las administraciones y de toda la ciudadanía.

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